Han pasado más de 6 intensos años desde que el 9 de abril de 2005 La Tercera informara que “Endesa retoma proyectos por US$ 500 millones y acelera megacentrales en Aysén”. Tal anuncio fue el medio escogido por la eléctrica para notificar a ayseninos y chilenos sobre sus intenciones de represar los ríos Baker y Pascua, en una tierra -hasta ese entonces- bastante desconocida a pesar de su desbordante hermosura.
Aunque se pretendía comenzar a construir en 2008, la oposición ciudadana y los inicialmente severos cuestionamientos de los órganos revisores del EIA fueron complicando el, por algunos, anhelado fast track al proyecto de cinco embalses y tendido eléctrico de 2.000 kilómetros entre Aysén y Santiago.
Los miles de movilizados en todo el país post aprobación de la fase de las represas demostraron que algo en Chile está cambiando. Los ciudadanos ya no compran cualquier supuesto “proyecto país”, más aún si se sustenta esencialmente en el interés económico de sus impulsores.
Los tira y afloja han sido la tónica con HidroAysén, protagonista del conflicto socioambiental más grande en la historia de Chile. Batalla desigual librada en los medios, el Congreso, los hogares, las universidades, las escuelas.
Y también en los tribunales.
Es precisamente en la Corte Suprema donde hoy tienen la palabra. No la última, es cierto, pero sí una muy importante luego que este viernes comenzaran los alegatos por los 7 recursos de protección interpuestos en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén que aprobó el 9 de mayo el estudio. Luego del fallo dividido de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que en octubre los rechazó, los ministros del máximo tribunal deberán decidir si HidroAysén es legal. Pero también si es justo.
Aclaremos algo: los tribunales son intérpretes de la ley. Los jueces no son máquinas y no existe una sola verdad jurídica. De ahí el voto disidente del presidente de la corte de Puerto Montt, quien consideró que el estudio, como fue aprobado, sí vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, a vivir en un medioambiente libre de contaminación y a la vida e integridad psíquica de los afectados por las represas.
Es claro que en Chile no tenemos mucha experiencia en la anulación de resoluciones ambientales por vulnerar derechos establecidos en la Carta Máxima, siendo Campiche la excepción que confirma la regla. Extraño, considerando lo falible de la institucionalidad ambiental. La aprobación de la represa San Pedro es sintomática: Colbún logró en 2008 una resolución favorable por parte de la Corema de la región de Los Ríos. Pero en octubre pasado Bernardo Larraín Matte debió reconocer que realizarán nuevos estudios de suelo e ingeniería para su proyecto, y someterse nuevamente al sistema. He ahí un claro ejemplo de un mal estudio que, a pesar de ello, pasó todas las pruebas que le puso la institucionalidad ambiental.
Es en las decisiones de este calibre cuando queda patente la mirada de quienes las toman. Por ello la trascendencia de lo que resolverá la Corte Suprema. No porque sea la última etapa de un conflicto que durará lo que tenga que durar, con los formatos que tenga que tener, sino porque nos permitirá saber si los tribunales chilenos aceptarán definitivamente la doctrina internacional que salvaguarda los llamados derechos humanos de tercera generación. Según la técnica jurídica, colectivos y difusos pero no por eso menos importantes. Los que protegen que los ecosistemas en que se sustentan los seres vivos en general, y humanos en particular (incluidos aquí los sistemas sociales), no sean impactados de manera tal que no puedan recuperarse.
Porque lo que pretende HidroAysén es irreversible. Hecho preocupante, considerando que en una década la Patagonia está llamada a brillar todavía más por su privilegio natural y las tecnologías realmente limpias serán aún más económicas y regla general en el planeta. ¿Queremos llegar a ese momento, mirar hacia atrás y ver nuestro error, lo que hicimos y permitimos? De ocurrir tal, no será orgullo precisamente lo que nos recorrerá como nación.
La resolución de la justicia sobre HidroAysén será emblemática precisamente porque representará, aunque en Chile no exista el concepto jurídico de jurisprudencia, la decisión de seguir como hasta ahora (con graves problemas en múltiples comunidades) o ser más rigurosos en el respeto de derechos como el de vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Es probable que nuestros tribunales tarde o temprano se sumen con fuerza a estos principios, como ya los ha asumido la ciudadanía a la cual, en definitiva, se deben. Y serán más garantistas al respecto. Pero lo que millones queremos es que lo hagan hoy, no en uno, 10 o 50 años más, cuando ya no haya mucho qué salvar en esta, alguna una vez, hermosa tierra. Y, peor aún, tampoco comunidades a las cuales proteger.
Sí, los chilenos esperamos que el fallo sea legal. Pero, a la vez, esperamos que sea justo. ¿Es eso mucho pedir?
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Foto: Johny Grim / Licencia CC
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