Resulta evidente el desafío de conciliar compromisos público-privados que promuevan el tránsito hacia políticas de largo plazo e inversiones capaces de sumar, especialmente a las regiones, a la actividad de investigar, generar y/o difundir ciencia y tecnología.
En el año de la innovación, Chile se ha propuesto el desafío de doblar el actual gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), hasta alcanzar una inversión de 0,8% del PIB a 2018. Cifra superior al promedio iberoamericano de 0,55%, pero aún lejos del 2,4% que ostentan las naciones de la OCDE. Para un país que destina US$ 62 al año en investigación por habitante (2012), llegar a graduarse como una economía del conocimiento es, sin cuestionamiento, un objetivo de largo aliento.
Aunque modesta, la meta no es menor, porque implica un esfuerzo país que debiera partir por integrar a una comunidad científica y académica desplazada hace rato del debate; y luego, definir transformaciones mayores para modernizar una institucionalidad con cuatro décadas de vigencia. En ese contexto, resulta evidente el desafío de conciliar compromisos público-privados que promuevan el tránsito hacia políticas de largo plazo e inversiones capaces de sumar, especialmente a las regiones, a la actividad de investigar, generar y/o difundir ciencia y tecnología.
Sin embargo, es un hecho que la mayoría de las regiones no producen conocimiento propio de calidad y pertinente a sus particulares procesos de crecimiento y vocaciones productivas. Incluso, dado el centralismo reinante, no es extraño constatar que cerca del 70% de los documentos científicos de factura nacional proceden de las universidades de la Región Metropolitana.
Al mismo tiempo, el hecho que hoy, una tajada importante de la inversión en I+D continúa siendo asumida por el Estado, no significa que las regiones sean más favorecidas, pues ejecutan muy poco del gasto total. De acuerdo a los datos proporcionados por la 2° Encuesta sobre Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo (2012), la región del Bíobío absorbe apenas 10% de los aportes y Valparaíso un modesto 8%, instalándose a una distancia considerable del 53% que se queda en Santiago. Sin ir más lejos, el año pasado, el Programa Regional en Ciencia y Tecnología de Conicyt dio a conocer un informe que entregó información relevante acerca del grado de desarrollo de todas las regiones en ciencia, tecnología e innovación; y nuevamente, resultó ser Santiago la zona con las mejores capacidades de potencial regional, input (inversiones e infraestructura) y output (resultados y difusión). El resto, solo consiguió parámetros muy heterogéneos en cada uno de los indicadores, o niveles medios en la generación de estrategias locales para el desarrollo tecnológico.
Aunque lento, algo hemos avanzado. La entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D podría significar un impulso a la inversión de las empresas en territorios donde ciencia e innovación estén mejor representadas o bien, transferir recursos para mejorarla productividad de los sectores de la economía con mayores fortalezas y potencialidades en estas actividades.
Claro eso sí, la investigación necesaria para generar y aplicar tales conocimientos requiere tanto de infraestructura, instalaciones e instrumental cada vez más complejos y de elevado costo; como de profesionales altamente capacitados repartidos por toda la geografía. Si no se cuenta con esos insumos, es muydifícil hacer investigación en la frontera del conocimiento. Y quien primero debe entenderlo así es el Estado.
En esa línea, desde 2008 la política pública chilena contempla la provisión de recursos de decisión regional dentro del denominado FIC Regional, cuya ejecución es liderada por el mismo Programa Regional de Conicyt que ocho años antes, sentó las bases para promover y fortalecer las capacidades de investigación e innovación en áreas pertinentes al desarrollo regional. Ambas iniciativas han perseguido aumentar y encauzar la actividad de manera descentralizada, a objeto de morigerar la concentración desproporcionada –que existía y aún persiste– entre centros e institutos tecnológicos, universidades y empresas de la Región Metropolitana.
¿Han sido adecuadas para dotar de capacidades I+D a las regiones? Ciertamente hay un camino recorrido que no podría ser apreciado en su real envergadura y dirección, sin antes conocer y medir sus efectos en la investigación e innovación locales. Acertado o no, algo se ha conseguido impulsando la expansión territorial de la distribución de recursos financieros y materiales mediante concursos para el equipamiento científico y la creación de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico a lo largo de Chile. En todos estos años, el Estado aportó al financiamiento de una treintena de proyectos de infraestructura, capacitación de capital humano y 14 centros de investigación –con ejecución vigente en doce regiones– en áreas tan diversas como química aplicada, genómica vegetal, historia o biotecnología.
Transcurrido ya un tiempo prudente, y a la luz de la atenta espera de la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial responsable de formular una nueva institucionalidad para la ciencia, es momento de analizar lo avanzado en relación a los objetivos trazados y al rol jugado en el fortalecimiento y desarrollo científico-tecnológico regional. Y también, por qué no, dar un paso más allá y redefinir la manera cómo la experiencia acumulada podría a futuro, articularse o dialogar –desde una perspectiva institucional– con las ofertas de instrumentos de gestión y planificación regionales derivados de un posible cambio en la estrategia de crecimiento del país, mayor gasto público o el diseño de estímulos eficaces para la inversión privada en investigación, desarrollo científico e innovación. Mientras tanto, fuera de los límites metropolitanos, Chile espera.
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Foto: lavozdelnorte.cl
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