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¿Para qué el Consejo de CONICYT?

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La designación del destacado académico e investigador Francisco Brieva como nuevo Presidente de CONICYT, vino acompañada de noticias, a primera vista, positivas. El ministro de Educación anunció el interés por restaurar el carácter de comisión asesora que CONICYT poseía en sus inicios. El ministro habló derevivir el Consejo de CONICYT, que desde el año 73 no funciona”.

Aunque ésta es una demanda anhelada por una parte de la comunidad científica, poca claridad existe, en especial entre las nuevas generaciones, sobre las funciones de dicha comisión, las implicancias de su existencia, y el cómo se designan a sus miembros. Al respecto, el Jefe de la División de Educación Superior, afirmó en una entrevista que “los miembros del consejo, el presidente los designa. Varios miembros, la Presidenta los designa, y eso es un proceso que estamos preparando. Estamos trabajando para anunciarlo lo más pronto posible”.

Pero, ¿puede el país usar un esquema de gobernanza y diseño de políticas públicas concebido hace casi medio siglo atrás, para definir una política científica que permita a Chile afrontar los desafíos científicos del futuro, para contribuir a nuestro desarrollo, y además cumplir funciones de ejecución?

Respecto a su función, la más fundamental se encuentra en el decreto inicial que creaba CONICYT: proponer medidas para orientar y estimular el desarrollo del potencial científico y tecnológico nacional, atendiendo a las necesidades del desarrollo económico y social del país. Pero, ¿puede el país usar un esquema de gobernanza y diseño de políticas públicas concebido hace casi medio siglo atrás, para definir una política científica que permita a Chile afrontar los desafíos científicos del futuro, para contribuir a nuestro desarrollo, y además cumplir funciones de ejecución?

Se puede dudar respecto de la capacidad de tal esquema para cumplir dicha tarea. La hegemonía que potencialmente ofrecen los consejos designados por las autoridades políticas, en donde no necesariamente se incluyen todos los actores (recordemos los problemas en los inicios del CNIC, en donde las universidades estaban excluidas), puede llevar a políticas con escasa legitimidad o aceptación. ¿Cómo nos aseguramos, más allá de la nobleza que los miembros del consejo puedan ofrecer, que se incluirán todas las miradas, y que se garantizará un pluralismo en su constitución? Después de todo, las primeras declaraciones de Francisco Brieva -más allá de su genuina preocupación e interés- están resultando funcionales (a propósito o no) para la agenda “anti-ministerio» de ciencia. Incluso no se han designado a científicos o políticos, que hayan defendido públicamente la idea del ministerio de ciencia, en ningún cargo visible relacionado con el CNIC, CONICYT u otros, mientras que la escuela de la “ciencia para la competitividad” sí se encuentra representada en diversos cargos. ¿Cómo sabremos si el consejo considerará todas las opiniones y posiciones de la sociedad y la comunidad académica, científica y empresarial, y que respetará el trabajo que en estas materias se ha desarrollado en los últimos años, y no cederá a anhelos “refundacionales”? ¿Cómo evitar que ocurra lo mismo que en el caso del CNIC, el cual parte su presente mandato con una decisión ya tomada de potenciar la ciencia “orientada por misión”, sin haber mediado diálogo previo con la comunidad científica? Y, en última instancia, ¿cómo se compatibilizarán las visiones de CONICYT y del CNIC, que con seguridad no coincidirán en más de alguna dimensión?

El término del período del CNIC en el anterior gobierno, envuelto en polémicas atribuidas a la gestión de Fernando Flores y sus eventuales diferencias con el ex Presidente Sebastián Piñera, nos recuerda, además, que la figura del “consejo” no ofrece garantías de accountability (algunos han afirmado que el CNIC terminó su anterior período de manera debilitada), y también la incertidumbre sobre la real influencia de este tipo de figuras a nivel político (el propio CNIC ha sido crítico, en más de una oportunidad en el pasado, respecto a algunas decisiones que gobiernos anteriores adoptaron especialmente en temas presupuestarios).

No obstante todo lo anterior, resulta aún más paradójico que ni siquiera la propia comunidad científica haya explicitado con claridad para qué quiere un consejo en CONICYT. Si es para decidir una nueva política de desarrollo científico, bien podría criticarse que dicha misión caiga en un grupo de “notables” (para usar una palabra comúnmente empleada). Los tiempos actuales demuestran que se requieren niveles más amplios de participación y deliberación, así como la presencia de todos los actores pertinentes. Por otro lado, si lo que se quiere es mejorar la gestión de CONICYT, el informe de la «Comisión Philippi”, ya contenía propuestas al respecto. Algunos, incluso, han afirmado que la principal función del Consejo sería “vigilar” al presidente de CONICYT; no obstante, su anterior presidente y el recientemente designado, cuentan con el respeto de la comunidad académica y científica, y en ambos casos su designación causó entusiasmo.

Si lo que se quiere es dar más relevancia pública y política a CONICYT, bien se podría discutir sobre si su carácter de “consejo” permite cumplir dicho objetivo; después de todo ya hemos visto cómo organismos o colectividades (por ejemplo, el caso de la cultura y el deporte) han luchado en los últimos años por lograr un rango ministerial, con diversos grados de éxito. Finalmente, ninguna de las principales evaluaciones realizadas al sistema nacional de ciencia e innovación ha destacado la inexistencia del consejo de CONICYT como un problema clave de la institucionalidad científica chilena.

Pese a todo lo anterior, no se trata de desmerecer la existencia del consejo de CONICYT, ni de negar su función de asesoría de la presidencia en estos temas (pese a las posibles coincidencias y conflictos con la existencia y función del CNIC). En efecto, uno de los principales valores estratégicos de la existencia de un Consejo en CONICYT, puede ser dar un contrapeso a la casi hegemónica visión de la «ciencia para la competitividad» y ofrecer la visión del mundo académico, muchas veces no considerada. No obstante, de lo que sí se trata es de ordenar las prioridades, de tener las razones correctas para restituir el Consejo de CONICYT y asignarle las atribuciones que correspondan, de recordar que la construcción de una política científica no puede ser una labor exclusiva de un grupo de notables, ni de menospreciar el trabajo de los últimos años, que presenta una hoja de ruta con grados importantes de consenso respecto a varios temas (como la creación de una institucionalidad de rango ministerial, que complemente a la labor de un putativo consejo encargado de la función estratégica).

La restitución del carácter de consejo de CONICYT sólo tendrá sentido cuando esté enmarcada en una reforma de mayor alcance y profundidad, con roles claros para las distintas agencias y consejos existentes (no olvidemos que CONICYT es también y ante todo, una agencia ejecutora), y que aborde ampliamente los problemas de la ciencia chilena (y su aporte a nuestro desarrollo), muchos de los cuales no se resuelven sólo con un “consejo”.

Foto: Conicyt

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Comentarios

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22 de septiembre

Estimado Pablo, si bien comparto las razonables dudas respecto a la utilidad del citado consejo, hay algunas cosas que no me cuadran:
– Dices que el consejo no resuelve los problemas de la ciencia, que no es mágico, ni da garantías de accountability (no me queda del todo claro a que te refieres con este concepto) pero dada tu postura a favor de un Ministerio de CyT, entiendo que este sí sería efectivo (?). ¿Porqué un eventual ministerio debería responder a estas inquitudes, si es designado por el ejecutivo?, obviamente seguiría el lineamiento del gobierno de turno. Además el(la) eventual [email protected] de CyT podría ni siquiera ser cientí[email protected]! Ejemplo la ministra del deporte, que más allá de sus capacidades que no pongo en duda, no tenía nada que ver con el deporte hasta su designación.
– Criticas la falta de democracia de un consejo de «notables» lo cual comparto totalmente, pero no me queda claro cómo un ministerio podría suplir ese problema. Cualquier [email protected] es [email protected] por el ejecutivo, por lo que no le veo mayor democracia. De hecho el consejo, podría perfeccionarse, incluyendo formas democráticas de elegir a sus integrantes para que no sean solo unos cuantos iluminados. Además en la mayoría de tus columnas (como esta) citas a la comisión Philippi, una comisión de «notables» elegidos por Piñera y presidido por Bruno Philippi, ex-presidente de la SOFOFA (!) y viejo colaborador de la dictadura (!). Nunca te escuche o leí criticarla por poco democrática, al contrario, siempre la citas para afirmar tu postura.
– Criticas la «casi hegemónica» visión de las «ciencia para la competitividad», lo cual también puedo compartir en cierta forma, pero constantemente recalcas lo malo de que Chile siga cayendo en los índices de competitividad (no en este artículo, pero sí en esta reciente carta a El Mercurio http://www.elmercurio.com/blogs/2014/09/17/25302/Competitividad.aspx). Entonces no entiendo ¿estás en contra de la ciencia para la competitividad, pero debemos guiarnos por un parámetro que mide justamente la competitividad?

Quedo atento a respuesta por esta vía u otra
Saludos cordiales

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