A nivel regional tenemos una deuda pendiente que se traduce en intendentes, consejeros regionales y gobernadores lejanos a las personas; escasa información sobre sus programas y su gestión; y ausencia absoluta de un espacio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. La creación del cargo de Alcalde Mayor del Gran Santiago o similar, cobra urgencia frente a una ciudadanía cada vez más activa, más empoderada e informada, que exige incidir en los procesos de desarrollo urbano.
Con el reciente cambio de Cecilia Pérez por José Antonio Peribonio, ya hemos tenido 9 intendentes distintos en 10 años. Y no es razonable que la autoridad que ejecuta las políticas urbanas de la Región Metropolitana no tenga la continuidad mínima necesaria para enfrentar los complejos desafíos de una ciudad como Santiago, en términos de su desarrollo urbano. Tampoco resulta aceptable que en Chile no se avance hacia una elección democrática de los intendentes y de los consejeros regionales (CORES). Respecto de esto último, no olvidemos que la Cámara de Diputados acaba de rechazar, hace muy pocos días, la ley que habría permitido la elección de los CORES por sufragio universal a partir del próximo año.
Ante este panorama, que obstaculiza tanto la voluntad ciudadana, como la continuidad de las autoridades, vuelven a surgir voces que solicitan la creación del cargo de Alcalde Mayor, es decir una autoridad que tenga atribuciones suficientes para enfrentar problemas transversales de Santiago, que suelen afectar a conjuntos de comunas. Dicho de otro modo, no parece lógico que nadie tenga la perspectiva y el poder suficiente para enfrentar los problemas de Santiago desde un enfoque donde la ciudad se debe concebir como un ente orgánico, y no como un rompecabezas formado por 34 comunas, que son administradas por 34 alcaldes diferentes. Hay que tomar en cuenta al respecto, que los alcaldes no suelen coordinarse por diversos motivos: no comparten objetivos y visiones respecto de su desarrollo urbano, no generan lazos por diferencias políticas, no van más allá de una mirada que llega hasta su límite comunal, entre otras.
A esto se suman los graves incumplimientos de la Ley de Participación Ciudadana que hemos denunciado a la Contraloría General de la República, organizaciones como Santiago Cómo Vamos, Ciudad Viva, Ciudadano Inteligente, Asesoría Ciudadana, Casa de la Paz y Pro Acceso, entre otras. Según el monitoreo realizado por Santiago Cómo Vamos, hay al menos 64 municipios en el país que ni siquiera cumplen con los mínimos establecidos por la Ley 20.500.
Ante esto, cabe preguntarse ¿qué pueden hacer los ciudadanos para cambiar las políticas públicas y ser escuchados?
La discusión sobre la figura del Alcalde Mayor se ha centrado en la falta de integración, coordinación y planificación de nuestra área metropolitana, todos temas relevantes, pero que hasta la fecha no han incluido el rol y los mecanismos de participación de la ciudadanía.
Es fundamental poner en la discusión qué tipo de institucionalidad queremos tener en términos de participación ciudadana a nivel regional, qué grado de representatividad se espera en este nuevo escenario, cuántos de los vacíos hoy existentes se seguirán replicando, y cómo evitamos que se repitan las debilidades de los mecanismos de participación ciudadana en las distintas escalas territoriales.
La representatividad de las autoridades es un tema que se suma a este diagnóstico: sólo a nivel nacional y comunal podemos elegir nuestras autoridades a través del voto popular. A nivel regional tenemos una deuda pendiente que se traduce en intendentes, consejeros regionales y gobernadores lejanos a las personas; escasa información sobre sus programas y su gestión; y ausencia absoluta de un espacio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.
En este escenario, más allá de si la nueva figura es la de un Alcalde Mayor o la de un Intendente dotado de mayores atribuciones y tiempo en ejercicio, es evidente que se requiere de cambios. Cambios que hagan que el término participación ciudadana sea algo más que una declaración de buenas intenciones en periodos electorales. Esto cobra urgencia frente a una ciudadanía cada vez más activa, más empoderada e informada, que exige opinar, incidir y ser parte de los procesos, en el marco de una legislación urbana desfasada respecto del grado de madurez de sus ciudadanos.
La ciudadanía no sólo ha entendido que debe demandar nuevos espacios, sino que además debe crear otros, para subir peldaños en la escalera de la participación ciudadana. Santiago Cómo Vamos, el primer programa de monitoreo a la calidad de vida del Gran Santiago, apunta en esta dirección, y será lanzado el sábado 24 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Así como Santiago Cómo Vamos, diariamente surgen iniciativas de ciudadanos con distintas temáticas, objetivos y escalas, para una ciudad igualmente diferente en sus realidades sociales, económicas y políticas. En este escenario, sin duda, se requiere de una institucionalidad que vaya en la misma dirección, entendiendo que mayores espacios de participación posibilitan la creación de políticas acordes a los problemas y necesidades de las personas.
La creación de una nueva autoridad para Santiago debe traer novedades en los aspectos señalados, de lo contrario un cambio de autoridad para la ciudadanía no representará más que un personaje con otro traje en el mismo escenario.
* Por Loreto Rojas Symmes, magister en desarrollo urbano, directora de Ciudad Viva y Santiago Cómo Vamos.
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Ilustración: festivaldelaji.blogspot.com
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