Hacia una Ley Integral de Salud Mental: Una urgencia nacional

La salud mental se ha situado como uno de los mayores desafíos de salud pública, tanto a nivel global como en Chile. Según el «Monitor de Servicios de Salud Ipsos 2024″, un impactante 69% de los chilenos considera la salud mental el problema de salud más grave, posicionando a Chile como el país más consciente de esta crisis. Sin embargo, esta preocupación no se ha traducido plenamente en políticas públicas efectivas.

Es evidente que el sistema de salud nacional enfrenta serias deficiencias. Un 78% de los encuestados opina que muchas personas no pueden acceder a una atención adecuada debido a los costos, mientras que el 75% critica los largos tiempos de espera. Esta combinación de barreras financieras y estructurales refuerza la percepción del 65% de que el sistema de salud está desbordado. Estos datos constituyen un llamado urgente a abordar los problemas de fondo.

Durante el mes de agosto se inició la tramitación en el Senado del nuevo «Proyecto Integral de Salud Mental», presentado por el Ejecutivo. Este proyecto busca consolidar y mejorar la respuesta del sistema de salud a la creciente demanda de atención en salud mental, e incluye elementos muy positivos. Entre ellos, destaca la orientación hacia una red de salud mental integrada y centrada en la atención primaria, lo que implica un avance hacia la desinstitucionalización.

Otro aspecto relevante es la alineación de la legislación con normativas internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto representa un compromiso con los derechos humanos y una visión más inclusiva hacia las personas que requieren apoyo en este ámbito.

69% de los chilenos considera la salud mental el problema de salud más grave, posicionando a Chile como el país más consciente de esta crisis. Sin embargo, esta preocupación no se ha traducido plenamente en políticas públicas efectivas

No obstante, uno de los puntos críticos es la falta de claridad sobre el financiamiento. A pesar de los aspectos progresistas de la ley, no se especifica cómo se financiarán los cambios propuestos, lo que constituye un gran obstáculo para su implementación. La experiencia internacional muestra que las leyes de salud mental exitosas no solo dependen de buenas intenciones o marcos normativos, sino también de una adecuada asignación de recursos. En este sentido, la OMS sugiere que los países deben destinar un porcentaje mínimo de su gasto en salud a la salud mental, y es imperativo que Chile siga esta recomendación. Además, el financiamiento debe incluir partidas específicas para la prevención, un área esencial para reducir el impacto de la enfermedad mental y los suicidios.

Chile se encuentra en una encrucijada. La salud mental ha dejado de ser un tema de segundo orden y se ha convertido en una prioridad urgente. El «Proyecto Integral de Salud Mental» es un paso en la dirección correcta, pero para que sea verdaderamente transformador, se debe garantizar un financiamiento adecuado y una planificación efectiva. Solo así podremos aspirar a un sistema de salud mental más justo, accesible y eficiente, que realmente responda a las necesidades de la población.

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Jorge Calderón Villarroel

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