La labor fiscalizadora de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, ha sido notable. En el último tiempo ha expuesto un desorden administrativo de proporciones, que involucra a servicios públicos auditados entre 2024 y marzo de 2025, con cifras que alcanzan los $1,5 billones. A esto se suman escándalos como las 25.000 licencias médicas falsas utilizadas para vacacionar en el extranjero.
La mayoría de los actores públicos —empresarios, ciudadanía y partidos políticos— han celebrado esta acción fiscalizadora, aunque algunos de ellos, por sus antecedentes, podrían ser catalogados como «pillines». Es una muestra de que la corrupción no es nueva, pero hoy es más visible.
Gracias a los avances tecnológicos, como la Inteligencia Artificial, redes sociales y teléfonos móviles, se ha vuelto más fácil identificar a quienes burlan las reglas para obtener ventajas indebidas o beneficios del Estado. Antes, muchos fraudes prescribían sin consecuencias. Hoy, si hay voluntad, como la que ha demostrado la Contraloría, es posible enfrentarlos.
En nuestra experiencia, hemos documentado que las municipalidades son los entes públicos con menor capacidad de control. Particularmente, las Direcciones de Obras Municipales (DOM) se han convertido en verdaderos focos de corrupción y negligencia. Muchas veces, los alcaldes son reticentes a fiscalizar o incluso colaboran en los desfalcos, especialmente mediante corporaciones municipales. Casos recientes en Las Condes e Iquique lo confirman.
Recomendamos revisar la crónica del Diario Financiero (18 de junio de 2025) sobre Iquique, donde se denuncian permisos de edificación irregulares.
La normativa exige que en comunas con más de 40.000 habitantes el cargo de DOM lo ejerzan arquitectos o ingenieros civiles. Sin embargo, por excusas injustificables, no siempre es así. En Alto Hospicio, con más de 150.000 habitantes, ese puesto lo ocupa una persona sin el título requerido. El alcalde podría decir que no hay profesionales disponibles, pero en Iquique hay muchos, y solo está a 13 kilómetros.
La corrupción no es nueva, pero hoy es más visible y, gracias a la tecnología, es más difícil de ocultar
Le proponemos al alcalde Patricio Ferreira cumplir la ley y contratar un profesional competente. El trayecto diario entre ambas comunas no es impedimento.
No todo es negativo: destacamos el buen desempeño de algunos DOM como los arquitectos Yuri Rodríguez (Casablanca), Joan Saavedra (Viña del Mar) y Paola Fuenzalida (Pudahuel). Para fortalecer estas instituciones, sería recomendable que todos los DOM ingresaran mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, con contratos de planta y meritocracia.
Post scriptum: Recomendamos al ministro Carlos Montes exigir que todas las municipalidades tengan Planes Reguladores Comunales (PRC). Actualmente, el 25% de las 346 comunas del país carece de uno, lo que facilita arbitrariedades urbanas.
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