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Equidad urbana y estatuto participativo

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Brasil, un país lleno de contrastes y con profundas desigualdades sociales, realizó una reforma constitucional el año 2001 que implicó la dictación de un Estatuto de las Ciudades, delimitando las directrices generales y los instrumentos de gestión tendientes a garantizar estándares mínimos para los habitantes de sus urbes. Asimismo, el año 2003, se creó un Ministerio de las Ciudades, secretaría ministerial encargada de llevar a cabo las políticas públicas relativas a la vivienda, el saneamiento de suelos y el transporte.


…la planificación y la gestión urbana vuelven a ser conceptos ineludibles a la luz del fracaso del modelo neoliberal en la distribución del suelo.

Sin ánimo de promover un modelo institucional específico, el cual dependerá de la realidad de cada país, sabemos que en Chile tenemos una serie de deficiencias de corte político-institucional, social y económico, que han replicado en las urbes las grandes desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad. Parte del problema radica en la falta de coordinación de los órganos administrativos que indicen en el desarrollo de las ciudades y en la inexistencia de instrumentos de gestión efectivos que promuevan la integración social.

Por ello, y como parte de los anuncios realizados por la Presidenta Bachelet en su última alocución del 21 de mayo, se encomendó al Concejo Nacional de Desarrollo Urbano, la elaboración de una política de suelo, en sintonía con la recientemente aprobada Política Nacional de Desarrollo Urbano.

De este modo, la discusión sobre la gestión del suelo urbano -entendiendo a éste como un bien escaso- resulta fundamental a efectos de entender que el mercado por sí solo no es capaz de manejar adecuadamente las distintas variables involucradas en su distribución, y que, si se quiere promover mayor integración social, resulta necesaria la existencia de instrumentos que garanticen dicho fin.

Así, y en concordancia con lo planteado en el Programa de Gobierno, el país necesita garantizar estándares mínimos de equidad urbana, permitiendo que todos los sectores de la población puedan acceder a los bienes públicos urbanos.

Por este motivo, experiencias pasadas de renovación urbana como las realizadas por las Corporaciones Habitacionales en los años 60, son perfectamente aplicables al día de hoy, donde, con las respectivas actualizaciones a los tiempos que vivimos, la planificación y la gestión urbana vuelven a ser conceptos ineludibles a la luz del fracaso del modelo neoliberal en la distribución del suelo.

Lo anterior nos lleva a repensar las herramientas y los modelos con los que actualmente contamos, tales como los subsidios habitacionales a la demanda, el excesivo centralismo en la toma de decisiones en materia de obras públicas, los instrumentos de planificación territorial actuales y la inexistencia de requisitos mínimos para el desarrollo urbano por extensión, entre muchos otros temas que están en la agenda.

En concreto, mucho queda por discutir en materia de ciudades, lo que no sólo implica un análisis de orden técnico, sino que requiere necesariamente de un diagnóstico construido con la participación de quienes son destinatarios de la acción pública, es decir, todos los habitantes de las ciudades.

En efecto, contar con garantías mínimas de equidad urbana requiere ineludiblemente que los actores políticos escuchen a las comunidades locales y den cuenta de los diversos problemas que los aquejan, tales como la inseguridad en sus barrios, los tiempos que diariamente utilizan para transportarse, la falta de espacios públicos para el deporte y el esparcimiento. Así, la acción en la ciudad sólo será efectiva si tiene en consideración la priorización que los mismos ciudadanos hagan respecto de sus necesidades más concretas.

TAGS: Ciudades Planificación Urbana

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