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El caso Prats y el indulto Bicentenario

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Tres consideraciones, al menos, nos debiera provocar como sociedad el fallo del Caso Prats que confirma, después de treinta y seis años de angustiosa y dramática espera, que fue el mismo ejército, desde sus más altas autoridades, el que habría planeado y ejecutado el doble asesinato del General y su Esposa, en Buenos Aires en 1974.

 

La primera es la constatación por el máximo tribunal de la existencia, ya como hecho cierto, de una asociación ilícita terrorista al interior del ejercito y por tanto, del gobierno de la época, que se dedicó a exterminar política y físicamente a quienes pensaban distinto dentro y fuera del territorio nacional, sin importar si éstos ejercieran o no la legítima resistencia a las dictaduras militares, a los gobiernos de facto y a las ocupaciones extranjeras, consagrada en la declaración Universal de los derechos Humanos. Lo anterior no es menor, pues confirma, además, lo que todo Chile sabía, pero que unos pocos se empecinaron en negar: que Pinochet estaba al tanto y era quién comandaba dicha organización y tomaba las decisiones acerca de a quién se hacía desaparecer y a quién no.

 

La segunda consideración se refiere al debate que se ha abierto en torno a este fallo, entre algunos uniformados que han tratado a otros de traidores, por romper un pacto de silencio que habría existido hasta el momento en que los primeros condenados comenzaron a percibir el abandono de la “Familia Militar”. Esto ha quedado en triste evidencia por el hecho que, si bien todos forman parte de ella, los que desarrollan un pensamiento distinto al pensamiento único impuesto desde la cúpula, resultan ser menos familia que los otros y se exponen a ser asesinados por sus mismos parientes, como suele suceder en las familias de la mafia.

 

Ahora bien, este pacto que al parecer aun existe, permite pensar que dentro de la familia militar, existe aún cuantiosa información que permitiría aclarar, o al menos acelerar, numerosos procesos pendientes en Chile por violaciones a los derechos Humanos y abrir otros que se mantienen en la impunidad debido a la falta de información y mientras el mismo no se rompa y de paso a la entrega plena de ella, las responsabilidades seguirán siendo institucionales, además de personales.

 

Por último, la certeza acerca de la existencia de este tipo de información, protegida por lo que quede del pacto mencionado y que finalmente compromete a toda una institución, hace delicado, peligroso y tremendamente inoportuno cualquier posibilidad de favorecer con indultos a quienes aun parecieran estar optando por obstruir a la justicia y seguir ocultando valiosa información que permitirían a Chile reencontrarse con la verdad y, al menos, con una parte de la justicia.

 

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