El Mercurio de Valparaíso, festejó el 8 de febrero de 2017 el inicuo fallo de la 3ª Sala de la Corte Suprema que, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, convalidó el arreglín entre la municipalidad de Viña del Mar con la inmobiliaria que construye, con un permiso de edificación del año 2000, 17 años atrás, por la tanto caducado automáticamente y de pleno derecho, un mall en la calle 14 Norte en Viña del Mar. Las exageradas normas urbanísticas contenidas en ese permiso fueron derogadas en el Plan Regulador de esa ciudad en el año 2002, 15 años atrás, y por ello el titular de ese acto administrativo ha estado ejerciendo lobby en todas las instancias para que se mantenga vigente tal permiso.
Con anterioridad el Director de Obras Municipales, como era su deber, aplicó la caducidad del permiso, pero un Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, durante el gobierno de Piñera, realizó presiones indebidas para que ese funcionario municipal se arrepintiera de su acción correctiva, actuación maliciosa que significó la intervención de la sede regional de la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que, después de un sumario administrativo, sancionó con medidas disciplinarias a ese funcionario público de la administración pasada. La sanción fue firmada por la presidenta Michelle Bachelet y se le entregó oportunamente a esa sala de la Corte Suprema para los fines pertinentes.Los abogados de Defendamos la Ciudad, por cuenta de Carlos Valencia, presentaron el lunes 13 de febrero reciente un recurso de reposición con la esperanza de que los jueces entiendan que, por muy poderosos que sean los dueños del mall de 14 Norte en Viña del Mar, Ripley y Parque Arauco, esa estructura comercial debe enmarcarse en la normativa urbana vigente desde el año 2002
El ciudadano viñamarino Carlos Valencia, miembro de la fundación Defendamos la Ciudad, en conocimiento de la situación ilegal, formuló por escrito la denuncia de rigor ante la sede central de la Contraloría, incluso en reunión en Santiago con el ex contralor Ramiro Mendoza, a quien se le explicó con lujo de detalles el desarrollo de los hechos y tiempo después la Contraloría resolvió lo que todos sabíamos : el antiquísimo permiso había caducado tal como lo expresa el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), materia que fue resuelta en idénticos términos por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, funcionario del actual gobierno.
Como este tipo de dictámenes son obligatorios y vinculantes para la Administración, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, instruyó al Director de Obras, Julio Ventura, para que procediera en consecuencia, lo que hizo y ante esta realidad, la inmobiliaria interpuso un recurso judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de las actuaciones de las autoridades competentes de la municipalidad de Viña del Mar. En el ínterin, Carlos Valencia, se hace parte en el juicio por ser quien destapó la olla de corrupción y para los efectos judiciales fue denominado “tercero coadyuvante”, figura que es una especie de simple ayudante de la Municipalidad.
La Corte porteña dijo que la caducidad del permiso fue mal establecida, dándole la razón al reclamante, motivo por el cual la reclamada, es decir, la municipalidad y el ciudadano Valencia apelaron ante la Corte Suprema, la que llamó a un acuerdo de conciliación entre las 3 partes, pacto de conveniencias que no fue posible concretar porque el “tercero coadyuvante” no se prestaba para burdos arreglines.
El 7 de febrero de 2017, en fallo dividido, esa 3ª Sala de la Corte Suprema en conocimiento de que las normas legales de Vivienda y Urbanismo son de orden público y por lo tanto no son transables, validó el acomodaticio acuerdo público-privado entre la municipalidad y la inmobiliaria, trasladando los antecedentes a la instancia de origen inferior para que ésta adopte la resolución que estime conveniente sobre ese grosero avenimiento, dejando a un lado, es decir, sin derecho a voz, a Carlos Valencia quien bregaba para que esa sala confirmara la caducidad del permiso.
Los jueces que no se atrevieron a impartir justicia, fueron don Sergio Muñoz, doña María Eugenia Sandoval y don Carlos Aránguiz, dejando de manifiesto que la jueza señora Rosa Egnem no estuvo en un 100% de acuerdo con el fallo y el juez Carlos Pizarro, en su calidad de abogado integrante, salvando el honor de ese cuerpo colegiado, fue de opinión, cita textual de la sentencia, de fallar el recurso de casación en el fondo deducido por el “tercero coadyuvante”, puesto que no puede entenderse desistido de él como consecuencia del acuerdo entre el reclamante y el municipio reclamado, en atención a que el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil (CPC) los considera partes y les concede sus mismos derechos, pudiendo por tanto interponer los recursos en forma independiente, como es el caso, por lo que al no estar conforme con el acuerdo, su recurso de invalidación sustancial debió ser resuelto. Como vemos el juez Pizarro, a diferencia de sus colegas, hizo vale el CPC.
Pero como en este perro mundo los milagros existen, los abogados de Defendamos la Ciudad, por cuenta de Carlos Valencia, presentaron el lunes 13 de febrero reciente un recurso de reposición con la esperanza de que los jueces entiendan que, por muy poderosos que sean los dueños del mall de 14 Norte en Viña del Mar, Ripley y Parque Arauco, esa estructura comercial debe enmarcarse en la normativa urbana vigente desde el año 2002 en esa ciudad balneario y en tal sentido estimamos que los jueces pensarán que nunca es tarde para reconocer sus propias decisiones equivocadas.
Muchos repiten que los fallos judiciales se acatan y no se comentan, frase que no compartimos y por ello hemos entregado públicamente nuestra opinión pues las lacras hay que combatirlas tal como se deben promover las virtudes.
En este medio digital y en otros hemos cuestionado a los distintos gobiernos por tolerar las malas prácticas de muchos, no todos, actores privados en el desempeño de sus proyectos de inversión y sería lamentable que la Corte Suprema también adopte esa política de «darle una manito» a empresarios que, conociendo la debilidad del Estado, intenten sacar ventajas competitivas en el mercado de la construcción inmobiliaria.
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