Los cursos de agua en los sectores urbanos, sin importar el nivel de sus caudales, forman parte indisoluble de las ciudades y, en los países civilizados, sus autoridades respetan sus cajas, sus riberas y sus zonas de aledañas en razón a que las fuerzas de la naturaleza son impredecibles, sobre todo tratándose de aquellos ríos conocidos como torrentes.
La ciudadanía está en conocimiento de 2 casos, uno en Santiago y otro en Copiapó, derivados de malas decisiones adoptadas por funcionarios del Estado y por actores privados que se creen dueños de los espacios públicos y que no son cautelados debidamente por los servicios de la administración con competencia.Somos partidarios de que los ríos solamente se realcen con fondos públicos y con donaciones privadas, pero en ningún caso se deben utilizar para asentar infraestructuras.
A raíz de lo sucedido recientemente con la inundación de la autopista concesionada Costanera Norte y con la creación de un artificial y arrasador canal en la avenida Andrés Bello, en las comunas de Las Condes y Providencia, llegaron sus consecuencias destructivas hasta una parte del comuna de Santiago. Por ello, el miércoles 20 de abril reciente le enviamos a Alberto Undurraga, titular del MOP, un correo electrónico para que nos informara sobre el resultado del sumario administrativo llevado a cabo en Copiapó con ocasión de la toma, por parte del privado Mall Plaza Copiapó, de una fracción de la caja del río, bien nacional de uso público, del mismo nombre, lo que generó la inundación en marzo de 2015 de ese centro comercial.
Entre otras cosas, le decíamos al ministro que, en el caso del Mapocho, el desvío de las aguas se produjo por una asombrosa descoordinación en la toma de decisiones entre el inspector fiscal de la concesión de US$ 500 millones del proyecto vial Santiago Centro Oriente, los profesionales de la Autopista Costanera Norte y la Constructora Sacyr, señalándole que el asunto se está solucionado económicamente porque hay seguros comprometidos y que el sumario administrativo ordenado rápidamente por él indicará las responsabilidades.
Por la situación de Copiapó, en su dictamen Nº 67031 del 21/08/15, la Contraloría General de la República resolvió que el privado aludido violó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) ya que el predio localizado en la calle Maipú 109, en donde se emplazó el mall, no era el idóneo habida cuenta su alta carga de ocupación y por ello fue muy enérgica con la Municipalidad de Copiapó y con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, ya que los funcionarios que tramitaron los permisos no cumplieron sus deberes.
Todos sabemos que en el episodio del río Mapocho sufrieron inundaciones muchos pequeños comerciantes de la comuna de Providencia y dos importantes megaproyectos de construcción, el mall Costanera Center, ubicado también en la comuna de Providencia y el denominado Parque Titanium, consistente en 3 altas torres de servicios profesionales, situado en una área verde ribereña al Mapocho en la jurisdicción de Las Condes, terreno de 6 hectáreas que el desarrollador inmobiliario le compró hace unos 7 años a la Fundación sin fines de lucro del Club Deportivo de la Universidad Católica, predio que le había sido donado por el Estado a esa universidad privada con una cláusula modal que fue vulnerada por el astuto donatario. Según notas de prensa, todas las empresas que ocupan este moderno complejo comercial se están mudando a otras localizaciones ya que los efectos de la inundación fue ruinosa en los pisos subterráneos.
No podemos perder de vista que el Minvu, con las asistencias de los 15 gobiernos regionales, es quien tiene la responsabilidad de planificar la ciudad y por lo que hemos verificado, el MOP se está arrogando atribuciones que no tiene porque el enjambre de conexiones viales (túneles, puentes, desviaciones, eliminación de la rotonda Pérez Zujovic, eliminación del área verde de la Corfo, colindante con la Embajada de EEUU, destrucción de una parte de la avenida Costanera Sur ejecutada anteriormente por Parque Titanium), fue decidida por este ministerio.
Finalmente, somos partidarios de que los ríos solamente se realcen con fondos públicos y con donaciones privadas, si algún empresario lo decide, pero en ningún caso se deben utilizar para asentar infraestructuras y si, por una imperiosa necesidad hay que intervenirlos, en estos excepcionales casos deben actuar muy coordinadamente el Minvu, el MOP, Transportes, Medio Ambiente, los municipios y los gobiernos regionales, con información veraz y oportuna a la ciudadanía.
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