En un par de días más estaremos imbuidos plenamente en los festejos del Bicentenario. Vastos sectores de la sociedad se preparan de diversas formas para conmemorar este aniversario y, en mayor o menor medida se sienten contribuyentes de la libertad ganada, el progreso alcanzado, la identidad construida o de todos aquellos valores exaltados en estas fechas y que se suponen ameritan la celebración. ¿Hay razones suficientes para celebrar? De buenas a primeras, y con ciertos bemoles, pareciera que sí.
En lo político, en doscientos años nuestro país ha conseguido su independencia de cualquier dominio extranjero. Al menos, en el plano formal. Aunque, en lo sustancial, seguimos siendo en buena parte dependientes del capital foráneo el cual a su vez, mediante la sinarquía de Su Majestad el lobby, persiste ejerciendo suficiente influencia sobre el poder político como para equipararlo a un cuarto o quinto poder del Estado.
Hemos crecido económicamente en estos doscientos años y sostenidamente en el último lustro hasta cuatro veces por encima de la región. Lo anterior nos debiera permitir a mediano plazo alcanzar un ingreso de veinte mil dólares per cápita, equivalente al de los países del sur europeo. Sin embargo, los trabajadores chilenos han incrementado en apenas un uno por ciento su ingreso real. Y todavía convivimos con desigualdades propias de países africanos y del sudeste asiático.
Por otra parte, existen grupos en nuestro país que poco o nada tienen que celebrar en este bicentenario. Son aquellos que aún no saborean la independencia política conseguida hace dos siglos y que no han cosechado los dividendos del mentado progreso económico. Muchos pueden sentirse excluidos en lo político o lo económico. Pero hay quienes pueden sentirse legítimamente excluidos en todos los aspectos. Y ellos, entre tantos otros, son los mapuche. Subyugados y empobrecidos han vivido desde la presencia de forasteros en su territorio, pero lamentablemente, con mayor crudeza que bajo la dominación española, desde la configuración del Estado nacional chileno. Cabe entonces preguntarse, ¿tienen los mapuche razones suficientes para celebrar el Bicentenario? Vayamos por parte.
El Bicentenario y la política y territorio mapuche
Políticamente, antes de la llegada de los españoles, los mapuche constituían un pueblo autónomo cuya extensión territorial abarcaba desde el río Limarí, por el norte, a la isla grande de Chiloé, por el sur. Los conquistadores lograron invadir el territorio ubicado al norte del río Bio-Bío y someter a sus habitantes. Si bien, en los primeros cincuenta años de conquista fueron muertos dos tercios de la población mapuche a consecuencia de las enfermedades y el enfrentamiento con los europeos, los españoles reconocieron la autonomía política y territorial del pueblo mapuche, teniendo los sucesivos parlamentos celebrados entre ambas partes el carácter de tratados internacionales entre naciones soberanas.
A contar de 1810 el Estado chileno instauró una política de asimilación del pueblo mapuche al resto de la población y de su territorio. O´Higgins reconoció su igualdad jurídica, libertad contractual y derechos de propiedad como “ciudadanos chilenos”, siendo prontamente sus tierras objeto de presiones por parte de no indígenas, las cuales fueron enajenadas mediante engaño o por precios muy por debajo de su verdadero valor. En la segunda mitad del siglo XIX, Chile emprendió el llamado proceso de “pacificación de la Araucanía”, en virtud del cual se militarizó la zona y sus tierras fueron declaradas bienes fiscales, subastadas y ocupadas por colonos tanto chilenos como extranjeros. Los mapuche fueron reducidos a no más de tres mil comunidades que en su conjunto alcanzaban apenas las quinientas mil hectáreas de un territorio original calculado en diez millones de hectáreas.
En el siglo XX, sucesivas leyes especiales transformaron el carácter comunitario que le daban los mapuche a la tierra, dividiendo las comunidades en parcelas de propiedad individual y enajenando al menos cien mil hectáreas a no indígenas que las hicieran producir. Sólo la Reforma Agraria, bajo los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, logró frenar la división de las comunidades mapuche, recuperando entre 1965 y 1972 poco más de setecientas mil hectáreas y creando el primer organismo gubernamental destinado a los asuntos indígenas, el Instituto de Desarrollo Indígena.
Sin embargo, posteriormente la dictadura de Augusto Pinochet inició un proceso de “Contrarreforma” mediante el cual se revocaron las expropiaciones efectuadas, se devolvieron los predios expropiados a los colonos y los predios de mayor aptitud forestal pertenecientes a la Corporación de Reforma Agraria (CORA) fueron traspasados a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la cual los subastó a empresas forestales a precios ínfimos. El tiro de gracia vino en 1979 cuando, mediante dos decretos leyes, se reanudó el proceso de parcelación individual de las comunidades, desconociendo una vez inscritas las parcelas su carácter de tierras indígenas, y la calidad de indígenas de sus propietarios. Mención aparte merecen las decenas de mapuche muertos o desaparecidos por los organismos de represión de la dictadura.
Un punto de inflexión constituyó la promulgación en 1993, bajo la presidencia de Patricio Aylwin, de la ley 19.253 que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Si bien la CONADI ha desarrollado un conjunto de políticas públicas en pos de la materialización de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas por la legislación chilena, aún no se ha verificado en su seno una real participación indígena, como tampoco en la preservación del patrimonio cultural y natural mapuche.
En materias de derechos de tierras y de aguas, la CONADI, en conjunto con otros organismos gubernamentales (Ministerio de Bienes Nacionales, Dirección General de Aguas, etc.) ha puesto en marcha iniciativas tendientes a la ampliación, protección, regularización y transferencia de las tierras mapuche, así como a la adquisición y saneamiento de sus derechos de aprovechamiento de aguas. No obstante, dichos esfuerzos apenas representan un tercio de las demandas de tierras del pueblo mapuche.
El fondo del problema radicaría en una insuficiente dotación presupuestaria por parte del Estado para el desarrollo de estas políticas públicas, especulación por parte de sus propietarios del valor de las tierras en conflicto y ausencia de apoyo técnico y productivo a los mapuche beneficiarios.
En los últimos años se observa la intensificación de las manifestaciones del pueblo mapuche, principalmente en las regiones del Bio-Bío al sur, y el recrudecimiento de los hechos de violencia en la zona. El Estado chileno ha reprimido estas manifestaciones a través de las fuerzas policiales, las cuales han hecho uso de violencia innecesaria contra los pueblos indígenas, llegando inclusive a la conculcación de derechos y muerte de menores de edad. Judicialmente, además, el Estado ha perseguido la responsabilidad penal de indígenas involucrados en hechos de violencia sometiéndolos al conocimiento de la justicia militar, pese a su condición de civiles, y solicitando la aplicación de legislación especial de carácter antiterrorista.
Todo lo anterior riñe con las recomendaciones y observaciones hechas al Estado de Chile por las Naciones Unidas a través del Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura.
Asimismo, en cuanto a los derechos políticos de las comunidades indígenas, el Estado chileno aún está al debe en la plena implementación de las recomendaciones en la materia hechas por el Relator especial de las Naciones Unidas y de los mandatos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes. Todavía, además, “duerme” en el Parlamento el proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas. Y tampoco se han materializado a la fecha las propuestas hechas por la Comisión de Verdad y Nuevo Trato que apuntan a la participación y representación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, en los Consejos Regionales y en los Concejos Municipales.
El Bicentenario y la economía mapuche
En el ámbito económico, durante el período precolombino los mapuche desarrollaban actividades de caza, pesca, recolección y una horticultura rudimentaria. Gracias al influjo incaico, los pikunche (los mapuche que habitaban al norte del Bio-Bío) incorporaron la agricultura y las técnicas de irrigación. Una vez llegados los españoles, el contacto de los mapuche con éstos transformó sus actividades de subsistencia, adoptando la ganadería y el comercio. Posteriormente, ya constituido el Estado chileno, el proceso de “pacificación de la Araucanía” y la consecuencial reducción de los mapuche en comunidades los volvió sedentarios y los hizo pasar de ganaderos a agricultores. Después, durante la Reforma Agraria, la CORA apoyó la tecnificación y el desarrollo productivo de los predios expropiados a favor de los mapuche, mediante programas de cultivo, de ganadería, de leche y de forestación de tierras erosionadas.
Luego, la política de parcelación individual de las comunidades mapuche llevada a cabo por la dictadura militar mermó la capacidad productiva la población mapuche rural y los empobreció, llevándolos a migrar a la ciudad. Actualmente, ocho de cada diez mapuche han migrado a los centros urbanos.
Cabe señalar que las reformas económicas neoliberales introducidas durante este período posibilitaron el desarrollo hasta el día de hoy de proyectos de inversión, principalmente de explotación de recursos naturales, por parte de no indígenas en tierras mapuche, con la participación directa o el aval del Estado chileno. Un decreto ley del año 1974, y renovado por quince años más bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, exime del pago de impuestos y subsidia a las empresas forestales, reintegrándole un 75 por ciento de su costo, más costos de operación.
Impulsados por dicha normativa, hoy existen en el país alrededor de dos millones de hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales un millón y medio se encuentran en territorios ancestrales mapuche entre el Bio-Bío y Chiloé, y un millón en manos de dos empresas forestales, Arauco y Mininco. La plantación de especies exóticas ha conllevado graves consecuencias ambientales como la pérdida de la biodiversidad, la erosión y el secado de las aguas.
Más tarde, a finales de los años ochenta, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), privatizada bajo la dictadura de Pinochet, dio inicio a proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas en el Alto Bio-Bío, territorio ancestral poblado por los pehuenche (los mapuche que habitaban la cordillera de los Andes al sur de Antuco) y dotado de uno de los ecosistemas más privilegiados del planeta. Organismos internacionales tales como el Banco Mundial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dado cuenta de irregularidades y trasgresiones a la normativa ambiental y de protección de los derechos de las comunidades indígenas en la construcción de las centrales Pangue y Ralco.
Estos proyectos implicaron consecuencias sociales y culturales en las comunidades pehuenche, como su reasentamiento involuntario, divisiones intestinas de la comunidad y el cambio en sus patrones de subsistencia económica.
Más al sur, los lafkenche (los mapuche que habitan la costa al oeste de la cordillera de Nahuelbuta), cuya economía se sustenta en la pesca artesanal, se han visto dañados por la sobreexplotación de las especies marítimas por parte de las grandes empresas pesqueras, la cual en veinte años pasó de capturar novecientas mil toneladas a más de ocho millones de toneladas. Además, la normativa pesquera y acuícola del Estado chileno no les ha reconocido su subjetividad para adquirir derechos sobre áreas de manejo y explotación de recursos dentro de una franja costera de cinco millas y aguas interiores, y en el caso de obtener una concesión sobre dichas áreas, está sería gravada, desconociendo sus derechos ancestrales de uso del borde costero y sus recursos, lo cual contraviene las tendencias del derecho internacional en dicha materia.
Por su parte, las comunidades huilliche (los mapuche que habitan al sur del río Toltén) han sufrido el indiscriminado crecimiento de la acuicultura y sus consecuencias sobre la sustentabilidad del ecosistema marino, y con la instalación de plantas de almacenamiento de combustibles y productoras de aceite y harina de pescado y su impacto sobre el medio ambiente y su propia calidad de vida.
En los últimos años, una nueva amenaza se ha cernido sobre las comunidades mapuche: el desarrollo de proyectos de infraestructura vial en áreas de enorme riqueza cultural y natural de su pueblo. Uno de ellos, la carretera de la Costa atraviesa zonas de alta densidad de comunidades lafkenche y huilliche tales como el lago Budi en la región de la Araucanía y de San Juan de la Costa en la región de Los Ríos. La construcción de esta vía se inició en 1995, sin contar con los estudios de preinversión ni las evaluaciones de impacto ambiental que impone la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
Otro proyecto de alto impacto sobre las comunidades mapuche es el denominado bypass de Temuco, inaugurado en 2002, cuyo trazado afecta a decenas de comunidades huenteche (los mapuche que habitan la precordillera de los Andes al sur del río Bio-Bío), interviniendo sitios sagrados para el pueblo mapuche.
El Estado chileno y los mapuche con miras al Tricentenario
A la llegada de los españoles, los mapuche eran alrededor de un millón de personas. Su exterminio durante la Colonia, asimilación al resto del país y segregación durante el siglo XIX, y su posterior migración a las ciudades y mixtura cultural durante el siglo pasado, han tenido como consecuencia que hoy, según el último censo, se reconocen como mapuche no más de 605 mil personas.
Como podemos ver, largamente durante sus doscientos años de existencia, el Estado chileno ha negado a los mapuche su condición de pueblo étnica y culturalmente diferente. Las políticas indígenas de Chile, en su mayoría, se han restringido al plano meramente territorial, usurpando por largo tiempo sus tierras hasta diezmarlos, y en los últimos años restituyéndole parte de sus terrenos ancestrales, lo cual, no obstante, no ha satisfecho a plenitud las demandas del pueblo mapuche ni ha logrado una ansiada paz social efectiva y duradera en las zonas del Bio-Bío al sur. Tema aparte es la casi inexistencia en doscientos años de políticas en el ámbito cultural del pueblo mapuche.
A doscientos años de Estado republicano en Chile, el balance deja más sinsabores que alegrías, tremendos retrocesos en lugar de importantes avances. No obstante, no debemos perder la esperanza, y con miras al Tricentenario, se vuelve imperativo que el Estado y la sociedad civil chilena se hagan cargo de los requerimientos del pueblo mapuche y de su integral y armónico desarrollo.
En lo político, puesto que pese a que han sido diezmados, los mapuche constituyen más del noventa por ciento de la población indígena aún existente en el país. En lo económico, puesto que la situación de pobreza de muchas chilenas y chilenos en la actualidad se encuentra íntimamente ligada a su condición de indígena. Y en lo cultural, porque más allá de lo icónico y cliché que ya suenan Caupolicán, Galvarino o Lautaro, los doscientos años de historia republicana de Chile se asientan sobre los cimientos de muchas más centurias de legado indígena. No habrá Chile sin los mapuche, ni habrán los mapuche sin Chile.
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Imagen: Commons
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