El 7 de septiembre pasado publicamos en este medio la columna de opinión «La alcaldesa Matthei, aunque no quiera, debe exigir el cumplimiento de la ley», dando cuenta de las ilegalidades que detectamos en el permiso de edificación Nº 35/19 de fecha 9 de octubre de 2019, cursado alegremente por el arquitecto Sergio Ventura, Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia, a la Inmobiliaria Mirador del Cerro SpA , de propiedad de los inversionistas Diego Biderman y Jorge Breitling, dueños del hotel Sheraton y de otros tantos hoteles.
El funcionario municipal que otorgó ese acto administrativo contrario a derecho es subordinado de la alcaldesa Matthei, ahora candidata presidencial, razón por la cual el 31 de agosto de 2020, a ambos les dimos a conocer detalladamente las violaciones a la normativa sectorial contenidas en ese permiso, instándolos a que se iniciara el procedimiento de invalidación del mismo, conforme a lo estipulado en la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, documento que se transcribió textualmente en la reseñada columna.Habría sido deseable que la alcaldesa Matthei hubiera tomado cartas en el asunto, pero como optó por desentenderse de la situación, tendrá que ser la Contraloría la que «ordene la casa»
El intento del funcionario municipal era liberar a los inversionistas de sus obligaciones ambientales y de obras de mitigación por los efectos de los nuevos flujos de vehículos motorizados correspondientes a las 2 nuevas torres habitaciones de 32 pisos cada una en el mismo terreno en donde se localizan otros 2 edificios del mencionado hotel.
Para concebir el beneficio del agente público al actor privado se urdió la ingeniosa fórmula de establecer que el permiso antes mencionado era una «obra nueva» en circunstancias de que se trataba de una «ampliación» de proyecto, diferencia que posiblemente Matthei no percibía en su integridad.
Para que se resolviera a tiempo la situación, el 06/09/20 le enviamos una nota a la arquitecta María José Castillo, Asesora Urbana de Providencia, con el objetivo de que ella le explicara a su jefa directa, Evelyn Matthei, en qué consisten las malas prácticas de su colega Ventura. Para que dispusiera de absolutamente toda la documentación necesaria, le dimos a conocer los 2 permisos anteriores y el actual mal cursado. La mencionada funcionaria municipal, con fecha 10/09/20, nos respondió que más adelante el municipio nos iba a contestar oficialmente.
Asimismo, el 05/09/20, revisamos esta materia con el arquitecto Yuri Rodríguez, presidente de la Asociación Gremial de los Directores de Obras Municipales de Chile, ello para que esa persona jurídica de profesionales municipales, le señalara al DOM de Providencia, en qué consistía el «error» cometido. Nuestro interlocutor nos contestó que su colega Sergio Ventura no está afiliado a esa comunidad de arquitectos, al igual que su hermano Julio, DOM de Viña del Mar, respuesta significativa que invita a sacar interesantes conclusiones.
El 07/09/20 nos dirigimos ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entregándole toda la documentación de rigor, debido a que este servicio público está analizando si es pertinente que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto de la aludida inmobiliaria, pues este organismo ambiental todavía no decide si el proyecto de marras sea sometido o no a la correspondiente evaluación.
Estamos muy sorprendidos, dado el tiempo transcurrido y debido a que el autárquico Sergio Ventura no ha cumplido con su deber legal de invalidar el permiso, que la alcaldesa Matthei, tratándose de una persona muy exigente en política, como ella misma lo ha sostenido en la prensa, no haya ejercido todavía su rol legal jerárquico ante su subordinado. No podríamos creer que ella está intentando avalar una ilegalidad de esta tamaña proporción.
Por lo anterior y como no aceptamos los hechos ilegales consumados, el reciente 10 de septiembre se entregaron los antecedentes en la Contraloría General de la República para que este órgano fiscalizador exija el cumplimento de la ley y por lo tanto, más adelante, la Inmobiliaria que deseaba sacar ventajas, obtenga un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por todos los flujos viales y con éste en la mano, le solicite al DOM un permiso de ampliación de proyecto, cuyas faenas de construcción podrá iniciar tan pronto logre conseguir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable por parte de la institucionalidad competente.
En este episodio constatamos, además, que se pasaron por alto las disposiciones de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, entre otras cosas, señalan que los funcionarios públicos están afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado, debiendo obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico y por ello se justifica el título de esta columna.
Finalmente, habría sido deseable que la alcaldesa Matthei hubiera tomado cartas en el asunto, pero como optó por desentenderse de la situación, tendrá que ser la Contraloría la que «ordene la casa»
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