Desde hace mucho tiempo en medios digitales independientes estamos acreditando con hechos concretos cómo los grandes empresarios del mercado de Vivienda y Urbanismo se han visto beneficiados con actos administrativos irregulares, con los cuales vulnerando las reglas del mercado, han acrecentado sus ganancias, asunto que no parece importarles a quienes hablan verbosamente de probidad y transparencia.
Como no se trata de ser retóricos, por lo tanto hablando de generalidades, a continuación damos cuenta de dos situaciones puntuales que conocemos muy bien y que, por ignorancia o por no incomodar a los empresarios favorecidos con decisiones impropias del sector público, los medios dominantes en papel no dan a conocer a sus lectores.La fuerte protesta social en contra de los abusos y en contra de la corrupción es indicativa de que las cosas en el aparato público deben cambiar
Pues bien, el jefe de la División Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Rubén Verdugo, a través de un reciente oficio enviado al titular del proyecto inmobiliario Chaguay, ejecutándose en un área de preservación ecológica de la comuna de Lo Barnechea, zona que cuenta con una protección del Estado, le expresó que podía continuar ejecutando sus obras civiles, por lo tanto devastando el bosque nativo existente en ese frágil territorio.
Recordemos que en este caso el avezado inversionista contrató al lobbysta Pablo Longueira para que ablandara a la administración y como ésta no cumplía con su deber, la fundación Defendamos la Ciudad se vio en la obligación de suministrar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a que el daño ambiental ya ocasionado no podía quedar impune.
No solo la SMA es ayudista de aquellos que se sienten privilegiados y por ello en esta oportunidad denunciamos al Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago, entre los años 2014 y 2018, Aldo Ramaciotti, funcionario público que permitió una nueva vulneración de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
La Contraloría General de la República ha señalado hasta el cansancio que el artículo 2.1.17 de la OGUC, utilizado por el ex seremi Ramaciotti, no permite desafectar áreas de riesgo sino que solo posibilita, previa implementación de obras de ingeniería o de otras índoles suficientes para subsanar o mitigar los riegos, la construcción de las edificaciones correspondientes a las actividades permitidas expresamente por el respectivo instrumento de planificación territorial. En este caso, según el artículo 8.2.1.4 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) solamente es posible construir equipamiento de áreas verdes, algo muy distinto a un centro de distribución.
Desde esta tribuna le informamos a ese ex Seremi que para posibilitar la construcción del proyecto en comento, previamente se debió modificar (reducir) esa área de riesgo de inundación recurrente y permitir actividades de impacto similar al industrial en ese sector, ello a través de un cambio del PRMS, sancionado por todas las instancias que corresponde, pero como esa tramitación toma mucho trabajo técnico y tiempo, se optó por el camino fácil del ardid, creyéndose que nade se iba a percatar de ello.
En el año 2013 cuando el Seremi de entonces, Juan Andrés Muñoz, intentó aprobar un cambio del PRMS que pretendía permitir Desarrollos Industriales y Empresariales Condicionados (DIEC) en áreas rurales de Interés Silvoagropecuario Mixto de la Region Metropolitana de Santiago, esa modificación ni siquiera pasó la etapa de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) porque el deficiente informe presentado por esa función pública no contenía los antecedentes técnicos suficientes que justificaran ambientalmente el uso de terrenos rurales para actividades industriales. El lector interesado, al estar en conocimiento de estas equivocaciones voluntarias, puede sacar sus propias conclusiones.
Aprovechando el desliz en comento, la empresa Hipermercados Tottus de Falabella presentó hace unas semanas el Estudio de Impacto Ambiental de su centro de distribución en Pudahuel y esperamos, conforme a derecho, que en esa instancia sectorial el actual Seremi de Vivienda y Urbanismo, Manuel José Errázuriz, rectifique el sensible error cometido por su antecesor, informando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que ese proyecto no cumple con el PRMS y, por lo tanto, no debe continuar su tramitación ambiental.
La fuerte protesta social en contra de los abusos y en contra de la corrupción es indicativa de que las cosas en el aparato público deben cambiar, lo que no ha sucedido hasta ahora y por ello, si queremos que exista normalidad, quienes deben dar el ejemplo en probidad y transparencia en sus quehaceres diarios son las autoridades de los diferentes servicios y ministerios.
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