Diputados informales

En nuestra condición de conocedores del ámbito de la construcción y de las habilidosas fórmulas empleadas por algunos particulares para sacar ventajas comerciales, en 2 ocasiones seguidas le solicitamos al diputado Carlos Abel Jarpa, presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, que ese cuerpo colegiado de 13 integrantes recibiera a los profesionales de la V Región de Valparaíso de la Fundación Defendamos la Ciudad, con el propósito de explicarles cómo opera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) respecto de los cálculos de los conos de sombra, rasantes, distanciamientos, volúmenes teóricos, antejardines y otros ítems en los proyectos de edificación en altura, a la luz de las fiscalizaciones ejercidas por ellos en la Municipalidad de Viña del Mar.

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Algunos tantos diputados se opusieron a que asistiéramos porque, en el terreno de las conjeturas, consideraban que nuestros dichos podrían ser contraproducentes con sus posiciones doctrinarias o por razones simplemente políticas, a pesar de que en este tipo de asuntos lo único que prima es el respeto a la ley.

Dicho diputado nos invitó a que expusiéramos en esa Comisión el miércoles 25 de enero recién pasado y para tal propósito, con un descriptivo power point gráfico, nos hicimos presente ahí 4 personas (2 abogados, un arquitecto y quien suscribe), ya que era necesario compartir opiniones técnicas con sus miembros a la luz de ciertas rebuscadas “interpretaciones” de esa OGUC, ardides mediante los cuales se privilegiaban los intereses comerciales de algunos actores del mercado.

Existían “errores involuntarios”, usando la terminología chilena en boga, para que esos titulares de proyectos pudieran construir sus edificios con mayores volúmenes y alturas, por lo tanto disponiendo de más metros cuadrados útiles y por ende aumentando ilegalmente la oferta de inmuebles a vender, trampa que como se comprenderá originaba una burbuja inmobiliaria.

Como vemos, en esa municipalidad se daba pábulo a la existencia de una competencia desleal, lacra que distorsiona abiertamente los necesarios equilibrios de oferta y demanda en el mercado de la construcción, razón más que suficiente para que esos diputados expertos en la materia ejercieran sus atribuciones ante el Minvu y ante quien sea, para terminar con esa impudicia tolerada hasta hoy por la Administración del Estado.

¿Pero qué pasó en tan autodenominada “honorable” Comisión ?

El diputado Jarpa no ejerció su rol de presidente, suponemos que por algún motivo de fuerza mayor y por ello fue subrogado por su colega René Manuel García y cuando con anterioridad se tomó la decisión de invitarnos, algunos tantos diputados se opusieron a que asistiéramos porque, en el terreno de las conjeturas, consideraban que nuestros dichos podrían ser contraproducentes con sus posiciones doctrinarias o por razones simplemente políticas, a pesar de que en este tipo de asuntos lo único que prima es el respeto a la ley. Como los distinguidos opositores a nuestra presencia en tal augusta Comisión eran menos que los que querían escucharnos, se produjo la invitación y por ello acudimos a la Comisión.

A las 3 PM la Comisión ahora presidida por el diputado Joaquín Tuma, escuchó al Superintendente de Servicios Sanitarios y enseguida nos tocaba a nosotros, pero por una inverosímil decisión del presidente en ejercicio y del abogado secretario administrativo de la misma, no fuimos recibidos, sin explicación alguna, demostrándose entonces un evidente desaire a nuestra presencia de corte netamente ciudadano. Supimos que no estábamos considerados para exponer gracias al diputado Rodrigo González, quien salió de la sala para decírnoslo, diputado de la zona que no forma parte de esa Comisión, pero que estaba allí por solicitud nuestra en atención a que él conoce la labor desarrollada por nuestra fundación en Viña del Mar.

Aparte de nuestra preparada y categórica exposición acerca de lo que sucede en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, conforme a lo aseverado en el primer párrafo, teníamos en carpeta aludir a la Ley Lorca del año 1959 estatuto que en apariencia protege el borde costero de esa ciudad balneario hasta Concón, pues ha sido invariablemente mal aplicada, más aun teniéndose presente que por mandato del artículo 169 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) del año 1976, está expresamente derogada su única disposición que le entrega atribuciones a los concejales para que aprueben la construcción de edificios en zonas del litoral que carecen de normas urbanísticas habilitantes en los Planes Reguladores Comunales (PRC) de Viña del Mar y Concón.

La idea era que la institucionalidad rectificara el mal proceder municipal que ha consentido el levantamiento de innumerables torres residenciales en ese borde costero, vulnerándose así la letra y el espíritu de esa antiquísima ley de carácter local, con lo cual también se pasa por alto el propio artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Asimismo intentábamos proponerles a los diputados que se derogara el fantasioso artículo 6.1.8 de la OGUC de carácter nacional el que, para ciertos proyectos de edificación, admite la violación cierta de varias disposiciones contenidas en los PRC de todo el país, luego haciendo tabla rasa con el discurso oficial de la descentralización. En todo caso, nuestra pretensión global era presentarles algunas ideas para mejorar la legislación ad hoc.

También intentábamos recordarle a los diputados nuestra fundada petición, ya formulada por nosotros en una sesión anterior de esa Comisión, en orden a que los funcionarios municipales que ejercen el cargo de Director de Obras no sean vitalicios como acontece en la actualidad, sino que por ley se les fije un plazo fijo, el que podría ser de 5 años y así permitir el tiraje de la chimenea en esas oficinas municipales.

Ante la descortesía ocurrida, le representamos por escrito ese antidemocrático y feo comportamiento al diputado Jarpa, solicitándose a la secretaria de la Comisión que el texto de nuestro disgusto le fuera reenviado a todos los integrantes de la Comisión. Por otro lado le pedimos al abogado secretario de la Comisión que nos indicara los nombres de aquellos diputados que se oponían a nuestra presencia en la misma, respuesta que a la fecha no recibimos.

Por lo relatado, queda claro entonces que estos señores (as), salvo excepciones, por sus informalidades no merecen ejercer cargos de representación popular.