La vida de barrio conocida está en proceso de cambio y, con ello, la vida social de las distintas áreas urbanas en el país. En este cambio, los condominios o barrios cerrados son punto de inflexión al interior de la comunidad, toda vez que cierran la oportunidad de relaciones sociales al conjunto del barrio, como una suerte de automarginación del espacio social-residencial.
Negar esta posibilidad de residencia es en último término una medida anti-democratica, aunque lo son igualmente estas islas urbanas al interior de la ciudad.
Ante ello, abro el debate: ¿son los condominios cerrados una opción residencial prudente al momento de generar una ciudadanía integral?
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Evidentemente, el rol del espacio público, es insustituible como espacio de encuentro democratico y de desarrollo ciudadano y el espacio comunitario de los condominios no lo reemplaza, si bien ellos surgen como respuesta a los deficit de nuestros barrios. Pero tienen la ventaja con miras al desarrollo de ciudades más sustentables que pueden favorecer la conformacion de comunidades que en forma colectiva optimizan recursos y gestionan colectivamente sus desechos (lo que desde la escala individual es inviable y por el momento resulta mas dificil en el ámbito de la asociacion barrial.). Por otra parte, la existencia de condominios per se no tiene por que ir asociada como siempre ocurre en Chile a que se trate de condominios socialmente homogeneos. Es perfectamente posible pensar proyectos de integracion social en condominios. Más que el condominio en sí, yo creo que hay un tema con su magnitud. No es lo mismo un enorme condominio que ocupa toda una porcion de la ciudad, provocando una extensa zona monofuncional de vivienda, que genera a su alrededor unos muros o rejas que no vitalizan el espacio público, que interrumpe vialidades, etc., a uno que se encuentra en un predio acotado o en un interior de manzana. A mi más grave me parecen esos pseudo «condominios» que se generan de hecho por la privatizacion que se hace por parte de la autoridad comunal del espacio público, que entrega a grupos de vecinos calles para que las cierren, privando a la comunidad de un bien que es de todos y/o alterando la estructura vial urbana existente.