El filántropo norteamericano Daniel Guggenheim donó hace 90 años al Estado de Chile, con un restrictivo modo específico, el dinero necesario para que la administración de entonces adquiriera el terreno en donde operó el aeropuerto Los Cerrillos. Dicha base aérea contemplaba un cono de protección adyacente a la pista de despegue-aterrizaje, amplio terreno que tenía fuertes limitaciones para llevar a cabo proyectos inmobiliarios en altura, considerando también restricciones en la intensidad del uso del suelo. El donante estableció que su plata tenía como único objetivo entregar a la aviación civil un espacio para que se desenvolviera en sus propias actividades.
Muchos de los propietarios de lotes en ese amplio terreno de protección presionaron a los decisorios políticos para que se clausurara el aeródromo y, por lo tanto, se eliminara el aludido cono de resguardo, lo que sucedió tiempo atrás para beneplácito de los privados interesados. De esta manera, las 245 hectáreas de dicho aeródromo se transformaron en un territorio apto para llevar a cabo negocios inmobiliarios, vulnerándose entonces el deseo del filántropo. La Federación Aérea de Chile en salvaguardia de la letra y espíritu de la donación modal de Guggenheim recurrió a la Justicia, la que, a nivel Corte Suprema, falló a favor del contenido de ese obsequio condicionado. Como vemos, el Gobierno impúdicamente sobrepasó la aludida donación modal.
«Como este tipo de pillerías no se producen solo en Santiago, damos cuenta a continuación de otra situación similar acaecida en el sur.»
En la misma época, el Club Deportivo de la Universidad Católica, dueño del Estadio Santa Rosa de Las Condes, por donación modal de parte del Estado en el año 1970 a la Pontificia Universidad Católica, irrespetó esa exigencia contenida en una escritura pública y vendió en 35 millones de dólares ese predio de 5 hectáreas tipificado como área verde, localizado en la ribera sur del río Mapocho, a un actor inmobiliario que ya levantó allí 3 torres de oficinas, a pesar de que la Contraloría, en un contundente dictamen, objetó esa operación mercantil.
Como este tipo de pillerías no se producen solo en Santiago, damos cuenta a continuación de otra situación similar acaecida en el sur.
En el año 1929 la familia Schleyer, a través de una escritura pública debidamente inscripta en el Conservador de Bienes Raíces, le donó a la Municipalidad de Chillán un predio de 9 hectáreas rurales, con sus derechos de aprovechamiento de aguas, con la obligación modal de que en el plazo perentorio de 2 años se iniciaran las obras preliminares de un parque público, es decir, estamos hablando de un área verde de esparcimiento para los ciudadanos. Para dejar de manifiesto cómo se iba a administrar este futuro espacio comunitario, se estableció que sería una comisión conformada por 3 miembros de la familia donante y otros tantos de la municipalidad, los que iban a tener la responsabilidad de ejecutar en su integridad la obra.
Dicha escritura mandaba lo siguiente: “si en el término de 2 años, a contar de su fecha, la municipalidad no ejecutare el plano del parque y trazare las líneas en el terreno e hiciere las plantaciones correspondientes, quedará de hecho sin ningún valor ni efecto la donación”. Pero sucedió lo que desde muchos años estamos denunciando en orden a que el municipio discrecionalmente se adueñó del terreno para llevar a cabo ciertos proyectos ajenos al objetivo mencionado en la escritura.
A modo de ejemplo, se construyó el estadio municipal de fútbol Nelson Oyarzún, el municipio le regaló a la Sociedad Fiestas del Caballo Chileno un paño de casi 2 hectáreas para construir una medialuna y, aunque el lector no lo crea, ahora su actual dueño, la cofradía de huasos, pretende venderlo para obtener la consiguiente plusvalía patrimonial -se comenta que la propia municipalidad está interesada en comprarlo o bien negociar un trueque por un terreno localizado en el camino a Coihueco, en las inmediaciones del aeródromo-.
En el parque se construyeron varias viviendas de alta gama para familias acomodadas de la ciudad, suponiendo que los sitios en donde se emplazaron fueron vendidos por el municipio, como también existen unas cuantas poblaciones, algunas de funcionarios municipales; para facilitar el uso del automóvil de sus moradores se autorizó la instalación allí de una bomba de bencina.
Está claro que en la actualidad ese terreno de la familia Schleyer está en el sector urbano de la ciudad, por lo tanto su avalúo comercial es muy distinto al que tenía hace 70 años y el rangoso municipio no encontró nada mejor que cederle unos lotes a la ONG Luces del Futuro, presidida por María Eugenia Martín, cuyo dilecto esposo es el concejal Jorge Vaccaro.
También el municipio le concedió otro lote a la Corporación Arte y Cultura mientras allí mandaba como directora Berta Dueñas. La construcción del inmueble de esa persona jurídica sin fines de lucro corrió por cuenta del gobierno regional, presidido ejemplarmente por el consejero Gustavo Sanhueza, hijo regalón de la mencionada directora. Como se comprenderá, estos predios obsequiados a terceros se materializan a través de los conocidos comodatos a infinidad de años, siendo los beneficiados aquellos particulares relacionados con el poder.
Después, y como el alcalde Sergio Zarzar está muy comprometido con las organizaciones sociales de las fuerzas vivas de la ciudad, durante el año 2013 anunció con bombos y platillos que en un determinado sector del parque Schleyer se iba a construir un centro de salud, el cual se inauguró hace poco y está cumpliendo a cabalidad su cometido social.
En todo caso, y como hemos constatado, ese terreno de 9 hectáreas se ha ido reduciendo paulatinamente a través del tiempo, pues no solamente existen las cesiones indicadas sino otras tantas que no es del caso mencionar, pero sí tenemos la obligación de aludir a una denominada “Transferencia de Recursos” entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la Municipalidad de Chillán para que el primero construya 5 torres habitacionales en altura en el terreno del parque, modificando el dominio legal del edificio consistorial y del Teatro Municipal, ello a la luz de la crónica publicada el 13 de mayo de 2017 en el diario La Discusión de Chillán.
¿Qué dice ese reportaje?
“… en virtud de lo descrito, y de las sucesivas transferencias, el Serviu adquirió en el año 1980, mediante escritura pública de permuta, que le hizo la municipalidad de Chillán, en la suma de $ 14.408.415, el inmueble en donde ahora pretende construir las torres. La entidad edilicia obtuvo de este comodato la potestad del edificio municipal, incluido el teatro municipal, que hasta el año 1980 era del Serviu. Zarzar manifestó sobre esto que si bien era necesario tener el control del edificio municipal, jamás yo habría autorizado la permuta de terrenos del parque, pues en ese tiempo la ciudad tenía muchos otros terrenos para transferir al Serviu. Fue por tanto una falta de visión de ciudad que pagamos caro”.
De ello se desprende que el alcalde Zarzar hace un mea culpa respecto a las actuaciones pasadas de él y de sus antecesores, lo que nos permite afirmar que el emprendimiento del Serviu ya debería estar abortado, a pesar de que cuenta con el terreno asignado para sus elevadas torres. Si nos pusiéramos serios este pequeño remanente del parque debiera ser habilitado próximamente como tal, con todas las especies vegetales disponibles en la región, para así respetar la memoria histórica de su egregio donante.
Suponemos que la opinión pública chillaneja comprenderá que las obligaciones modales escrituradas se deben respetar y si en este caso ello no ha sucedido, es porque sus autoridades locales no han tenido la fuerza necesaria para ceñirse a la ley y estamos seguros que Zarzar, aunque a destiempo, ahora atinará y el Serviu podrá edificar su torres en otro lugar, comprometiéndose este columnista a visitar la ciudad en el día de la inauguración del pulmón verde y comerse allí unas exquisitas longanizas.
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