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El origen de la violencia en la zona mapuche

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A propósito de los juicios contra dirigentes mapuche, los reiterados allanamientos a sus comunidades y la muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, es que se hace imprescindible reflexionar sobre el conjunto de la situación mapuche, la protesta social, las políticas represivas. En fin, sobre por qué se ha llegado a estos niveles de violencia. En el aire hay la sensación de que estamos en un camino sin salida donde, para unos, no hay más solución que la “autodefensa” y el enfrentamiento con el Estado (o con sus funcionarios), y, para otros, este es un tema que se reduce a la acción policial y judicial. 

Quienes algo hemos estudiado la historia política mapuche bien sabemos de que estamos hablando de una sociedad rica y diversa en su dinámica social, que las comunidades y organizaciones han asumido distintas estrategias para negociar con el Estado, y que la relación con la sociedad chilena ha involucrado distintos niveles de alianzas y acuerdos y no pocos conflictos. Durante el siglo XX, hubo cinco diputados y dos ministros de Estado mapuche en distintos pactos con la derecha, la centro izquierda y la izquierda. Sus más destacados dirigentes militaron o se asociaron con diferentes partidos del espectro político chileno. Es cosa de recordar figuras como Aburto Panguilef, Venancio Coñoepan, Esteban Romero, José Cayupi, Rosendo Huenuman, Melillan Painemal, Juan Huenupi, José Luis Huilcaman y, más actualmente, José Santos Millao, Isolde Reuque y Francisco Huenchumilla, entre otros.

La movilización por la defensa de las tierras y sus derechos políticos y culturales tampoco es nueva. Ya en 1910 tenemos registro de la primera organización mapuche, la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. Durante todo este siglo se conformaron agrupaciones que intentaron representar la voluntad mapuche e intermediar con las autoridades del Estado. En 1953, Coñoepan llegó a ser Ministro de Tierras del gobierno de  Carlos Ibañez del Campo y, en 1972, luego del “cautinazo”, las organizaciones mapuche lograron que el gobierno de Allende promoviera una nueva ley indígena. Lo propio sucedió más tarde, en 1988, con el Acuerdo de Imperial, que fue el pacto que dio origen a la actual ley indígena 19.253.

De lo anterior se colige que la organización social, la participación y negociación política, así como las movilizaciones, son parte de un antiguo repertorio de la sociedad mapuche. No hay nada de nuevo en esto. La pregunta entonces es por qué este repertorio parece ahora estar ausente en los conflictos actuales. ¿Por qué no se visualizan organizaciones étnicas que compitan y discutan en la arena política, o por lo menos al interior mismo de la sociedad mapuche? ¿Por qué no hay líderes visibles que aglutinen a las grandes corrientes de opinión de la sociedad mapuche? ¿Por qué la violencia social pareciera desbocada?

Una posible respuesta, a mi juicio, podría elaborarse a partir de las siguientes consideraciones.

Primero, hay una situación de pobreza y falta de mediaciones sociales evidentes. Si mapeamos los principales conflictos que han tenido una expresión de violencia social, se observa su clara concentración en ciertos sectores de Malleco y la parte sur de Arauco. Estos territorios han sido caracterizados por la encuesta Casen como los más pobres de la región y del país. Lugares donde tampoco hay presencia de amplias redes sociales o de instituciones de la sociedad civil. Para muchos investigadores, y no pocos dirigentes mapuche, una de las causas fundamentales de la pobreza es la presencia de los monocultivos silvícolas (eucaliptus y pino) y de las empresas forestales. Éstas habrían presionado por las tierras mapuche con el efecto de arrinconar sus comunidades y romper la economía campesina. El modelo forestal, como el implementado en Chile, hizo inviable la pervivencia económica de las comunidades rurales. La amplia migración a las ciudades ha sido su efecto más notable.

Segundo, en los últimos veinte años las políticas indígenas han producido una profunda frustración en la sociedad mapuche. Con la transición política a la democracia y la promulgación de una nueva ley indígena, se generaron grandes expectativas en cuanto a demandas políticas, de tierras y de desarrollo. El infructuoso reconocimiento constitucional, la promoción efectiva de la participación en la estructura política del país o la observación de los derechos de autonomía reconocidos en el Convenio 169, han mostrado la dificultad de los distintos gobiernos de implementar los derechos políticos que el sistema internacional -y nominalmente el Estado de Chile- reconoce. Por su parte, las compras de tierra se han realizado con criterios de premura sin incluir programas asociados de desarrollo. Esto ha generado desorden en las prioridades y escasos resultados productivos. Por último, la incapacidad de implementar el sistema de consultas para intervenir los territorios indígenas, también considerado en el Convenio 169, ha imposibilitado establecer políticas equilibradas de negociación entre las comunidades y los megaproyectos privados y públicos. La aprobación de una hidroeléctrica en Ralco fue el punto de quiebre que rompió la legitimidad de las políticas indígenas para una gran parte de la sociedad mapuche. Esta legislación fue vista como incapaz de proteger sus intereses.

Tercero, con lo anterior, las organizaciones indígenas que habían surgido al alero de la transición perdieron legitimidad al interior de la opinión pública mapuche. Si bien sus líderes históricos intentaron mantener las alianzas etnopolíticas con la Concertación y el PC como el caso de José Santos Millao, Camilo Quilaman, Isolde Reuque o Juan Huenupi, entre otros, éstos perdieron apoyo en las bases sociales. Sobre todo de la juventud. A fines de los ’90 surgieron una serie de liderazgos locales que no se sentían representados por los acuerdos de la generación anterior ni tampoco los vieron como líderes representativos. Incluso el más joven líder de la transición que fue Aucan Huilcaman, del Consejo de Todas las Tierras, y que desde un comienzo había denunciado estas alianzas, tampoco se salvó de estas críticas. El surgimiento de la CAM y de una acción más radicalizada se explica en este contexto.

Cuarto, las políticas represivas de los gobiernos no fueron transversalmente contestadas en la medida que fueran limitadas y se ofreciera un proyecto alternativo. En la Concertación se habló de desarrollo con identidad, luego de reconocimiento constitucional, después de verdad histórica y de nuevo trato. La ley de seguridad interior del Estado se aplicó al Consejo de Todas las Tierras en el gobierno de Patricio Aylwin. Temprano, en 1992, y por realizar algo que ahora podría parecer irrisorio, la toma simbólica de tres fundos en la IX Región. En esa década, hasta 1997, no hubo muertes que lamentar ni quema de fundos. Sin embargo, en el marco de ausencia de reconocimientos político, un liderazgo étnico legitimado y programas alternativos sobre tierras y desarrollo, era obvio que las demandas iban a estallar por caminos no institucionalizados.

Quinto, la violencia social en la última década también tendría relación con una aguda crisis comunitaria. La ley 19.253 de 1993 terminó por rematar la suerte de las comunidades al no reconocer la organización histórica en torno a un Título de Merced. Por el contrario, basados en el principio de libre asociación, las nuevas comunidades legales podían constituirse con una mínima parte de sus miembros. Esto tuvo el efecto de dividir las comunidades históricas y hacer proliferar las comunidades legales. Con ello, las autoridades tradicionales y las instituciones comunitarias dejaron de mediar y contener el disenso interno. De hecho, muchas de estas nuevas comunidades están formadas exclusivamente por jóvenes. Nuestra experiencia de investigación en terreno ha mostrado  como la mayoría de las comunidades donde se han radicalizado los conflictos han terminado dividiendose en dos o más comunidades legales dificultando aún más cualquier posible solución.

Sexto, en el marco de la deslegitimación de las grandes organizaciones mapuche, así como de las políticas indígenas, la sociedad mapuche se ha fragmentado políticamente. A fines de los ’90, ni Ad Mapu ni el Consejo de Todas las Tierras lograron aglutinar grandes sectores de la población mapuche. Quizás la única excepción, y de manera parcial, fue la Identidad Lafkenche de Adolfo Millabur. Quien vino a llenar este espacio fue la CAM, la cual en vez contribuir al fortalecimiento del consenso mapuche lo debilitó. En ello influyó tanto su política sectaria como su insistencia en la vías de hecho. La CAM se negó sistemáticamente a llegar a acuerdos con las demás organizaciones y por el contrario realizó permanentes purgas que finalmente expulsaron a sus líderes históricos. Además, la CAM no entendió que cuando las comunidades se asociaban para demandar un predio esto no significaba el apoyo a los aspectos más ideológicos de su programa. En concreto, las comunidades estaban dispuestas a movilizarse en torno a las demandas de tierras lo que no implicaba para ellas un proceso insurreccional o el desconocimiento de la legalidad. Fue el caso de las comunidades de Collipulli lideradas por Víctor Ancalaf. Cuando a fines del 2001 la Ministra Alejandra Kraus ofreció comprar los predios en conflicto en beneficio de las comunidades, la CAM acusó traición. Por el contrario, sus líderes comunitarios e incluso algunos de los militantes locales de la propia organización lo celebraron como un gran logro de la movilización.

La solución de la violencia parte por abordar los temas estructurales de las demandas mapuche. Para ello es necesario avanzar en los compromisos que la clase política chilena ha dicho asumir en torno al reconocimiento constitucional y la implementación del Convenio 169 de la OIT. Se debe ajustar la legislación indígena y la institucionalidad estatal según estos nuevos parámetros. Urge promover un parlamento mapuche que permita espacios institucionales de deliberación y negociación con las autoridades de gobierno. Pero un parlamento autónomo que sea representativo y legitimado por su sociedad, muy diferente a la figura del Consejo de Conadi donde los representantes del gobierno son mayoría y sus facultades escasas. También urge, fortalecer la sociedad civil mapuche y construir una opinión pública representativa. El espacio de la política es el espacio de la organización, la deliberación, negociación y construcción de acuerdos. Para ello hay que empoderar a los actores y respetar su autonomía. Pero también, parte por reconocer un marco institucional donde ello sea posible. El desafío parece ser doble.

* Christian Martínez Neira es doctor en Ciencias Sociales y  académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago (Usach)

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Foto: Diego Martín / Licencia CC

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17 de abril

Este artículo de Diego Martín me ha dado la razón al señalar en conversaciones politicas con amigos, que el pueblo mapuche a sido, es y espero que cambie a futuro un pueblo disperso en diferentes clanes o tribus, lo fuerón ante los españoles que se unían ante la guerra al mando de un cacique y luego cada uno para su casa, en la tiempos de la República igual cosa y en la actualidad siguen con distintas vocerías. Debido a eso no han podido artícular una organización más sólida, propia, y respetable para que el resto de los chilenos que conformamos este Estado podamos entender y apoyarlos con más fuerza.

17 de abril

Sabra, pese a la diversidad interna, si existe organización local y comunitaria. Lo complejo es cuando se sale de ese ámbito. Mi nombre es Christian Martínez Neira, el autor de la foto es Diego. Saludos.

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