se debe legislar en positivo, estableciendo el cogobierno como parte integrante del concepto de Universidad. No hablamos de una innovación. Hablamos de algo demandado por más de 100 años, y que existió en nuestro país hace más de 40
La demanda por democratización no ha sido, a nivel nacional, una reivindicación que haya caracterizado las movilizaciones estudiantiles de los últimos años en nuestro país. Desde el movimiento estudiantil, hablamos de una demanda que en sí se ha entendido desde dos ideas: la democratización institucional, permitiendo que las universidades privadas, CFT e IP pueden tener acceso a órganos colegiados de decisión en sus respectivas casas de estudio, a través de la derogación de los artículos 56 letra e), 67 letra e) y 75 letra e) del DFL 2 de 2010 (artículos provenientes de la LOCE); como también de democratización estudiantil, propiciando la organización de centros de estudiantes y federaciones. Ésta ha sido –en definitiva- una demanda de segundo plano, supeditada al contexto de la lucha reivindicativa del derecho a la educación desde la idea de gratuidad de la misma.
No obstante lo anterior, este año se ha dado mayor énfasis a una demanda que hemos entendido -como estudiantes- es de carácter vital. Y ante ello conviene hacer memoria histórica: el cogobierno, como tal, es una idea que probablemente hoy no sea parte del sentido común del país, pero ello tiene su explicación en el trabajo ideológico de la dictadura que, a través de la supresión de la organización colectiva, desmembró del imaginario colectivo la participación mancomunada y autodeterminada de los actores sociales. La demanda de democratización comienza de cimientos mínimos si se considera que, en definitiva, el cogobierno existió en nuestro país en la década de los ‘60.
A nivel histórico, las primeras instituciones de educación superior que llevaron el nombre de «universidades» aparecieron entre los siglos XI y XII en Europa. Existían, al calor de dicho período, dos tipos de universidades: las universidades magisteriales (universitas magistrorum: gremio de docentes), cuyo referente principal fue la Universidad de París; y las universidades escolares (universitas scholarium: gremio de estudiantes), cuyo baluarte principal fue la Universidad de Bolonia. Particularmente, en este último modelo de universidad, cuya principal característica era que se establecían como agrupaciones de estudiantes -gremio de estudiantes- su finalidad era contratar docentes para la realización de clases cuyo objetivo fuese la formación básica en las Artes Liberales y formación profesional en Medicina, Derecho y Teología. Pero existía en ellas una característica esencial: al ser universidades conformadas desde los intereses de los propios estudiantes, eran éstos quienes mantenían el control de la misma, teniendo los docentes que jurar obediencia al Rector, el cual también era un estudiante.
Desde los órganos representativos estudiantiles, fraguados al calor de las primeras consignas de gobierno universitario en Buenos Aires y Montevideo, en 1906, se comienza a disputar el concepto y el rol de la universidad como institución. Las acciones estudiantiles que se desarrollaron el año 1918 en Argentina, denominadas “Reforma de Córdova”, se gestaron desde un profundo cuestionamiento al concepto de Universidad Latinoamérica que emergió desde el siglo XIX.
Uno de los principales postulados de este proceso fue, en conjunto con la idea de “libertad de cátedra”, “autonomía universitaria”, “gratuidad en la educación” y “extensión hacia la sociedad”, fue el de instaurar en la universidad el cogobierno. Se entiende éste como la autonomía que brinda la posibilidad que sea la comunidad universitaria, en su conjunto, y entendiendo por ésta –en dicho proceso- a docentes, estudiantes y graduados, la que dirija los destinos de la institución. El gobierno compartido por éstos es la confirmación de la democratización del gobierno universitario. De esta forma, y con el grado de participación activa, se despertó el interés y la preocupación por los grandes problemas del país, vinculándose también con aquella idea propugnada que establecía la Universidad cumplía con su misión de formar ciudadanos y no sólo profesionales.
En Chile, el 25 de mayo de 1961 los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado (UTE) ocuparon todas las unidades de dicha institución, iniciando un movimiento reformista que duró seis años. Dos años más tarde, en 1963, se realizaría por parte de la Federación de Estudiantes de la UTE (FEUT) un Seminario de Reforma Universitaria con participación de docentes, estudiantes y autoridades, reavivando la discusión en conjunto de los claustros o estamentos universitarios. Este proceso se replicó, así, en diferentes instituciones de educación superior, iniciándose demandas de reforma orientadas, dentro de sus petitorios, a la participación mancomunada de los estamentos. De esta forma, entre 1968 y 1972 todas las universidades chilenas escogieron a sus máximas autoridades con voto de docentes y estudiantes, escogiendo a las autoridades en claustro pleno con participación de toda la comunidad.
Siendo una realidad aquello en nuestro país, la pregunta es ¿Por qué el cogobierno hoy no existe a más de 40 años de todo ese proceso?. La Reforma llegó a su fin con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, donde la dictadura militar eliminó los logros democráticos del proceso de reforma, además de todos aquellos avances en torno al entendimiento de la universidad compleja y el rol social de ellas en la sociedad, ahondando en la imposición del individualismo capitalista y, por supuesto, destruyendo las condiciones objetivas de organización y resistencia social. Que hoy nos parezca tan lejano es sólo una imposición ideológica transformada en sentido común.
El Ministro de Educación Eyzaguirre ha anunciado su acuerdo con la derogación de los artículos que impiden la participación de estudiantes de determinadas instituciones en el gobierno universitario. Ésta petición ha sido parte de las demandas reivindicativas del movimiento estudiantil, y de dicha concepción ha de ser considerado un avance. Pero también es el mismo movimiento estudiantil el que ha caracterizado dicha petición más allá, y con justa razón: no basta sólo eliminar la prohibición, pues ella no garantiza que efectivamente exista el cogobierno universitario. A finales del partido, ello dependerá de la voluntad de las instituciones, y bien sabemos que en aquellas mismas, muchas veces se persigue a los estudiantes por sus orientaciones políticas e incluso se les prohíbe todo tipo de organización, cercenando al sujeto colectivo por su potencial de empoderamiento. La Confech, es decir, los estudiantes a través de su discusión de base, han optado por la sensatez de lo correcto: se debe legislar en positivo, estableciendo el cogobierno como parte integrante del concepto de Universidad. No hablamos de una innovación. Hablamos de algo demandado por más de 100 años, y que existió en nuestro país hace más de 40.
La democratización desde la idea de la participación directa de la comunidad educativa a través del cogobierno (por cierto, y para que no quepa dudas, paritario) no debe desprenderse de la idea de derecho a la educación. Es, en definitiva, un error entender aquel derecho social como uno que conlleve sólo el acceso o la gratuidad a la educación: es un todo, un conjunto, parte determinante de todo lo que comprende el concepto de “educación” que no refiere a sólo la educación formal, sino también a los principios y valores que entrega la institución y nuestro círculo humano fuera y dentro de ella. Y, por supuesto, parte integrante de un Chile que demanda organización para transformar.
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