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Lujo para genocidas e indignidad para los privados de libertad

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A diferencia de los agentes del Estado violadores de derechos humanos y de los delincuentes de  “cuello y corbata”, la realidad de la población carcelaria en Chile está lejos de los privilegios a los que ellos han podido acceder por razones de clase y por presiones políticas.

Tras una controvertida entrevista a 40 años del golpe de Estado, en que el genocida de lesa humanidad Manuel Contreras no mostró ni un ápice de arrepentimiento por ser el autor intelectual de sistemáticas violaciones a los derechos humanos en dictadura y por las cuales está condenado a 360 años de cárcel y dos prisiones perpetuas, se vuelven a cuestionar los privilegios carcelarios del ex jefe de la DINA, que aseguró que le había “exigido” al entonces Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que lo ubicara en la cárcel militar Cordillera.

De los 62 agentes del Estado condenados por juicios de derechos humanos que cumplen prisión efectiva (184 nunca fueron encarcelados por recibir beneficios, 15 conmutaron su sentencia y 576 aún no tienen sentencia definitiva), 54 cumplen condena en las cárceles militares de Punta Peuco y Cordillera.

Construidas especialmente para ellos durante la transición a la democracia, cuentan con canchas de tenis, TV cable, jardines, derecho a recibir visitas a toda hora y hasta parrillas para hacer asados cuando les plazca. Un estado de veraneo permanente.

Por otra parte, en estos días de Fiestas Patrias la prensa da cuenta de que le suspendieron el arresto domiciliario al ex gerente y Presidente de La Polar, Pablo Alcalde, para que pase el dieciocho en el Lago Ranco y en Zapallar, tras cancelar dos millones de pesos de fianza y con el compromiso de firmar cada dos días en una comisaría.

Formalizado por infracción a la Ley de Bancos, a la Ley del Mercado de Valores y Lavado de Activos, este ejecutivo fue parte de un entramado delictual que abultó la cartera de la compañía realizando repactaciones unilaterales a más de 500 mil clientes, que vieron multiplicarse sideralmente su deuda inicial.

A diferencia de los agentes del Estado violadores de derechos humanos y de los delincuentes de “cuello y corbata”, la realidad de la población carcelaria en Chile está lejos de los privilegios a los que ellos han podido acceder por razones de clase y por presiones políticas.

Apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura se practican en las cárceles en nuestro país y los privados de libertad sufren a diario deplorables condiciones carcelarias. Éstas vienen siendo denunciadas desde el tristemente célebre informe de la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, que alertó sobre los peligrosos niveles de hacinamiento y sobrepoblación en los penales chilenos, que la muerte de 81 reclusos en el incendio de la Cárcel de San Miguel vino a constatar en 2011, dando cuenta de estas violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad.

Ya en 2006 el juez de garantía, Daniel Urrutia, había constado en una de sus visitas a la ex Penitenciaría de Santiago que más de ochenta personas dormían a la intemperie en carpas improvisadas de plástico y cartón.

El mismo juez que un año antes había sido sancionado por la Corte Suprema por abogar en su tesis de posgrado por la incorporación del enfoque de derechos humanos en la judicatura. Y que en septiembre de 2013 está siendo acusado por el Consejo de Defensa del Estado de cometer una infracción a las normas constitucionales, por haber fallado en agosto que el Servel debía arbitrar las medidas necesarias para que los imputados no acusados sujetos a prisión preventiva y que se encuentren en Santiago I pudieran votar.

Cabe traer a colación el artículo 13 de la Constitución que sostiene que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la ley le confiere.

La propia Constitución expresa que el derecho de sufragio se suspende en el caso de personas que estén acusadas de haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, por conducta terrorista o tráfico de estupefacientes (artículos 16 y 17).

Tal como lo señaló la ministra de Justicia, Patricia Pérez, antes de que el gobierno le quitara el piso a un proyecto de ley que ya había anunciado para que los privados de libertad imputados y quienes no tuvieran condenas superiores a tres años pudieran ejercer su derecho a voto, la Constitución deja un vacío legal respecto de los reclusos no condenados a penas aflictivas.

Frente a la airada reacción de la candidata presidencial oficialista, Evelyn Matthei, que consideró que era “ir demasiado lejos” permitir el voto de los privados de libertad y por la cual el gobierno terminaría desechando el proyecto, la Ministra se apuró en explicar que la propuesta legislativa -que habría beneficiado a 13.527 reclusos- no implicaba crear un derecho nuevo, sino un mecanismo que viabilizara el cumplimiento del derecho a sufragio y un padrón de todos los reos habilitados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos proponía una vía administrativa para que los reclusos pudieran ejercer su derecho a voto, pues de acuerdo a estándares internacionales, no se justifica limitar el voto a aquellos que no estén acusados. Y sostenía que conculcar los derechos políticos de los privados de libertad vulnera el principio de inocencia.

Por lo tanto, medidas administrativas como las decretadas por el juez del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago lo que hacen, justamente, es hacer cumplir la Constitución. De acuerdo a la resolución, la inconstitucionalidad en realidad está en que un sector claramente definido de nuestros ciudadanos y ciudadanas no puede ejercer, por imposición del propio Estado, sus derechos políticos como es el de votar en las elecciones presidenciales próximas.

Como sostiene la doctora en Derecho de la Universidad de Cambridge, Mandeep K. Dhami, “la exclusión del proceso cívico (de millones de presos en todo el mundo) es una amenaza a la democracia”, por cuanto eliminar el derecho a votar de un preso puede conducir a la desigualdad y la injusticia que es contraria a los ideales democráticos y, por el contrario, la restitución del sufragio de los presos puede favorecer su rehabilitación y reinserción social.

Por ello, el derecho a voto no sólo debe favorecer a los imputados y no condenados a pena aflictiva, sino ampliarse a toda la población penal, con la sola excepción de los reos condenados por delitos de lesa humanidad.

La imagen de las mesas de votación instaladas en los patios de las cárceles chilenas claramente no se concretará en las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y de COREs de noviembre, porque la propia institucionalidad estatal se resiste a llenar el vacío que la Constitución ha dejado respecto de los privados de libertad que no han sido condenados a pena aflictiva.

Pero sí tolera que violadores de derechos humanos condenados de por vida y delincuentes de cuello y corbata accedan a privilegios, mientras la mayoría de los privados de libertad no pueden gozar de sus derechos políticos y ni siquiera de su dignidad humana.

Es la esquizofrenia de nuestro sistema penal, que en nada ayuda a la reinserción de aquellos que antes de llegar a la cárcel estaban entre los más marginados de esta sociedad, y que al entrar a ella no sólo pagan el delito cometido con la privación de libertad, sino con la conculcación del resto de sus derechos.

* Columna publicada originalmente en El Mostrador

Comentarios

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misae

22 de septiembre

Me parece que todos los delincuentes paguen de la forma que tienen que pagar que es estar en la cárcel y sin ningún tipo de privilegio ,en lo que no estoy de acuerdo es en tratar al delincuente común como un desvalido esas personas están presas por no respectar los derechos de los demás y para mi no merecen contemplación si no manó dura he visto en programas donde el preso tiene hasta televisión están presos no de vacaciones ! Se habla de sobre población fácil la pena de muerte sería una gran solución lo siento pero hay gente en las cárceles que lo merecen (violadores,pedofilos,asesinos,etc) viví en un país donde la pena de muerte heciste y donde su sistema carcelario funciona bien y es por que al delincuente se le trata como lo que es.

Miriam Liliana Rojas Contreras.

25 de septiembre

Que pena que en algun momento de la historia, el gobernante de turno, firmo en nombre de todos nosotros los chilenos, el pacto de San Jose ( o algo asi) y los paises que firman ese acuerdo estan obligados a abolir la pena de muerte. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que la pena de muerte es necesaria en algunos paises y desgraciadamente Chile ya es uno de esos paises. Y para terminar el caos, los jueces atornillan al reves, con todas las pruebas incriminatorias en la mesa, los dejan libres por las razones mas inverosimiles. Hay delincuentes que tienen 20,30 detenciones,vuelven a la calle y de nuevo a lo mismo. De verdad creo que una bala sale mas barata.

25 de septiembre

Miriam:

La pena de muerte no es necesaria. Lo que es necesario, obligatorio, imperativo, es que nuestro sistema judicial funcione, y que los condenados por delitos que efectivamente cometieron (y no personas condenadas erradamente, que de eso hay varias) esten recluidos en carceles como se debe, no en esos antros que son muchas de nuestras clases o en el lujo paradisiaco de Punta Peuco.

La pena de muerte solo podria aplicarse si los jueces NO ATONILLARAN AL REVES, que lo hacen. Y tendriamos lo que tiene Estados Unidos: una lista enorme de gente pobre, sin recursos, ignorante, condenados a muerte, de la que siempre quedara la duda si realmente fueron o no culpables, y criminales como Contreras igual viviendo como jeque arabe porque jamas los condenaran a muerte.

23 de septiembre

Chile, en la medida de lo posible, debería categorizar las carceles por gravedad del delito cometido, pero de forma sumamente estricta. En el caso de que fuera así, no tendría ningún problema en que accedieran al sufragio delincuentes que no son un gran peligro para la sociedad (mecheros, lanzas). El tema se centra en cuando hablamos de sujetos como Contreras, es decir, asesinos, pedófilos, violadores. A esos sujetos, de partida, deberían estar toda sus vidas tras las rejas, pero el problema es que se convertirían en una carga para la sociedad y el estado, pues ya no estarían favoreciendo ni ayudando en nada al desarrollo económico y social del pais, por lo tanto, dejemos de lado las moralidades impuestas hace siglos atrás y pongamos la pena de muerte de una vez. En un estado soñado para mí, la victima debería elegir la pena que quiere para su atacante (o un familiar cercano en caso de la muerte de la victima), no olvidemos que justicia es “dar a todo quien lo que se merece”, y la penalización busca entregarle al afectado lo que le fue arrebatado, es decir: justicia. Aunque suene revolucionario y rompeesquemas, para mí, las victimas deberian elegir las penas para los condenados, aceptando sólo la pena de muerte a casos donde haya habido abuso sexual o asesinato, incluso intento de abuso sexual y/o asesinato.

Sé que seré tomado como violentista, revolucionario o subversivo en ciertos casos, pero todos quieren y claman cambios, aun así cuando alguien propone los cambios pareciera que todos se esconden avergonzados, se sienten cohibidos y se hacen los desentendidos, por eso es que en Chile los cambios son tan superficiales, porque nadie pone las manos al fuego o el suficiente vigor para llevar a un cambio de verdad significativo y, valga la redundancia, cambiante.

Memo Fuentes

25 de septiembre

Los pro pena de muerte apoyan a estos militares asesinos reos rematados condenados a 100 años o mas de presidio.
Me refiero a estos 3 comentarios, que son uno solo, en apoyo a la pena de muerte, desviando completamente el punto de tu artículo.
Justicia en Chile hay dos. Estilo Binominal, Una para ricos y otra para los “aspiracionales” , o en situación de calle, o los mas necesitados, como se llama a hora a la gente pobre.

25 de septiembre

La pena de muerte constituye una radical forma de negar la esencia del ser humano en sociedad y de los derechos fundamentales que le son inherentes.
En tanto pena resulta un exceso de crueldad y degradación a manos del Estado que dificilmente puede ser justificado en un sistema politico respetuoso de los DDHH

29 de septiembre

Como todo en la vida siempre existe alternativa para solucionar el entuerto delincuencial, sólo que tenemos que darnos el desafío de discutir ideas.
SI SE PUEDE TERMINAR CON LA DELINCUENCIA
Se ha escuchado Alcaldes llamando a las armas, pasajes, negocios, casas, todos entrando a la cultura del enjaulamiento, yo juntando piedras.
Según afirmación de nuestro gobierno, “al parecer nos obligaremos a cohabitar por muchos años con la delincuencia”, “mentiría si les dijera que la delincuencia se arregla en uno o dos años”.
Mientras el flagelo avanza, la discusión es continua y siempre girando en torno a las mismas propuestas:
*Hay que endurecer las penas – No porque hay estudios comparativos que no demuestran su efectividad.
*Meterlos a la cárcel – No porque están llenitas.
*Licitar cárceles a privados (construcción y mantención) – Huele a negocio.
*Aumentar las penas para robos en cajeros automáticos – Muy determinado.
*Volver a estudiar la pena de muerte – Delicado, hay compromisos internacionales.
*Que la puerta giratoria – Lo dicho, cárceles saturadas.
*Educación – Hoy es un bien de mercado, financiamiento aporte familiar Chile 80%, EE.UU. 41%, Japón 50%. Es chutar el problema para 20 años más.
*Desocupación juvenil – Autoexplicativo.
*Modificar la ley de control de armas – Controlar y requisar las buenas armas que están en manos de gente honesta, misma gente que queda expuesta al delincuente con armas hechizas y peligrosamente efectivas.
*Responsabilizar a padres por hijos que porten armas – Uno delinque eventualmente van dos a la cárcel, que ya están saturadas.
*Segregación social – Falta hacer de Chile un país más igualitario.
*La culpa es de los carabineros.- Han demostrado ser eficiente.
*Que son los tribunales – En parte si, en parte no porque son las leyes.
*Es el Congreso – Es más de lo mismo de la enumeración expuesta.
*Son los Fiscales – No porque no. Alegan tener demasiada carga de trabajo.
*Que es la TV – Esto es echarle la culpa al empedrado.
*Que las medidas de prevención son insuficientes – Solo pensarlo es algo inocente
Si esta red se autocombocara a conversar sobre este tema, de seguro llegaríamos a una real propuesta, al paso que revelaría que el MODELO es el problema.