Tal como suena.
Por un minuto detengámonos a pensar cómo sería si siempre el acto de elegir un representante hubiese sido a través de medios digitales (sí, aberrante según románticos que alabarán el levantar la mano para dar su voto, realista en corto tiempo más).
En términos de procesos-procedimientos, la inscripción es trivial.
¿Qué es lo que hace que un acto sea obligatorio, o mejor dicho, qué es lo que disgusta de esta palabra? ¿Seria el hecho de que se me exija hacer algo que no quiero, porque no quiero? ¡Múltiples opciones!
Ahora bien, si te doy TODAS las facilidades para asegurar tu participación, ¿cómo sería el caso de un voto electrónico desde cualquier dispositivo (idealizando)? Solo me queda la negativa de participación ideológica que ni siquiera es representada por un voto nulo o blanco. Arriesgo un porcentaje ínfimo.
¿No queda entonces la situación prácticamente zanjada?
Volviendo al mundo real, mi opinión es que en Chile el proceso se desarrolla tan bien, que impedirá la adopción temprana de tecnologías digitales en la emisión del voto.
Por otra parte, si somos tan admirados por la calidad de nuestros procesos, transparencia y participación (comparativamente hablando), ¿no sería acaso un salto notable?
A resolver (y donde se debiera centrar la discusión entonces):
– Seguridad: autentificación vía parámetros biométricos (aun cuando en la actualidad es vía portar cédula de identidad con foto de entre 0-10 años y pintarse el dedo)
– Voto secreto: cómo garantizar que el voto emitido no esta afectado por coacción.
– Acceso: garantizar el acceso a los dispositivos digitales que permitan sufragar, a nivel de dispositivos y redes.
Por otra parte he leído en http://www.electronic-vote.org claras alusiones a que el voto electrónico es incompatible con la democracia, pero en estricto rigor, sólo atacan a la técnica (tecnología) que está en constante evolución y resuelve los alcances mencionados día a día, y a la solidez del sistema en cuanto a su autonomía gubernamental y credibilidad, lo cual a mi entender en países como el nuestro, es altamente factible.
Los requisitos estándares de seguridad (discriminación, privacidad, precisión, verificación, imparcialidad) y acceso (comodidad, flexibilidad, movilidad) son posibles de cubrir con buenas prácticas en el tratamiento de la información e instituciones autónomas.
No me cabe duda que este tema seguirá siendo foco de estudio y opinión, como lo ha sido los diez últimos años y no me refiero a si es obligatorio o no 😉
No nos quedemos en la cancha chica, levantemos la cabeza y miremos hacia adelante.
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