* Entrada escrita por Pablo Fuentes, arquitecto UC
La ciudad de Santiago -al igual que muchas otras metrópolis del mundo- se encuentra dentro de una gran paradoja que tiene que ver con aumentar la extensión de su límite urbano para acoger el crecimiento de su población, o detener dicho crecimiento con el fin de mejorar la calidad del aire y proteger el desarrollo de las actividades agrícolas.
El 30 de marzo de 2011, el Consejo Regional aprobó la propuesta de modificación N° 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, denominada “Actualización extensión urbana y reconversión industrial”, tras haber sido rechazada anteriormente por el mismo Consejo. Esta propuesta amplía el límite de la ciudad en cerca de 10.000 ha de las cuales casi 3.000 corresponden a áreas verdes.
Uno de los principales argumentos para sostener el rechazo de junio de 2010, fue la imposibilidad de los municipios para financiar el mantenimiento de las nuevas áreas verdes propuestas, una vez que pasen los cinco años que tienen obligatoriamente los privados para asegurar su mantención. Para resolver esta situación, el Intendente Metropolitano, junto al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y el Ministro de Hacienda, suscribirían un protocolo de acuerdo para disponer de los recursos públicos necesarios para la mantención de dichas áreas verdes a partir del año 6.
Por otra parte, en el primer Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA) de Santiago de 1998, se estableció como una medida para contrarrestar las emisiones tóxicas, evitar la expansión de la ciudad con la idea de que el sistema de transporte fuera más racional y con ello disminuir las emisiones. En el mismo PPDA, se constató que la mala calidad del aire se debía a múltiples factores, tales como la disminución de la cubierta vegetal, la impermeabilización del suelo y cambios en las tasas de reposición de las napas freáticas, pérdida de bosque nativo y erosión.
A su vez, en la memoria explicativa de la modificación N° 100, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, establece como uno de sus objetivos centrales el aumento de la disponibilidad de áreas verdes, por lo cual se propone reservar 2.731,7 hectáreas para parques y áreas verdes. Esto significa la plantación de cerca de 200.000 nuevos árboles durante los próximos 20 años.
De estos antecedentes, surge la oportunidad de superar la paradoja, a través de la habilitación de nuevo suelo para el desarrollo urbano, pero aumentando considerablemente la cantidad de áreas verdes y con ello, la calidad del aire de la cuenca.
La pregunta que viene ahora es si basta con la plantación de más árboles para revertir los impactos del cambio climático y principalmente, del crecimiento descontrolado de la ciudad sobre terrenos de carácter rural.
Entre muchos otros, quiero relevar dos señales del impacto del Cambio Climático en Santiago. El primero tiene que ver con la real falta del recurso agua para el desarrollo de actividades agrícolas, hecho que se ve agravado en mayor medida por la obsolescencia de la normativa relacionada con los derechos de agua. Este estrés hídrico puede poner en aprietos una propuesta de Plan Metropolitano de Áreas Verdes para la RMS, ya que el agua para el riego, especialmente durante los primeros años de vida de un árbol, resulta fundamental para su desarrollo posterior. El segundo, se relaciona con el aumento de las temperaturas extremas durante los meses de invierno y verano, afectando con ello la salud de la población (enfermedades respiratorias) y la seguridad alimentaria (sequías y encarecimiento de vegetales y hortalizas).
Si consideramos que un árbol maduro, contiene unos 300 kg de carbono y que en una hectárea caben cerca de 400 árboles plantados cada 5 metros, tendríamos una cifra de 120 toneladas de carbono por hectárea. Y si una tonelada de carbono en la madera de un árbol o bosque, equivale a la captura de 3.5 toneladas de CO2 atmosférico, tendríamos que una hectárea plantada con árboles, podría capturar cerca de 420 toneladas de CO2 atmosférico, durante el período de 100 años, es decir, 4.2 toneladas de CO2 anualmente. Cabe señalar, que el promedio mundial de emisiones de CO2 en 2001, fue de 3.9 toneladas por persona (Banco Mundial), por lo que si se desea mantener en equilibrio la cantidad de CO2 emitido y capturado se requeriría al menos, forestar una hectárea por persona anualmente.
Las estimaciones de crecimiento poblacional para los próximos años en la Región Metropolitana de Santiago, indican un promedio de 50.000 nuevos habitantes por año, por lo que se necesitarían 50.000 hectáreas por año para capturar 210.000 toneladas de CO2 sólo para mantener dicho equilibrio.
En este caso, la propuesta del MPRMS 100 permitiría con sus 200.000 árboles reducir sólo 2.100 de las 210.000 toneladas de CO2 que se requeriría capturar anualmente. Incluso, la meta de los 6 millones de árboles planteada por el Presidente Piñera en su programa de gobierno para la Región Metropolitana de Santiago, sólo sumaría 63.000 a la brecha de 210.000 toneladas de CO2 mencionada anteriormente.
Todo este ejercicio, ha servido para graficar la urgencia que hay respecto al control de cambio climático en nuestra región y que para mejorar la calidad del aire, no basta sólo con plantar más árboles, sino con promover una serie de acciones complementarias que permitan la reducción de contaminantes, como la disminución de viajes en transportes que usen combustibles fósiles, mantener controlado el crecimiento en extensión de la ciudad, promover prácticas de eficiencia energética y complementariamente, montar una verdadera maquinaria de plantación de árboles que tome el problema como un compromiso real con el medio ambiente manifestado con la suscripción de acuerdos para la ejecución y mantención de las áreas verdes nuevas, pero prioritariamente, de las que se encuentran ya ejecutadas y que paulatinamente se mueren por falta de mantención.
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