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Introducción
La gestión de residuos sólidos en Chile enfrenta graves deficiencias estructurales que impiden su evolución hacia un modelo verdaderamente sustentable. Aunque se han dado pasos importantes —como la promulgación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP)—, falta una política pública integrada que articule principios técnicos, económicos y ecológicos.
El discurso dominante privilegia soluciones tecnológicas con términos como “economía circular” o “inteligencia artificial aplicada al reciclaje”, proyectando modernidad pero desconectado de la realidad operativa en los territorios. Muchas municipalidades no cuentan con cobertura total de recolección, camiones adecuados, ni personal capacitado, mientras los vertederos ilegales y la basura en calles siguen siendo una realidad cotidiana.
El entusiasmo por la innovación tecnológica muchas veces invisibiliza necesidades básicas, como la renovación de flotas, infraestructura o plantas de transferencia. Además, algunas de estas tecnologías, aunque presentadas como “limpias”, demandan alta inversión, consumo energético y generan nuevos impactos ambientales, como en el caso de la valorización térmica.
Los objetivos
Este artículo busca contribuir a la formación de profesionales —ingenieros, ambientalistas, médicos, gestores y tomadores de decisiones— que puedan impulsar una gestión más eficiente y justa de los residuos sólidos domiciliarios. No se trata solo de combatir la basura visible, sino de enfrentar un modelo que sostiene niveles alarmantes de suciedad y genera costos sanitarios y ambientales inasumibles para un país con el desarrollo que Chile ha alcanzado.
El servicio es financiado por los municipios, sin que los ciudadanos asuman el costo real de su generación. No hay incentivo para reducir residuos, mientras los municipios desvían fondos desde educación o salud. Esta situación, además de insostenible, socava la eficiencia del sistema y perpetúa un esquema donde el generador queda fuera de la ecuación tarifaria.
Cambio hacia enfoque holístico
Una solución real requiere abordar la gestión de residuos desde un enfoque holístico, técnico e histórico. Este enfoque reconoce que no basta con adoptar tecnologías aisladas, sino que es necesario considerar la interdependencia entre factores tecnológicos, jurídicos, económicos, sociales y ambientales.
Figura 1. Componentes interconectados de una política ambiental integral para la gestión de residuos sólidos. Cada vértice (multidimensional), representa una dimensión que debe ser considerada de forma individual y en sus relaciones con las demás (interdependencia). Pues no solo hay relaciones sino también hay claras dependencia. Por ejemplo, Gestión = d(tecnológica, jurídica, económica..)
Durante los años 90, se introdujo el enfoque sistémico, pero sin alcanzar una integración plena. Hoy, la privatización del servicio, los débiles encadenamientos productivos y la falta de innovación local dificultan la construcción de una verdadera economía circular. Tal vez el término más realista sería “economía semicircular”, dada la precariedad de nuestras capacidades productivas.
Necesidad de una política
La inexistencia de una política nacional clara ha impedido orientar y coordinar esfuerzos en materia de residuos sólidos. La Ley REP apunta a regular productos prioritarios, pero no impulsa la creación de capacidades productivas locales. El reciclaje, por ejemplo, no tiene una industria que valore los materiales recuperados ni diseñe productos reciclables con enfoque ecosistémico.
Salvo iniciativas universitarias o emprendimientos aislados, no se observa un esfuerzo estructural por fomentar el ecodiseño, el reciclaje de alto valor o la reconversión de industrias. Tampoco se ha aprovechado la experiencia acumulada en el tratamiento de residuos orgánicos, que sigue siendo abordado sin profundidad técnica ni ecosistémica, como evidencia la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO, 2017).
La gestión de residuos sólidos en Chile necesita una reforma estructural que combine capacidad técnica, participación ciudadana y una política pública sustentada en principios ambientales modernos y justicia social
Además, no se diferencia adecuadamente entre prácticas como el compost y el humus, ni se considera que el uso de tierra de hoja extraída de bosques urbanos conlleva una grave degradación ambiental. Las políticas deben partir del conocimiento del contexto histórico y operativo.
La herramienta económica
Uno de los pilares ausentes en la gestión de residuos es una herramienta económica efectiva y justa. El principio de “quien contamina paga” no se cumple, ya que ningún usuario paga según la cantidad de residuos que genera. Las municipalidades negocian con empresas en mercados concesionados, sin fiscalización técnica ni instrumentos tarifarios adecuados.
La relación económica se establece entre municipio y empresa, dejando al ciudadano —el verdadero generador— fuera del sistema tarifario. Este modelo se enfoca más en transferir recursos a operadores que en promover eficiencia, sostenibilidad o responsabilidad ambiental.
La experiencia de los servicios sanitarios y eléctricos muestra que sí es posible estructurar sistemas tarifarios eficientes, basados en el consumo real y supervisados por entidades técnicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Esta aplica el principio precautorio y regula mediante la figura de la empresa modelo, que simula el comportamiento óptimo de una empresa prestadora. Este modelo es replicable para la gestión de residuos.
Conclusión
La gestión de residuos sólidos sigue siendo uno de los temas más postergados en la política pública chilena. A pesar de su impacto sanitario, ambiental y económico, no ha logrado consolidar un modelo eficiente, justo ni sustentable.
El modelo actual, basado en concesiones monopólicas sin regulación efectiva ni participación ciudadana, está muy lejos de los estándares alcanzados por otros servicios públicos. Chile necesita avanzar hacia un modelo público o mixto, respaldado por un marco institucional fuerte, que contemple tarifas justas, una empresa modelo, y principios ambientales modernos como “quien contamina paga”, proximidad y precaución.
El Estado debe dejar de ser un simple regulador pasivo. Debe asumir un rol protagónico en la reorganización del sistema, dotándolo de herramientas técnicas, normativas y financieras. Solo así se podrá garantizar un entorno limpio, justo y sostenible, a la altura de los desafíos del siglo XXI y de una ciudadanía que exige dignidad y calidad de vida.
Hernán Durán de la Fuente
Presidente Comisión de Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros de Chile
Profesor del Diplomado de Gestión Ambiental de Gestión Ambientalmente Adecuada de los Residuos Sólidos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
Presidente de eco-ingeniería sustentable e inversiones Ltda
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