La Teletón y la solidaridad

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No corresponde transformar las necesidades y urgencias de los chilenos en un espectáculo mediático donde quienes abusan diariamente hagan performance de santos. No es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que se disfrace de gesta nacional o de interés público el afán de lucro y la ostentación de unos pocos.

Luego del terremoto, el gobierno de Sebastián Piñera fue cuestionado por adjudicar la reconstrucción a tres empresas sin realizar un proceso de licitación. Gracias al Decreto Supremo Nº 509 de 1983, tres empresas del retail (Easy, Home Center y Construmar) se embolsarían más de 8 mil millones de pesos. Por su parte, Cencosud evadía cargas aduaneras pasando por “ayuda humanitaria” aquello que en realidad le estaba vendiendo al Estado. Estos hechos mostraron la enorme capacidad que tiene el gran empresariado para convertir en oportunidad de negocio hasta las más terribles tragedias.

Esas mismas empresas (y muchas otras) asistirán dentro de las próximas semanas a una nueva versión de la Teletón. La existencia de la Teletón, desde 1978 hasta el día de hoy, habla de un Estado que en 34 años ha sido incapaz de generar una política adecuada para hacerse cargo de la discapacidad de nuestros compatriotas.

La potencia simbólica de la Teletón ha sido enorme. Ha resignificado el concepto de la solidaridad con elementos que son más propios de la caridad y la limosna. Nada más alejado de la solidaridad que la práctica de la Teletón.

La solidaridad social implica ante todo un cierto grado de correspondencia con el concepto de justicia social. Según este enfoque, la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar general, poniendo especial atención sobre aquellos peor situados. Para ello se crean sistemas sociales que buscan, por ejemplo: que la población económicamente activa sostenga a las generaciones que le precedieron en la producción de riqueza; que los sanos contribuyan al bienestar de los enfermos; que los ricos paguen con sus impuestos los derechos sociales de la población, etcétera.

En lugar de ello, la elite política chilena se presta para un espectáculo en el cual pedimos a los mismos empresarios que se niegan a pagar impuestos que se metan la mano al bolsillo para repartir limosna. ¿No sería acaso más adecuado y justo exigirles que paguen impuestos con los cuales la sociedad pueda hacerse cargo de este y otros asuntos propios del bienestar?

Peor aún, exigimos solidaridad una vez al año a quienes el resto de los días del calendario se caracterizan justamente por lo contrario: abusar de los trabajadores y los consumidores. ¿No es ese el caso de Farmacias Ahumada, cuyo director es también parte del directorio de la Fundación Teletón? Farmacias Ahumada(FASA) se coludió con otras cadenas para elevar los precios de más de 200 productos demostrando que, desde luego, lo suyo no es contribuir a la salud de los chilenos sino a los bolsillos de sus accionistas. Sin embargo, su director es parte de Fundación Teletón junto a un socio fundador de Clínica Las Condes. Y si hablamos de lucro a costa de los derechos de los chilenos, ¿no es también el rubro en el que se desempeña Empresas Ripley, cuyo Gerente General Corporativo es parte del directorio de Teletón? En Ripley, los trabajadores iniciaron una nueva huelga en septiembre de este año para exigir aumentos salariales. Pese a las enormes utilidades que la empresa registraba este año ($55.295 millones), esta se negaba a aumentar los salarios (en su lugar ofrecía beneficios de 1.600 pesos para alimentación y locomoción). Según sus trabajadores, la intención de los gerentes era forzarlos a la huelga y hacer uso de las ventajas que la legislación laboral otorga a los patrones (por ejemplo, recurrir a esquiroles). Pero Fundación Teletón recluta gerentes de Ripley para gestionar la solidaridad.

Sin lugar a dudas, quién debe encarnar mejor los valores de una institución es el presidente del directorio. En Fundación Teletón, este cargo recae en el principal accionista del Grupo Penta, don Carlos Alberto Délano. Reconocido como uno de los holdings más grandes de nuestro país, el Grupo Penta tiene sus principales inversiones en el rubro de las AFP’s, las Isapres, los seguros y el sector financiero.

Las AFP´s y las Isapres son sistemas reconocidos precisamente por no cumplir con criterios mínimos de justicia y solidaridad, discriminando a los usuarios según riesgo (mujeres en edad fértil, personas enfermas, etcétera). Es decir, no cumplen con lo que se supone es su cometido, la protección. En 2011 un menor con discapacidad auditiva tuvo que someter a juicio a Isapre Vida Tres (controlada precisamente por el Grupo Penta de Carlos Alberto Délano) para que esta cubriera el implante del sistema auditivo sugerida por los médicos.

Parte de lo anterior se explica porque las Isapres no están hechas para el bienestar de las personas sino para el enriquecimiento de sus propios dueños. Lo mismo vale para el sistema de AFP’s (vea usted cuánto pierden los trabajadores y cuánto ganan estos sistemas privados). Quien lucra de manera usurera con la salud y el trabajo de los chilenos encabeza, sin embargo, el directorio de una fundación que figura como ejemplo de solidaridad.

Si hemos de juzgar a una institución por quienes conforman su directorio, llegaríamos a la conclusión obvia que el afán de lucro es el principal motor y valor institucional de Fundación Teletón.

Si hilamos algo más fino y abordamos sus prácticas, llegaríamos nuevamente a la misma conclusión: ¿las donaciones a Teletón no permiten acaso eximir de impuestos a las grandes empresas? ¿No son las “27 horas de amor” una cruzada para arengar a los chilenos a iniciar un consumo frenético rentable para las empresas patrocinadoras? (publicidad gratuita y en cadena nacional).

No corresponde transformar las necesidades y urgencias de los chilenos en un espectáculo mediático donde quienes abusan diariamente hagan performance de santos. No es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que se disfrace de gesta nacional o de interés público el afán de lucro y la ostentación de unos pocos.

Nuevamente ¿No sería más apropiado cobrar impuestos a quienes se llevan una proporción mayor del producto nacional? ¿No contribuiría ello de mejor forma a crear un sistema público que haga de la salud un derecho y no un área para el negocio y la limosna?

Criticar la Teletón se ha transformado maliciosamente en un sacrilegio. Quien se permite proponer una política seria es atacado como si fuese un enemigo de la infancia y los discapacitados. Se trata sin embargo de todo lo contrario. Debemos asumir que la responsabilidad por el bienestar de nuestros compatriotas nos cabe a todos como sociedad. Para ello, debe organizarse un sistema que asegure la solidaridad social en términos sistémicos (la perspectiva de derechos, en contraposición a la noción de caridad).

Algunos datos

En Chile hay 1.625.000 personas con discapacidad en edad de trabajar. Existe un 90% de cesantía en este universo de potenciales trabajadores (en otras palabras, muchos de aquellos que donan “solidariamente” a la Teletón no contratan discapacitados). El 9% de los discapacitados trabaja en labores informales (vendedor ambulante o a tiempo parcial). Solo el 1% encuentra un trabajo con contrato laboral.

El 56% de las personas con discapacidad es indigente. El 94% de los discapacitados no ha recibido rehabilitación integral. El 81% vive con una Pensión Básica Solidaria de Invalidez de $75.000 mensuales. El 19% no califica para obtener Pensión Básica Solidaria ni tiene trabajo. Un 42% no culmina la educación Básica 

(Fuente: Fundación Nacional de Discapacitados).