La lucha por el derecho a la ciudad en Chile lentamente comienza a aparecer en la agenda pública con el paro de los recolectores de basura, transporte público, acceso a la vivienda, ocupación de espacios comunes o incluso mediante la tenencia responsable de mascotas. Es de esperar que las autoridades asuman pronto el desafío de facilitar la producción de ciudades democráticas, antes que lleguemos a instancias extremas, como las ocurridas en el Gezi Park de Estambul.
«Este es un llamado a des-sublimar y descolonizar lo político o, mas bien, a re-conquistar lo político desde lo social, en otras palabras, una re-invención del gesto propiamente político a partir de la clara des-politización afectada por lo post-político y post-democrático». Eric Swyngedouw, 2011
Las ciudades son el campo donde tienen lugar las luchas propias de una sociedad democrática sana. En las calles y parques se desarrolla la tensión entre la autoridad y la ciudadanía, lo que ha sido claramente expresado en los eventos ocurridos en Egipto, Brasil, Chile y Turquía, por mencionar solo algunos. La reconquista de la que habla Swyngedouw es parte de la lógica de ocupación del espacio publico en ciudades contemporáneas, y la impugnación hacia las decisiones de la autoridad en estos lugares, les otorga un sentido y construye un relato de la relación entre representante y representado.
En una ciudad neoliberal, la ciudadanía tiende a defender y defenderse en el espacio publico, es el hábitat natural de la sociedad civil y la depredación del entorno por parte del mercado, desencadena reacciones colectivas en defensa de lo público.
Lo que ha ocurrido en el Gezi Park de Estambul, es una clara señal de esta idea, donde los ciudadanos se levantan para defender su espacio mediante procesos de impugnación hacia la autoridad. La que le ha facilitado al mercado la depredación de estas áreas públicas. Este caso en particular expone la falta de métodos democráticos para gestionar el suelo urbano; a la vez que deja manifiesto el poder colectivo de la ciudadanía cuando se siente pasada a llevar en alguno de sus derechos fundamentales, como lo es el derecho a la ciudad.
La ciudad es una enorme fuente de recursos, los cuales deberían ser administrados de manera equitativa por la autoridad de turno, con el motivo de posibilitar el libre acceso a las oportunidades que ésta ofrece. Sin embargo cuando quien está a cargo de administrar la ciudad solo considera factores mercantiles para decidir, la sociedad civil queda condenada a disfrutar de los residuos que deja el proceso de desarrollo urbano. Cuando esto ocurre, es sano que la ciudadanía reaccione y exprese enérgicamente su malestar, con el fin de equilibrar la balanza de las oportunidades.
La producción de una ciudad democrática se debería basar en acuerdos y desacuerdos, en consensos y disensos. Ante la falta de instrumentos de desarrollo urbano que faciliten una participación equilibrada de actores sociales, económicos y políticos en los procesos de producción espacial, la impugnación pública estará siempre presente para suplir estas carencias. En Chile, donde llevamos años inmersos en un proceso de democratización, cabe preguntarse que tan balanceado ha sido el procesos de producción urbana desde 1990 hasta la fecha y que tan democráticas son nuestras ciudades. La lucha por el derecho a la ciudad en Chile lentamente comienza a aparecer en la agenda pública con el paro de los recolectores de basura, transporte público, acceso a la vivienda, ocupación de espacios comunes o incluso mediante la tenencia responsable de mascotas. Es de esperar que las autoridades asuman pronto el desafío de facilitar la producción de ciudades democráticas, antes que lleguemos a instancias extremas, como las ocurridas en el Gezi Park de Estambul.
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