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Las deudas del primer año del Ministerio de Ciencia

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Hoy primero de octubre se cumple un año desde la entrada oficial en funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (en lo sucesivo, MinCTCI). Por ende, esta cartera tuvo un estreno difícil, en medio del estallido social y la posterior llegada de la pandemia de COVID al país. Sin embargo, esto no debiera impedir realizar una evaluación de su primer año de funcionamiento.

Para quienes han seguido la discusión en torno a la necesidad de una nueva institucionalidad para la ciencia en Chile, resultará evidente que la creación de la nueva institucionalidad, en particular la del ministerio, estaba acompañada de altas expectativas. ¿Ha cumplido el ministerio, y la institucionalidad que le acompaña, con dichas expectativas? El saldo, hasta el momento, parece más bien negativo.


Es necesario insistir en que se requiere urgentemente de una transformación decidida de nuestro sistema científico, y este objetivo difícilmente se logrará si no abrimos las puertas del MinCTCI a una mayor diversidad de actores

En adición a las tareas coyunturales que ha debido enfrentar (como la participación en la COP25 o la política de inteligencia artificial), la gestión sectorial del MinCTCI se puede dividir, en líneas generales, en dos aspectos. El primero es el de la instalación y despliegue territorial. Esta dimensión es quizás la más valorable. Se han designado las autoridades macrozonales (destacadas investigadoras en sus campos de especialización), y la idea de las “macrozonas” hasta al momento no parece haber generado el rechazo previsto. Incluso algunos instrumentos de financiamiento ya han incorporado la dimensión territorial, algo sin dudas positivo.

El segundo aspecto es el correspondiente a la dimensión más política y administrativa. Y es aquí en donde se encuentra la mayor deuda del MinCTCI hasta la fecha. Su gestión ha estado marcada por numerosas controversias. Se ha criticado la actuación de esta cartera durante el contexto del estallido social, así como en el de la disponibilidad de datos relativos al avance de la pandemia en el país (controversia que estuvo marcada por la salida de un grupo de investigadores de la “Mesa de Datos Covid-19”). Se han suscitado otras polémicas, como por ejemplo en el contexto de la transformación de CONICYT en la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID); en la suspensión del programa Becas Chile este año (en lo que fue catalogado como un contexto de “austeridad” por parte del ministro Andrés Couve); o en los últimos días, respecto a la precaria situación de los becarios y becarias en el contexto de la pandemiay la desafortunada falta de apoyo de parte de la nueva institucionalidad.

A nivel estratégico, el MinCTCI no ha impulsado aún una política científica, o al menos acciones coherentes y ambiciosas, que apunten a resolver los problemas estructurales de la ciencia chilena, como la falta de oportunidades para investigadores e investigadoras jóvenes, el carácter excesivamente competitivo de nuestro sistema científico, o el problema del subfinanciamiento crónico (que ha alcanzado su menor nivel en años, según los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional de Gasto y Personal en I+D, cayendo al 0,35% del PIB al año 2018). En este sentido, tal vez la única excepción se encuentra en la política de género que ha impulsado el ministerio, en particular junto a la ANID, un valioso avance que, desafortunadamente, aparece una iniciativa aislada, más que formar parte de una reforma orgánica del sistema científico nacional.

Cabe recordar que el MinCTCI impulsó un programa para elaborar una nueva política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (“Pensemos Juntos”). Esta iniciativa, de la cual muchas personas seguramente se enteraron solo mediante redes sociales (en lugar de a través de una convocatoria amplia y participativa), no estuvo exenta de problemas. Se esperaba que hacia abril o mayo se entregaran los resultados de este trabajo (según la información entregada en su momento), aunque nunca existió completa claridad respecto a cómo se procedería a confeccionar la política final a partir de los insumos generados por las distintas mesas, en particular las autogestionadas. Si bien el ministro Couve se refirió, durante su última cuenta pública, a una participación en este proceso que superó las mil personas, esta fue más bien acotada, limitándose al breve trabajo en mesas, guiado por insumos provistos por el ministerio, y sin oportunidades de seguimiento del trabajo técnico conducente a la política final. La ley que crea la nueva institucionalidad encarga al MinCTCI la elaboración de esta política, constituyendo quizás su responsabilidad más importante (de hecho, es la primera responsabilidad asignada al MinCTCI en la Ley 21.105, en su Artículo 4º). Durante la última cuenta pública, realizada hace cinco meses, se informó que la política se encontraba en “trámites administrativos”. La ausencia de esta carta de navegación ha implicado que todo el quehacer del MinCTCI, y por extensión el de la ANID, ha ocurrido por un año sin esta guía orientadora.

Otra de las decepciones generadas por el nuevo ministerio viene de una visible falta de consideración hacia el proceso (y en particular hacia sus actores, personales e institucionales) que llevó a su creación. La propia ley que crea la nueva institucionalidad introduce las ideas de mayor diversidad y participación, en particular en lo relativo a la composición del renovado “Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”. Pese a este ideal de “renovación” (reflejado en especial en el Artículo 19º de la Ley 21.105), este consejo es liderado actualmente por Álvaro Fischer, quien —independientemente de sus méritos personales— ha estado ligado al consejo por más de diez años. Algo similar ocurre con el recientemente creado Consejo Asesor Ministerial, el cual se habría beneficiado de una mayor diversidad de miradas y sectores. Sin embargo, este incluye a integrantes que (de nuevo, independiente de los méritos de cada uno de ellos) pertenecen solo a cierto rango etario y solo a ciertas instituciones.

Resulta igualmente significativo que, hasta la fecha, el actual MinCTCI haya sido incapaz de crear un relato propio respecto al fomento de la CTI en el país. En cambio, la cartera ha sido en cierta forma “capturada” por los mismos discursos dominantes, con un fuerte sesgo economicista y desarrollista. Por mencionar solo un ejemplo, en días recientes se ha especulado sobre la eventual idea de transformar el programa Becas Chile en créditos. Esta controversia ofrecía una valiosa oportunidad para que las autoridades ministeriales destacaran de forma categórica el papel de la investigación científica en sus múltiples dimensiones (política, cultura, desarrollo social), y por ende el valor de un programa que fuese concebido bajo una lógica de fortalecimiento de las capacidades culturales y sociales del país, en adición a las económicas. Por cierto, esta misma oportunidad la podemos ver en el actual contexto sanitario, en el que se podría destacar de mejor forma la necesidad de que nuestro país mantenga un entorno de investigación de nivel mundial en el área biomédica.

En resumen, resulta difícil no concluir que este primer año del MinCTCI deja más dudas (y deudas) que certezas. Esto no implica un desmerecimiento al duro trabajo que han debido enfrentar los funcionarios y funcionarias tanto del propio ministerio como de la ANID para sacar adelante el proceso de instalación, desde luego, ni menos significa un menosprecio por los avances realizados. Sin embargo, es necesario insistir en que se requiere urgentemente de una transformación decidida de nuestro sistema científico, y este objetivo difícilmente se logrará si no abrimos las puertas del MinCTCI a una mayor diversidad de actores, ni menos si sus autoridades no asumen un papel protagónico en la creación de una narrativa más compleja y enriquecedora respecto al papel de la ciencia, en el progreso de nuestro país.

TAGS: #Ciencia #MinisterioCienciaYTecnología

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