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¿Protegiendo el trabajo o el capital?

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Por eso, la propuesta del gobierno de “proteger el empleo” cuando explote la crisis, permitiendo a los trabajadores pactar con sus empleadores para trabajar media jornada recibiendo 75% del salario (50% a cargo del empleador y 25% del seguro de cesantía) y usando el resto del tiempo para capacitarse, no hace más que flexibilizar un mercado laboral que ya está excesivamente flexibilizado.

Si la autoridad de la cartera del trabajo asegura en abril que el país tiene “pleno empleo” (a pesar de los 500 mil subempleados) y dos meses después –sin deterioro de las cifras mediante- promueve un proyecto de ley que reduce  la jornada y el salario, supuestamente para proteger el empleo frente a los coletazos de la crisis europea, más que frente a una política pública coherente, lo que aquí tenemos es una estrategia política que busca utilizar la crisis como excusa para frenar reivindicaciones económicas.

No es casualidad que esta propuesta surja justo en momentos en que se debate la necesidad de subir significativamente el sueldo mínimo, dada la cada vez mayor conciencia de la escandalosa desigualdad del ingreso y, más aún, cuando los precios de productos de primera necesidad como los alimentos, han subido considerablemente. Porque, aunque la inflación se encuentre aparentemente controlada, el IPC de los pobres, no.

Según la CUT, el sueldo mínimo debiera alcanzar los $250 mil, cifra considerada como el “ingreso ético”, que permitiría a una persona cubrir sus necesidades básicas y que incluso fue parte del discurso de Piñera durante la campaña presidencial.

El propio Subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, reconoció en febrero que ése es el monto en torno al cual debiese llegar el salario mínimo, ganándose la inmediata desautorización por parte de la ministra Matthei, que en tono de broma lo acusó de querer destruir los empleos que se estaban generando.

Tal vez sea cuestión de familia, porque su hermano Benito, Presidente de América Solidaria, emplazó al ministro de Economía a responder si prefiere los bonos a un salario justo y sostuvo que justicia es que, al menos, el salario permita salir de la pobreza. Claro, porque los bonos que tienen al gobierno celebrando un aumento de 7 puntos en la última Adimark son ocasionales, por una vez, pero la mala calidad del empleo en Chile es permanente.

En un país donde el 76% de los y las trabajadoras tiene un salario líquido menor a $350 mil, el empleo actual -en la gran mayoría de los casos- en vez de movilidad social, produce precariedad y pobreza. Se da la paradoja de que no hay que ser desempleado para ser pobre; basta tener un empleo de mala calidad.

Por eso, la propuesta del gobierno de “proteger el empleo” cuando explote la crisis, permitiendo a los trabajadores pactar con sus empleadores para trabajar media jornada recibiendo 75% del salario (50% a cargo del empleador y 25% del seguro de cesantía) y usando el resto del tiempo para capacitarse, no hace más que flexibilizar un mercado laboral que ya está excesivamente flexibilizado.

El proyecto de Hacienda y Trabajo busca evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo frente a las crisis económicas (que cada vez son más profundas y seguidas en el tiempo), pero se basa en el supuesto irreal de que el/la trabajador/a tiene real capacidad de negociación con el empleador. Cuestión que claramente no tiene, en un modelo donde la baja sindicalización y las restricciones al derecho a huelga y negociación colectiva, no hacen de la tensión trabajo-capital una relación precisamente equilibrada.

Dado que el “permiso” se aplicaría por un plazo máximo de cinco meses, cabe preguntarse si el o la trabajadora tendrá posibilidades reales de recuperar el 25% de su jornada y su salario cuando los chaparrones amainen. Además, difícilmente el “tiempo libre” que le quedaría al/a trabajador/a para capacitarse lo pueda utilizar en ello, cuando la urgencia estaría en buscar otro mecanismo que le permita completar los ingresos perdidos. No está de más recordar que las personas no trabajan por hobby.

Asimismo, implicaría un beneficio sólo para quienes cuenten con contrato indefinido, cuando la realidad recuerda que un millón 100 mil trabajadores/as asalariados/as no tienen contrato. Contrariamente, los empleos que primero se pierden son los más precarios, inestables, sin contrato ni cotizaciones, por lo tanto, sin derecho al seguro de cesantía, que es la base de la propuesta gubernamental.

Otro aspecto a analizar críticamente es la idea de echar mano del Fondo de Cesantía (el mismo que está considerado en el anunciado y aún desconocido proyecto de ley sobre sala cuna), que, aunque tiene importantes recursos acumulados, aún no se conoce su capacidad de reacción, dado lo nuevo del mecanismo. Si efectivamente el recurso se usa en casos de cesantía total y además en reducción de salario, habrá que ver si resiste adecuadamente.

Que el Ministro de Hacienda haya confirmado el envío del proyecto de ley al Congreso durante esta semana, mientras el vocero de gobierno asegurara que está en fase de estudio, seguramente responde a la reacción de rechazo que ha generado esta medida en el mundo político y sindical. Como sabemos, ya se ha vuelto una tradición que el gobierno sólo anuncie los proyectos (enviándolos incluso meses después de los anuncios), evalúe su impacto y de acuerdo a éste, decida el ritmo y tenor de las iniciativas legislativas.

Extrañamente, el Ministro de Hacienda sostiene que el proyecto “está inspirado en el documento que nos dieron la CUT y la CPC”, mientras la CUT asegura no haber sido llamada a la elaboración del proyecto, pero anuncia que promoverá indicaciones en el Congreso. En todo caso, el tenor paupérrimo del acuerdo CUT-CPC abre la puerta, justamente, a esas interpretaciones gubernamentales.

En definitiva, no será necesario que se llame al comité de expertos contemplado en el proyecto para determinar si existen las condiciones para activar la medida, porque con las ideas que está dando el gobierno a los empresarios y que éstos sostenidamente han aplicado en cada crisis, probablemente ésta no será la excepción: reducir el salario en tiempos de desaceleración económica busca abaratar lo que le cuesta el trabajo al capital.

La flexibilidad del mercado del trabajo es una herencia de las reformas laborales de la dictadura. Es así que las “necesidades de la empresa” son las primeras a las que los empleadores echan mano para despedir trabajadores/as cuando quieren ajustar costos, dada la ambigüedad y amplitud del resquicio.

Y ni las contratas se salvan en el Estado, que dicho sea de paso es uno de los peores empleadores con un número excesivo de trabajadores/as a honorarios, sin derechos laborales, generando en la práctica funcionarios de primera y segunda categoría. Las contratas que se renuevan anualmente, provocando angustia e incertidumbre cada fin de año al no tener certeza de mantener el empleo al año siguiente, tienen incorporada la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, lo que permite el despido de los/as funcionarios/as con una mano por delante y otra por detrás, después de haber trabajado años e, incluso, décadas en el Estado.

Frente a esta medida que busca un grado de flexibilización aún mayor del mercado del trabajo y que podría implicar abusos de parte de los empleadores, una vez conocido el detalle del proyecto, habría que constatar si la reducción a tres cuartos del salario implicaría o no un retroceso en derechos ya adquiridos a una jornada de trabajo y una remuneración determinadas en el contrato de trabajo. Aunque la reducción sea un pacto entre empleador y empleado/a, ya sabemos que este último lo más probable es que se vea obligado a limitar su empleo, a excusa de “cuidarlo”.

Sorprende que tras los importantes réditos de popularidad que recibió el gobierno anterior tras apostar a medidas contracícilicas y a proteger el empleo durante la crisis del 2008, el actual gobierno impulse un polémico proyecto de ley que puede implicar una nueva torpeza política, lo que explicaría por qué Chadwick parece estar reculando. Lejos de salir de la crisis recortando, la experiencia reciente indica que habría que hacerlo invirtiendo recursos públicos y cuidando verdaderamente el trabajo más que el capital.

*Publicado originalmente en El Mostrador

**Marisol Aguila Bettancourt Periodista, Magíster© en Ciencia Política y Magíster© en Gobierno y Gerencia Pública

@aguilatop

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Foto: Diego Martin / Licencia CC

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