Quienes desde la academia han apuntado a que no existe una vía institucional para convocar a una Asamblea Constituyente obvian aspectos relevantes. El primero, que precisamente ese es uno de los argumentos que hace necesario democratizar la Constitución, al no estar nuestro principal texto rector en línea con principios profundamente democráticos.
Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Una que represente el sentir mayoritario de los chilenos y chilenas en los ámbitos esenciales del país. En concreto, un nuevo pacto social basado en principios por la mayoría compartidos. Que legue un Chile mejor a las generaciones futuras, hoy por hoy una obligación, dado el alto nivel de movilización que existe por los más disímiles temas (aunque la mayoría basados en el rechazo a la mercantilización de prácticamente todos los bienes y servicios públicos) y la falta de legitimidad de nuestros representantes políticos.
Una verdad que sustenta la democracia es que todo pueblo tiene el derecho original de darse el ordenamiento que mejor le represente. Aquello no ocurre con la Constitución que nos rige y que ha sido modificada sólo en la medida que ella misma lo permite, corsé basado en el sistema binominal que genera sobrerrepresentación de los grupos que la quieren preservar, y que lo logran por los quórum supramayoritarios que exige tal tarea.
Ya se han alzado voces para expresar su rechazo a la idea de una Asamblea Constituyente. Algunas de carácter político y otras de tipo jurídico.
Entre las primeras están las de importantes representantes del gobierno y los partidos políticos que lo sustentan. El temor a procesos parecidos a los que llevaron adelante los gobiernos boliviano, venezolano y ecuatoriano (como si del diablo se tratara) se filtra en expresiones donde “populismo”, “peligro” y “caudillismo” es lo que más abunda. Interesadamente han escondido que tales caminos, legítimos al responder a la autodeterminación de sus pueblos, no son los únicos. Existen muchas naciones que han escrito sus propias constituciones, sobre la base de sus particularidades históricas, culturales y sociales, y que el caso de Chile no tendría por qué ser distinto. A ellos, en paradójica alianza, se suman actores de la Concertación que se han alzado como los pilotos del aterrizaje de Bachelet el 2014, cuya principal tarea es transar y transar (y asegurarse cuotas del cómodo poder que mantienen) en aras de una mentirosa gobernabilidad. Mentirosa, porque así lo único que logran es que la ciudadanía acumule irritación. No sé si tanto como para asaltar La Moneda y derribar las estatuas, pero por lo menos sí como para generar crecientes grados de inestabilidad (si no, pregúntenle a HidroAysén, a un par de ministros de Educación, y a dos de Energía, por nombrar sólo algunos ejemplos).
Quienes desde la academia han apuntado a que no existe una vía institucional para convocar a una Asamblea Constituyente obvian aspectos relevantes. El primero, que precisamente ese es uno de los argumentos que hace necesario democratizar la Constitución, al no estar nuestro principal texto rector en línea con principios profundamente democráticos. Una salvedad: una interpretación amplia y de fondo de lo que señala la Carta del 80 podría permitir, a pesar de sus redactores originales, una salida. El artículo 5º expresa que “la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”.
Es probable que muchos se pregunten por qué no buscar una vía alternativa, por ejemplo la Comisión Bicameral propuesta por cinco senadores. Los motivos son varios, pero me enfocaré en dos.
Primero, Chile nunca ha tenido una Constitución que nazca de los profundos anhelos de la ciudadanía, y todas las que nos han regido han sido impuestas desde la elite y, si se han sometido a referéndum, estos han sido demostradamente fraudulentos.
Y luego, el sistema parlamentario y político chileno no goza de buena salud, es cosa de ver los resultados de los últimos estudios realizados al respecto. ¿Alguien cree que un texto legal salido de esa cocina será para el deleite de los ciudadanos?
Por cierto que no es de interés de nadie imponer la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Por tal motivo se ha planteado una vía institucional (sí, con la institucionalidad actual) que permita avanzar en tal objetivo. Y este contempla que sea el pueblo de Chile el que decida si está de acuerdo o no con mandatar a una organización como la mencionada (con representación social, territorial, cultural, política, étnica y de género) para que elabore una nueva Constitución.
Por eso el título de este artículo. Quienes no están de acuerdo con la idea tienen en sus manos la posibilidad de hacer valer, democráticamente, su posición. En un plebiscito soberano. Solo es preciso tener la voluntad y evitar, como hasta ahora, una injusta la imposición inmovilista.
El camino está trazado. Es hora de saber si los actores políticos, tanto en el Parlamento como fuera de él, están dispuestos a transitarlo para evitar, ahora sí, lo que tanto temen, una verdadera crisis institucional y de gobernabilidad. Hoy ya estamos en la de representatividad… ¿no es irresponsable acaso obligar a avanzar un paso más?
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Comentarios
19 de septiembre
Está mal hecho el copy/paste. Se repiten los párrafos. Saludos
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22 de septiembre
Gracias. Fue un problema en la subida del artículo. Envié un mail para que se corrigiera.
El artículo correcto es este:
SI NO QUIERE ASAMBLEA CONSTITUYENTE, EXIJA PLEBISCITO
Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Una que represente el sentir mayoritario de los chilenos y chilenas en los ámbitos esenciales del país. En concreto, un nuevo pacto social basado en principios por la mayoría compartidos. Que legue un Chile mejor a las generaciones futuras, hoy por hoy una obligación dado el alto nivel de movilización que existe por los más disímiles temas (aunque la mayoría basados en el rechazo a la mercantilización de prácticamente todos los bienes y servicios públicos) y la falta de legitimidad de nuestros representantes políticos.
Una verdad que sustenta la democracia es que todo pueblo tiene el derecho original de darse el ordenamiento que mejor le represente. Aquello no ocurre con la Constitución que nos rige y que ha sido modificada sólo en la medida que ella misma lo permite, corsé basado en el sistema binominal que genera sobrerrepresentación de los grupos que la quieren preservar, y que lo logran por los quórum supramayoritarios que exige tal tarea.
Ya se han alzado voces para expresar su rechazo a la idea de una Asamblea Constituyente. Algunas de carácter político y otras de tipo jurídico.
Entre las primeras están las de importantes representantes del gobierno y los partidos políticos que lo sustentan. El temor a procesos parecidos a los que llevaron adelante los gobiernos boliviano, venezolano y ecuatoriano (como si del diablo se tratara) se filtra en expresiones donde “populismo”, “peligro” y “caudillismo” es lo que más abunda. Interesadamente han escondido que tales caminos, legítimos al responder a la autodeterminación de sus pueblos, no son los únicos. Existen muchas naciones que han escrito sus propias constituciones, sobre la base de sus particularidades históricas, culturales y sociales, y que el caso de Chile no tendría por qué ser distinto. A ellos, en paradójica alianza, se suman actores de la Concertación que se han alzado como los pilotos del aterrizaje de Bachelet el 2014, cuya principal tarea es transar y transar (y asegurarse cuotas del cómodo poder que mantienen) en aras de una mentirosa gobernabilidad. Mentirosa porque así lo único que logran es que la ciudadanía acumule irritación. No sé si a tanto como para asaltar La Moneda, derribar las estatuas y apagar la Llama de la Libertad, pero por lo menos sí como para generar crecientes grados de inestabilidad (si no, pregúntenle a HidroAysén, a un par de ministros de Educación, y a dos de Energía, por nombrar sólo algunos ejemplos).
Quienes desde la academia han apuntado a que no existe una vía institucional para convocar a una Asamblea Constituyente obvian aspectos relevantes. El primero, que precisamente ese es uno de los argumentos que hace necesario democratizar la Constitución, al no estar nuestro principal texto rector en línea con principios profundamente democráticos. Una salvedad: una interpretación amplia y de fondo de lo que señala la Carta del 80 podría permitir, a pesar de sus redactores originales, una salida. El artículo 5º expresa que “la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”.
Es probable que muchos se pregunten por qué no buscar una vía alternativa, por ejemplo la Comisión Bicameral propuesta por cinco senadores. Los motivos son varios, pero me enfocaré en dos.
Primero, Chile nunca ha tenido una Constitución que nazca de los profundos anhelos de la ciudadanía, y todas las que nos han regido han sido impuestas desde la elite y si se han sometido a referéndum estos han sido demostradamente fraudulentos.
Y luego, el sistema parlamentario y político chileno no goza de buena salud, es cosa de ver los resultados de los últimos estudios realizados al respecto. ¿Alguien cree que un texto legal salido de esa cocina será para el deleite de los ciudadanos?
Por cierto que no es de interés de nadie imponer la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Por tal motivo se ha planteado una vía institucional (sí, con la institucionalidad actual) que permita avanzar en tal objetivo. Y este contempla que sea el pueblo de Chile el que decida si está de acuerdo o no con mandatar a una organización como la mencionada (con representación social, territorial, cultural, política, étnica y de género) para que elabore una nueva Constitución.
Por eso el título de este artículo. Quienes no están de acuerdo con la idea tienen en sus manos la posibilidad de hacer valer, democráticamente, su posición. En un plebiscito soberano. Solo es preciso tener la voluntad y evitar, como hasta ahora, una injusta la imposición inmovilista.
El camino está trazado. Es hora de saber si los actores políticos, tanto en el Parlamento como fuera de él, están dispuestos a transitarlo para evitar, ahora sí, lo que tanto temen, una verdadera crisis institucional y de gobernabilidad. Hoy ya estamos en la de representatividad… ¿no es irresponsable acaso obligar a avanzar un paso más?
22 de septiembre
Cambio realizado. Gracias por avisarnos.