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Las políticas de drogas en el debate presidencial

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En lo propositivo de los programas analizados, solamente los de Michelle Bachelet y Enríquez Ominami consideran modificaciones legales y administrativas para disminuir el impacto criminógeno de la ley de drogas, pero todas las propuestas reiteran amplias intervenciones sanitarias, educativas, comunitarias y sociales como si existiese una grave emergencia sanitaria y conmoción social: una peste.

Al aproximarse la culminación de la campaña electoral contamos con el Décimo Estudio de SENDA sobre el consumo de drogas en el país, que muestra una estabilidad del mismo, asimismo, tenemos la información sobre los impactos criminológicos de la aplicación de la ley de drogas, Ley 20.000, dos instrumentos con los cuales podemos evaluar las propuestas programáticas de las y los candidatos presidenciales.

El Décimo Estudio de SENDA informa que, en el caso de la prevalencia anual  por el consumo de marihuana, esta creció de un 4.0% en 1994, cuando se iniciaron los estudios, a 7,1% en el pasado año. Si comparamos este dato con el anterior estudio del año 2010 que para esta sustancia había dado una prevalencia anual de 4,6%,  tendríamos un brusco crecimiento del 54,3%. No obstante, como tenemos antecedentes de que el consumo de marihuana había ido creciendo paulatinamente hasta llegar en 2006 a 7,2% y, luego, caído a 4,6% en 2010, estos bruscos saltos en las mediciones del consumo parecieran deberse a cambios metodológicos. Mientras, el uso de cocaína pasó de un 0,9% en 1994 a 1,8% en 2008, para volver a 0,9% en el año 2012, mostrando una pequeña y estable participación en el consumo de drogas controladas. En cambio, el consumo de PBC ha mantenido una constante tendencia al descenso, pasando de 0,9% en 1994 hasta  llegar a un 0,4% el pasado año.

En breve, bien se puede decir que en el país tenemos buenas noticias en drogas: el 96% de la población no ha usado drogas en el último mes y el 74% de quienes alguna vez en su vida las usaron han dejado de hacerlo.

Otros datos significativos son los descensos del consumo del alcohol y tabaco  entre los jóvenes. En general, mejor podemos describir la situación del consumo de drogas en el país con el consumo de marihuana, que constituye más de 90% del total de los consumos de drogas ilícitas, donde éste se mantuvo disminuyendo su prevalencia anual más alta conocida del 7,2% en 2006 al  7,1% el pasado año.

Un dato revelador en términos políticos del estudio de SENDA es que el 68,4% de la población se manifiesta partidaria permitir el uso de marihuana con fines terapéuticos, con un crecimiento del 14,9% desde 2010. Aunque no es un dato comparable, pero si referencial, en Estados Unidos según una reciente encuesta de Gallup el 58% de la población se declara partidaria de la legalización del consumo de cannabis. Aquí, por ahora, ya el 40% quiere legalizar el consumo de la marihuana según la reciente encuesta del CEP y, según la Universidad Católica de Chile y Adimark, el 45% de los chilenos considera nada y solamente algo grave fumarse un pito de marihuana de vez en cuando.

Por otra parte, los impactos criminalizadores de la Ley 20.000 de drogas son impresionantes. El pasado año fueron detenidas por infracciones a esa ley 85.023 personas, 54,5% de los 156.070 detenidos por todos los delitos en el país. En cuanto a las causas resueltas por los tribunales de justicia, en 2011, los casos por drogas fueron 73.299, ocupando el primer lugar con un 10,2% de todos los tipos de causas resueltas en todos los tribunales, de las cuales el 73,7% (54.047) lo fueron por consumo y porte. Finalmente, del total de los detenidos por drogas solo recibieron alguna sanción 10.733 personas, el 12,6% de aquellos que fueron detenidos. Entre estas solamente 1.965 fueron sancionados por porte, el 2,6% de todos los que fueron procesados por porte y consumo.

Esta sobre reacción del sistema penal en contra de la pequeña provisión y, sobre todo, del consumo de droga es una clara trampa –entrapment– ante una conducta  que abstractamente no es un delito, más aún, si se tiene presente que las denuncias por infracciones a la ley de drogas solo llegan al 1% de todas las denuncias de la población.

Veamos ahora cuales son las propuestas de políticas sobre drogas de las candidaturas presidenciales que tienen un mayor respaldo según las encuestas electorales.

Marcos Enríquez Ominami es el único tiene una propuesta programática específica y extensa sobre drogas. Primero hace un análisis crítico de la ley vigente que se propone controlar la provisión y el consumo de esas sustancias, señalando su ineficacia en disminuirlos y mostrando el carácter criminalizante del consumo que tiene el tipo penal de porte de pequeñas cantidades previsto en su artículo 4. Luego, como primera medida política de drogas se propone la modificación de la Ley 20.000 y otras normas asociadas, pero de manera confusa y con poco manejo de la técnica jurídica necesaria, sin indicar cuales son las modificaciones específicas a los artículos 4 y 50 que tipifican y castigan el porte y el consumo de drogas respectivamente. Se pide modificar el Decreto 405/1983 que establece las listas de sustancias controladas, pero no se refiere el Decreto 867/2007 que puso la marihuana en la lista de las sustancias prohibidas que producen alta toxicidad y dependencia. Como segunda medida, se propone que el Estado se haga cargo de producir y distribuir marihuana, pero no se señala ni la institucionalidad que cumpliría tal propósito ni la norma que lo regularía. Finalmente, la tercera medida es fomentar la salud y la educación, junto con la cuarta propuesta que es luchar contra el crimen organizado y el microtráfico en los barrios vulnerables, en lo cual no se diferencia ni de la política de drogas vigente ni de las propuestas de las otras candidaturas presidenciales.

El programa de Franco Parisi solamente refiere el asunto de drogas en seguridad ciudadana, donde en prevención del delito se propone crear 354 Centros de Rehabilitación del Consumo de Alcohol y Drogas en zonas con jóvenes en problemas. En persecución penal se proponen medidas especiales de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico solo descritas como perfeccionamiento institucional de la persecución al lavado de dinero y de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). No se refiere ninguna modificación ni a la ley de drogas y a las otras normas complementarias.

El programa presidencial de Evelyn Matthei considera el asunto drogas en el campo de  “la salud mental y la drogadicción”, donde se diagnostica que: “Entre 1995 y 2011, el consumo de marihuana aumentó de 3% a 10,5% entre estudiantes de octavo básico, y de 10,9% a 23,4% entre alumnos de segundo medio”. Para prevenir y hacerle frente a las enfermedades de salud mental y drogadicción se proponen 10 medidas, tales como: (1) una ley de salud mental; (2) creación del Servicio Nacional de Salud Mental (SSM), que incluye al SENDA; y (4) aumentar el presupuesto en salud mental al 10% o 16% del presupuesto del sector salud; (3) proveer tratamiento de trastornos mentales en los consultorios de atención primaria y/o COSAMs (Centros de Orientación de Salud Mental); (6) aumentar su  número y capacidad de resolver; y (7) ampliar cupos de rehabilitación en drogas y alcohol; (5) ampliar las prestaciones de salud mental en el sistema privado de aseguramiento de la salud; (8) consolidar los tribunales de tratamiento de drogas; (9) aumentaremos las viviendas de estadía intermedias para rehabilitación; y (10) normar la obligatoriedad de programas preventivos en  escuelas y colegios articulados al COSAM.

Entre las medidas de prevención del delito se propone: “Será obligatorio para todos los colegios, liceos y escuelas implementar programas preventivos de consumo de drogas y alcohol desde pre-básica hasta cuarto medio”, lo cual será certificado. Además, se ampliará el Programa Chile Previene en la Escuela al 100% de los establecimientos  donde estudian los niños más vulnerables. Se creará Secretaria Ejecutiva de Barrios Críticos para intervenciones integrales. Se aumentará la terapia multisistémica para jóvenes infractores de ley y sus familias de alto riesgo, “para lograr que todos los niños y jóvenes en riesgo dejen de consumir drogas y de cometer delitos”.

En rehabilitación y reinserción social, se reitera el programa de tratamiento de alta complejidad para 12.600 adolescentes y jóvenes vulnerables con consumo problemático de drogas y alcohol, incorporando a esta red al Ministerio de Salud, al Sename y SENDA.

Finalmente, se declara una: “guerra frontal contra el narcotráfico en las fronteras y barrios”. Para esto se desarrollará un Nuevo Plan Maestro Interinstitucional contra el Narcotráfico, coordinando al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y las policías. Se aumentará el control de fronteras. Se diseñará un plan para la detección y destrucción de cultivos de marihuana. Se  perfeccionará la fiscalización de empresas relacionadas con sustancias químicas de uso potencial para la fabricación  de drogas ilícitas. Se creará un registro de narcotraficantes con decretos de expulsión, se aplicará esa sanción y confiscará sus bienes. Se elaborará una base de datos pública de imputados por tráfico  de drogas con órdenes de detención. El Ministerio del Interior contará con un catastro nacional de sectores con mayor intensidad de tráfico de drogas y, en conjunto con las policías, definirá prioridades de intervención integradas a los programas focalizados en barrios.

En este programa, como en el caso de Parisi, no se refiere ninguna modificación ni a la ley de drogas y a las otras normas complementarias, excepto el paso de SENDA de Interior a Salud, también para fortalecer las investigaciones patrimoniales y regular el uso de los bienes incautados.

En el programa de Michelle Bachelet el asunto de drogas es un acápite de seguridad ciudadana, con una corta referencia en la sección de Infancia y Juventud. Con respecto a la prevención se incorporará a ella el consumo de psicofármacos, se  aumentará la cobertura de la prevención selectiva escolar en 1.000 establecimientos de educación básica y media, con el programa “Liceo Libre de Droga”, para 15.000 estudiantes y sus familias. Para desertores escolares de las comunas más vulnerables del país se creará el Programa Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad. Se concentrará la prevención en las comunas vulnerables y barrios críticos con alta probabilidad de consumo de drogas, mediante programas preventivos selectivos con 5.000 cupos.

En tratamiento se propone duplicar la cobertura  tratamiento de drogas, ambulatorio y residencial, para población  mayor de 20 años y triplicar la detección temprana de consumo de riesgo y problemático con intervención breve, se reforzarán  los tratamientos para población menor de 20 años.

En el campo del control penal a la provisión de drogas se propone revisar la Ley 20.000, entregando el conocimiento de las faltas consideradas en esta norma, artículo 50, ya no a la justicia penal sino a los juzgados de policía local. Sin embargo, seguir considerando el consumo o el porte para el consumo como una falta, en nada variará que 54.000 causas al año, el 74% de todas las causas por drogas, sean resueltas por la justicia penal o por los juzgados de policía local.

Con relación al conflictivo asunto del discernimiento entre el porte para el “consumo personal y próximo en el tiempo” y el porte para el micro tráfico que plantea el artículo 4 de la referida ley, la propuesta que se hace, dice: “Entregaremos a la potestad reglamentaria de ejecución, la determinación de los niveles o cuantía de droga que debe considerarse constitutiva de micro tráfico y, consecuentemente, aquella que le está permitido portar a una persona para su consumo personal inmediato en el tiempo”. La redacción de la propuesta es tan ambigua y equívoca como el artículo al que refiere, en todo caso la potestad reglamentaria para hacer ese discernimiento es del Presidente de la República.

También sobre las normas, se revisará el reglamento que considera a la marihuana en la lista 1 entre las drogas más peligrosas, en el bien entendido que la revisión no implica necesariamente el retiro de esa sustancia de aquella lista.

Es interesante anotar que las normas más criminalizantes de la ley de drogas como son: a) la determinación de la “pequeña cantidad para el consumo personal y próximo  en el tiempo” del artículo 4 de la ley 20.000; b) la ubicación de la marihuana en la lista 1 según el artículo 1 del decreto 867/2007; la autorización de los auto cultivos de marihuana según los artículos 8 y 9 de la ley 20.000 y los artículos 6 a 14 del decreto 867/2007  son todas posibles de modificar mediante la potestad reglamentaria de ejecución de quien sea el próximo Presidente de la República.

Se completa la propuesta de control de la provisión de drogas con un Plan Nacional contra el Narcotráfico que incluye vigilancia en fronteras; trabajo conjunto con fiscales y policías; incrementar el uso de la inteligencia financiera en temas de lavado de activos, así como la cooperación internacional. Finalmente, se dotará de sustento institucional a los Tribunales de Tratamiento de Drogas.

En general, en los diagnósticos todas las propuestas presidenciales suponen, por una parte, un grave impacto del uso de las drogas en la sociedad, lo cual no es coherente con la información epidemiológica oficial aportada por SENDA, ya que el 96% de la población no ha usado droga en el último mes y el 74% que la ha usado ha dejado de hacerlo. Por otra, esas propuestas  suponen una correlación entre el consumo de drogas y la delincuencia, lo cual reposa en un equívoco estadístico y una falsedad discursiva, ya que la información disponible se refiere solamente a los detenidos diversos delitos, que son muy pocos, y no al conjunto de los que delinquen ni menos aún a quienes usan drogas.

En lo propositivo de los programas analizados, solamente los de Michelle Bachelet y Enríquez Ominami consideran modificaciones legales y administrativas para disminuir el impacto criminógeno de la ley de drogas, pero todas  las propuestas reiteran amplias intervenciones sanitarias, educativas, comunitarias y sociales como si existiese una grave emergencia sanitaria y conmoción social: una peste. Lo que hay es la magnificación de un problema –un constructo- que si bien existe existente tienen dimensiones acotadas, cuya supuesta solución resolvería otros problemas sociales como la delincuencia, los problemas juveniles y los de salud mental, todo lo cual no ha sido demostrado ni parece creíble con la información disponible.

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Foto: Wikimedia Commons

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Comentarios

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Sergio Sánchez Bustos

11 de noviembre

Muy bueno, pero creo que el programa de Bachelet es bastente explícito en considerar la reposición de la cannabis en lista uno, reglamentar cantidades para consumo, tenencia , lo que abre la puerta a las discusiones mayores-de autocultuivo, clubes, estancos, etc- y reglamentar el uso medicinal de al menos cannabis.

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