Desde las organizaciones del pueblo (como lo es la junta vecinal) y en conjunción con el sector público, con el gobierno local y con los actores sociales y políticos relevantes- los que nos representan como trabajadores- tengamos el pleno derecho a participar en las decisiones que hacen a la gobernabilidad.
El problema es siempre el mismo: el neoliberalismo que nos impuso la dictadura cívico-militar y que luego consolidara la Concertación con su estrategia de la «democracia» en la medida de lo posible. Lo planteo de esta forma porque a pesar de que el régimen nos reafirma la idea del automatismo de los mercados, al final esta política deriva no solo en el libertinaje de los mismos sino en que además éste sí regula. De hecho, el sector público todo el tiempo interviene en la economía y en la planificación del país, pero lo hace siempre en favor de los intereses de la patronal.
Es decir, cuando se trata de las demandas del pueblo reivindican el «dejar hacer», la «libertad» e inclusive la desregulación, sin embargo, cuando se busca la defensa de la acumulación privada del capital se muestran de lo más solícitos, de hecho intervienen en el ámbito que fuera, para que la patronal siga gozando de las prebendas que derivan de una sociedad capitalista de producción.
Hay planificación urbana pero está totalmente mercantilizada, porque la tierra – el suelo- es un factor y un medio de producción y de especulación fenomenal para sus propietarios. La solución también es siempre la misma: se trata de la democratización del barrio, de las poblaciones, de las ciudades, de nuestras regiones y de Chile.
En este aspecto, es necesario que desde las organizaciones del pueblo (como lo es la junta vecinal) y en conjunción con el sector público, con el gobierno local y con los actores sociales y políticos relevantes- los que nos representan como trabajadores- tengamos el pleno derecho a participar en las decisiones que hacen a la gobernabilidad; también que podamos definir colectivamente el barrio y esa ciudad que queremos, incluso llegando a transformar en nuestro propio beneficio las estructuras políticas más centralizadas, a las intendencias y a la administración nacional me refiero.
La tarea es dar un paso más allá, uno realmente definitivo en relación a la democratización de Chile. Hay que empezar por el gobierno de nuestras ciudades de manera que éstas se conviertan en lugares más agradables para trabajar, educarse y vivir porque finalmente de eso se trata: de una mejora real de nuestra calidad de vida.
En este sentido las instituciones deben estar a la altura de esos nuevos desafíos. En otras palabras, debemos transformar las viejas municipalidades (que apenas se ocupan del ornato o de la recolección de la basura, lo que en todo caso no deja de ser importante) en gobiernos locales, en instancias políticas que aprueben “leyes” y no solo “edictos”.
El cambio es una prioridad porque este tipo de gobiernos lo que buscan es la participación y el compromiso de los vecinos en las decisiones que hacen a la fisonomía y al tipo de ciudad en la que queremos habitar; son quienes nos desafían a planificar nuestros espacios urbanos en igualdad de condiciones siendo también el primer ámbito político y social desde el cual practicaremos la democracia.
Esto último es importante porque un trabajador acostumbrado a ser dirigido y mantenido quieto, como un consumidor patológico antes que como un ciudadano con conciencia de sus derechos, difícilmente esté a la altura de las circunstancias si nunca practicó la democracia desde la base, a partir del sindicato y de esas poblaciones que siempre son el germen del que surge el poder popular.
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