El 8 de mayo de 2019 publicamos la columna «Inmuebles fiscales asignados a las Fuerzas Armadas» y la semana pasada el canal de televisión Meganoticias Reportajes se refirió al mismo asunto entregado una completa y confirmada información con título “Ejército ganó millones de dólares por arriendo de propiedades fiscales”, las que se observan en un oficio emitido por el Ministerio de Defensa a la Cámara de Diputados, en el que se detalla una larga lista de propiedades bajo la categoría de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), administradas por el Comando de Bienestar del Ejército, que han sido vendidas o arrendadas y cuyas ganancias, según los denunciantes, uno de los cuales es este columnista, no van al Fisco, sino a las cuentas institucionales.
Recordemos que el 30 de abril del año en curso, le dirigimos una nota a Alberto Espina, ministro de Defensa Nacional, entregándole a su destinatario el dictamen Nº 23752 del 09/07/98 firmado por Arturo Aylwin, entonces Contralor General de la República y otros documentos referidos a la donación de un amplio terreno fiscal situado en la esquina nor oriente de la Av. Américo Vespucio Norte con Presidente Riesco, comuna de Las Condes, que le hizo al Ejército en el año 1971 la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), servicio público dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Allí se construyó la Villa Militar del Este, bajo la conducción del arquitecto Miguel Lawner, en aquella época presidente de la Cormu.Sería necesario que algún vocero del Ejército aclarara si la transacción se hizo con trato directo con la inmobiliaria o si existió una licitación pública.
En dicho dictamen la Contraloría rayó la cancha al expresar que “en consecuencia, la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, contenida en el artículo transitorio del DFL Nº 1, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida, por lo que se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen”. De su lectura se infiere que a partir de julio del año 1998 el Ejército no podía realizar ventas de sus predios fiscales al sector privado, ello por cuanto dichos inmuebles se los había donado el Estado para sus propias necesidades militares.
A pesar de que el aludido dictamen de la Contraloría hasta ahora no ha tenido imperio, en esta ocasión describiremos, en pocas palabras, otra situación asaz irregular desconocida por la opinión pública.
En efecto, a continuación aludimos a un hecho consolidado que debe ser aclarado por la Municipalidad de Las Condes y por el propio Ejército. Revisando documentos oficiales, se lee que en el Área E-e1, Edificación Especial Nº 1 del Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes del año 1995, instrumento normativo local aprobado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, se enumeran todos los Equipamientos Intercomunales y Comunales, los que están constituidos por los terrenos y edificios destinados a complementar las funciones urbanas básicas, según está establecido en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994. Sus normas de edificación son bastante restrictivas y a modo de ejemplo la altura máxima admitida son 5 pisos, con coeficientes de constructibilidad de 0.8 y de ocupación de suelo de 0.6.
Dentro de los Equipamientos Comunales se registraban 27 inmuebles, muchos de los cuales con el propósito de generar buenos negocios privados hoy en día tienen destinos más “productivos”. Los Equipamientos Intercomunales en aquella época eran 6 y uno de ellos era la Escuela Militar del Libertador Bernardo O´Higgins, en adelante la Escuela Militar, localizado en un amplio terreno de aproximadamente 330.000 m2 que enfrenta las avenidas Américo Vespucio Norte, Presidente Riesco, Los Militares y Alonso de Córdova.
En ese terreno fiscal existen, entre otras, canchas de equitación, de fútbol, de tiro al blanco, diversos edificios en donde se encuentran las oficinas de los mandos superiores, medios e inferiores, los establecimientos educacionales de los futuros oficiales, el casino de oficiales y el de cadetes, diversas salas de esparcimiento e infinidad de estacionamientos para todo tipo de vehículos, tanto civiles como militares.
La Escuela Militar, cuyo actual acceso es por la avenida Presidente Riesco 4601, fue proyectada por el connotado arquitecto Juan Martínez, el mismo que proyectó la Escuela de Derecho de la UCH y su construcción terminó a fines de la década del 50 del siglo pasado. El terreno en donde se emplaza, ex fundo San Luis, le fue asignado, mejor dicho donado gratuitamente, al Ejército por el Estado, pero lo curioso, por no decir una palabra más dura, es que en una franja de unos 250 metros de largo por un ancho de unos 40 metros de su terreno fiscal que enfrenta por el norte la avenida Presidente Riesco, se erigen esbeltos unos cuantos edificios habitacionales de 20 pisos de altura, vendidos a sus moradores por una inmobiliaria amiga del Ejército.
Entendemos que esta fue otra operación mercantil que muy pocos conocen, cuyo producto en varios millones de dólares que tampoco se conoce, ingresó raudamente en las arcas del Comando de Bienestar del Ejército, pero lo que sí debe aclarar el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, es qué motivación tuvo su municipio para asignarle tan privilegiadas normas de edificación a esa franja de terreno hoy privado, que ya no le pertenece a la Escuela Militar por una decisión comercial adoptada tiempo atrás por el alto mando del Ejército. Asimismo sería necesario que algún vocero del Ejército aclarara si la transacción se hizo con trato directo con la inmobiliaria o si existió una licitación pública.
Finalmente, a la luz del reciente reportaje del canal Megavisión, constatamos que nadie en la estructura del Estado ha ejercido sus facultades legales para terminar con las actividades inmobiliarias del Ejército y ante esta situación demostrativa del desorden imperante, la pregunta que cabe es ¿La Armada, la FACH y Carabineros también incursionan en este tipo de atractivos negocios impropios? Este columnista no lo sabe y quien debiera responder ante la próxima citación que le curse la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados es el ministro Alberto Espina.
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