Debido a las circunstancias y los hechos recientes, efectivamente la movilización ha mostrado ser una herramienta eficiente, al igual que los recursos judiciales, debido a que el poder Ejecutivo, y nuestra institucionalidad ambiental en general, además de insuficiente, ha actuado de manera negligente en cuanto al cuidado del medio ambiente se trata.
Este año se cumplen cuarenta años desde la celebración del primer Día Mundial del Medio Ambiente. La idea de Naciones Unidas de establecer este día tenía la intención de fomentar la conciencia respecto a la importancia de de cuidar y conservar nuestro entorno.
Hoy, cuarenta años después, nos damos cuenta que la necesidad de un desarrollo sustentable no es sólo ante las preocupaciones de mantener un mundo para satisfacer necesidades de generaciones futuras, sino también porque el daño al medio ambiente se ha convertido en un reflejo y reproductor de la desigualdad en el mundo.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales resumen las necesidades y desafíos que tiene la humanidad actualmente. Son bienes de carácter colectivo, en el entendido que el resguardo de cada uno determina el desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto. El derecho a un medio ambiente limpio, consagrado en este grupo de derechos, se ha establecido desde la perspectiva de la justicia ambiental como un derecho cuyo incumplimiento dificulta el ejercicio de otros derechos, tales como el derecho a la salud, a la integridad física, igualdad de condiciones, alimentación, higiene en el trabajo, educación, etc. En este sentido, la problemática ambiental tiene dos aristas insoslayables.
La primera dice relación con la resistencia al modelo de desarrollo imperante por parte de los más vulnerables de nuestra sociedad. Quienes reciben históricamente los pasivos ambientales son los sectores más empobrecidos, los que bajo la relación de dependencia con cualquier fuente de trabajo para subsistir, están determinados a desarrollarse bajo las peores condiciones. En Chile sobran los ejemplos: Freirina, Ventanas, Huasco, lugares altamente contaminados, con alarmantes indicies de enfermedades por causa de las condiciones laborales. En estos lugares las comunidades se han enfrentado a sus condiciones, se han manifestado para transformar la situación que los aqueja y han recibido como respuesta una de las más temibles amenazas de nuestra sociedad: “te quedarás sin trabajo”. Pero a pesar de esta relación de dependencia económica, estas comunidades han generado múltiples focos de resistencia, algunas con mayor éxito que las otras, esgrimiendo incluso el hecho de que sus oikonomías (administración de los recursos y bienes a nivel de la asociación básica de la sociedad) no han requerido los tiempos ni magnitudes del desarrollo en el cual prácticamente mantienen una situación de esclavitud.
El segundo problema dice relación con la justicia ambiental y apunta a una arista más institucional. Es decidor el hecho de que nuestro Estado, a pesar de haber adscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no ha ratificado el protocolo facultativo para hacer efectiva la responsabilidad de éste en la promoción de medidas para el desarrollo pleno de estos derechos. Este Protocolo implica la posibilidad de queja individual por vulneración de alguno de estos derechos; sin embargo, requiere la ratificación de al menos 10 países para entrar en vigencia. En un país donde los derechos sociales se encuentran vulnerados, la inexistencia de un procedimiento de protección permite vislumbrar cual es la línea de desarrollo que sigue nuestro país en particular, así como los 31 de un total de 42 países que aún no lo ratifican.
Debido a las circunstancias y los hechos recientes, efectivamente la movilización ha mostrado ser una herramienta eficiente, al igual que los recursos judiciales, debido a que el poder Ejecutivo, y nuestra institucionalidad ambiental en general, además de insuficiente, ha actuado de manera negligente en cuanto al cuidado del medio ambiente se trata. No es menor la proliferación de conflictos socioambientales en Chile, lo que habla de un país que tiene políticas de desarrollo, además de inconsultas, extremadamente contaminantes.
En este sentido, aparece como una táctica significativa, y aprovechando la celebración número cuarenta del Día del Medio Ambiente, la exigencia mancomunada de todos aquellos que vislumbramos el abuso económico, social y político detrás de la instalación de una termoeléctrica, de una salmonera en un parque nacional, de una refinería al lado de una escuela, etc., de una pronta ratificación del protocolo facultativo para la exigencia de la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hoy se hace imprescindible en el camino de un país más justo.
* Entrada escrita por Javiera Vallejo, Periodista de Fundación Terram
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