En la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, del pasado 6 de octubre, para escuchar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud y SENDA sobre las indicaciones que el Ejecutivo enviaría a la Cámara luego de que el pleno de esta aprobara la idea de legislar para modificar la ley 20.000 de drogas en cuanto a despenalizar el porte, la tenencia y el cultivo del cannabis en pequeñas cantidades para el uso personal sea con fines médicos o recreativos. El Ministerio del Interior reconoció que aún no tenía preparadas las indicaciones para presentar a la Cámara, pero que los propósitos de aquellas serían: 1) descriminalizar a los usuarios de drogas, 2) perseguir el narcotráfico, y 3) asegurar el acceso a la cannabis con fines terapéuticos. Según el representante de Interior, señor Nicolás Muñoz, los contenidos del proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley de drogas se debía a una comprensión demasiado exagerada de las propuestas programáticas hechas durante la campaña electoral. SENDA nada dijo ya que su Director no se hizo presente, justificando su ausencia por razones de agenda vía un asesor.
El Subsecretario de Salud, señor Jaime Burrows, reiteró los criterios propuestos por Interior e informó que por la vía reglamentaria se procedería a cambiar la cannabis y sus derivados de la lista uno a la lista cuatro haciendo las modificaciones necesarias en los decretos 404 y 405 de 1982 para permitir su uso médico mediante receta médica retenida. El señor Muñoz en cuanto al decreto 869 del 2007 de Interior, para cambiar la cannabis de la lista uno a la dos, solo precisó que la cannabis natural pasaría a la lista dos y la marihuana procesada permanecería en la lista uno para sancionar drásticamente su provisión.Además, nada de esto –ni la criminalización de la provisión ni la guerra de las drogas- ha disminuido la oferta de drogas en los más de cien años que se aplica esta política de control a nivel internacional.
Por su parte los miembros de la Comisión de Salud manifestaron su preocupación por la demora en recibir las indicaciones, pero mostraron su satisfacción porque el Ejecutivo asumía la necesidad política de hacerse cargo de los problemas que está causando la actual normativa sobre drogas. También expresaron su frustración por la ausencia del Director de SENDA.
Más allá de las diferencias entre, por una parte, las propuestas de la Cámara de Diputados, el movimiento social que representa a los usuarios recreativos y médicos del cannabis y otros intereses de la sociedad civil en el asunto, que han tenido la virtud de reinstalar políticamente el asunto de las drogas en el debate nacional, por otra parte, de las propuestas que eventualmente haría el Ejecutivo, sobre los puntos de corte con los cuales se diferencia las cantidades de pequeña posesión, tenencia y cultivo, para el uso personal, de aquellas indiciarias de microtráfico o, aun más, de narcotráfico. En cualquier caso es necesario saludar el compromiso político que ha asumido el Gobierno de hacerse cargo de las necesarias modificaciones de la ley de drogas y otras normas relacionadas.
Tres temas deberán enfrentar los colegisladores -Parlamento y Ejecutivo- en el proceso de modificación de la ley de drogas: 1) el asunto de la calidad del cannabis, 2) la sobre penalización de la provisión ilícita de drogas y 3) el tratamiento legal –sanitario y penal- a las otras drogas y psicofármacos.
Por razones comprensibles, tanto de tipo social y político, como por razones estrictamente sanitarias, se hace una distinción entre el cannabis natural y aquella que ha sido procesada con diversas sustancias químicas con finalidades de aumentar su volumen, mejor acopiar, estibar y transportar esta sustancia controlada o eventualmente aumentar sus efectos psicoactivos. No obstante, lo que busca el consumidor son los efectos psicoactivo de los diversos isómeros del tetrahidrocannabinol contenidos en las plantas de género cannabis y sus derivados, por lo tanto no deben ser perseguidos y sancionados por su tenencia o porte. Las otras sustancias que se le hayan adicionado con diversos propósitos son un engaño para el consumidor y un riesgo de diversos grado para su salud fisiológica y mental. Ahora bien, en el caso de los proveedores de drogas, sean estos microtraficantes o narcotraficantes, cuando provean marihuana con otros aditivos tóxicos para la salud humana, debería considerarse una conducta agravante y las sanciones que les corresponda según la ley aumentadas en un grado. De no aplicarse este criterio de no distinguir entre el cannabis natural y la marihuana procesada para los casos de porte y tenencia para el uso personal, obligará a las fuerzas policiales a conducir al infractor al Ministerio Público y este ante el tribunal competente para discernir si esa cantidad es para el uso personal o para el ejercicio del microtrafico. En la actualidad el sistema penal está completamente sobrecargado con la detención de una cantidad de infractores a la ley de drogas -85.000 en 2012- que es equivalente al 55% de todos los detenidos por todos los delitos en el país, quienes son conducidos a 77.000 causas por drogas, más del 10% de todas las causa resueltas, de la cuales el 75% lo son por porte y consumo, que son sobreseídos en los juzgados de garantía o multados por faltas. Estos cuantiosos recursos penales sean policiales, persecutorios, jurisdiccionales o penitenciarios son distraídos de la persecución y control de otros delitos más graves y de mayor preocupación de la población.
Otro problema que deberán enfrentar los colegisladores es la tendencia a sobre criminalizar a quienes hacen provisión de drogas, sean estos mayoristas en la producción transporte, tráfico internacional, distribución nacional, regional o local de drogas controladas, financien esas operaciones o se dediquen al pequeño cultivo ilícito o al narcomenudeo. Es absolutamente necesario que las garantías constitucionales de igualdad ante la ley se respeten de manera estricta para quienes son perseguidos, juzgados y sancionados por conductas que trasgreden la ley de drogas y lo sean de igual manera que las otras conductas similares que afectan la salud pública. Sobre criminalizar cualquier conducta relacionada con la provisión de drogas, castigar de manera más dura a quien trafica a cualquier título, aumenta los riesgos de corrupción del sistema penal y de escalada de violencia en el ámbito del tráfico de drogas y su persecución penal, como es de conocimiento por lo acontecido en otros países que han padecido “la guerra de las drogas”. Además, nada de esto –ni la criminalización de la provisión ni la guerra de las drogas- ha disminuido la oferta de drogas en los más de cien años que se aplica esta política de control a nivel internacional.
El tercer tema a resolver en control de drogas, son la provisión y consumo de otras sustancias psicoactivas contoladas distintas a la cannabis. De igual manera a que se propone exonerar de responsabilidad penal a quienes hacen porte, tenencia y cultivo de pequeñas cantidades de cannabis para uso personal, según las cantidades que la ley determine, también se debería exonerar de tal responsabilidad a quienes lo hagan con pequeñas cantidades de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, opiáceos y opiodes, así como otros psicofármacos o sustancias vegetales o derivadas de ellas que tengan propiedades psicoactivas. Como en el caso de la marihuana procesada si no se despenaliza el porte y tenencia de pequeñas cantidades para el uso personal de cualquier otra droga o psicofármaco nuevamente deberá someterse al infractor a todo el proceso penal, como sucede en la actualidad, con la ya conocida sobre carga para él mismo y distracción de recursos para perseguir y castigar otros delitos de mayor connotación social e interés público.
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