Cuando se habla de Defensa Nacional, la fuerza de los símbolos llena el imaginario de los interlocutores. Se habla de historia, glorias patrias, batallas, marchas y actos militares. También de honor, vocación y sacrificio. Soy un profundo convencido que a esa discusión le falta doctrina republicana, civil y democrática.
La Defensa Nacional es una política pública, que se presta como servicio público – no toda, pero en parte importante- por unas entidades especializadas que son las Fuerzas Armadas. Para todos los efectos de su gestión, están sujetas a la misma racionalidad técnica y presupuestaria que se exige al resto de la administración pública. Naturalmente de acuerdo a su naturaleza y con procedimientos adecuados.
Esta noción ha sido – y sigue siendo- una verdadera herejía en nuestro país. Sólo mencionarla genera ruido intelectual en el mundo militar y civil, que cree que “los militares son los profesionales” en estas cosas. Por diversas circunstancias, las autoridades civiles no examinan las cuentas a los militares sobre lo que hacen, planifican o gastan. Ello ha ocurrido desde hace mucho y también durante todo el período democrático desde 1990 hasta hoy.
Es un hecho que la Contraloría General de la República no exhibe el mismo talante al fiscalizar el Hospital Militar y el Hospital de Talca, o la compra de equipos y vituallas para un regimiento en Arica que cuadernos en el ministerio de Educación. La Auditoría General de Gobierno no es para las instituciones armadas. Ellas tienen sus propios sistemas internos, que funcionan bajo criterios de mando jerarquizado, por lo que autocontrolan la ejecución del 100% de su presupuesto.
¿Quién planifica y quién controla?
La eficiencia de la defensa se simula sobre un escenario de riesgos y necesidades que experimenta el país, que se resuelven con una planificación de medios y recursos que es capaz de financiar de manera sustentable en el tiempo.
Ese escenario de riesgos es una hipótesis de conflictos, por lo tanto la eficiencia de los medios está simulada. Eso implica la mayor rigurosidad político técnica, pues el momento de la verdad, es decir la prueba real de si los sistemas planificados sirven, puede tener resultados catastróficos si no sirven o no funcionan. Sencillamente se pierde la guerra.
Como ocurrió durante el terremoto del 27F. Chile se vio afectado por un terremoto con maremoto en su núcleo vital (de acuerdo al Libro de la Defensa Nacional) que dejó sin mando estratégico al país durante al menos 48 horas. Para todos los efectos, esa es información estratégica gratuita que quedó a disposición de todos los servicios de inteligencia, amigos y adversarios de Chile, sin esfuerzo alguno de su parte. Sólo por ineficiencia nacional.
Una organización moderna de la defensa sabe que hay tres aspectos centrales para el accionar de una fuerza militar: el C3 + I. Esto es Comando, Comunicación, Control e Inteligencia. Hasta donde el país sabe, lo que se había gastado en Comunicación antes del terremoto no sirvió nada o casi nada en las primeras horas. Están vivas las imágenes de la Presidenta Michelle Bachelet en la ONEMI pidiendo información o un helicóptero, sin respuestas de su gabinete de crisis.
Las hipótesis de riesgo y las soluciones de la Defensa se planifican para un escenario dominado por la tensión y el conflicto, y no pueden ser ilimitadas, sino priorizadas y acotadas. En términos modernos deben apuntar a captar velocidad, sincronización y máxima eficiencia conjunta de los componentes técnicos que se utilizan. Por lo tanto, hay que explicitar como hipótesis la guerra que se supone se va a pelear. La brecha sin cubrir que queda es la del riesgo aceptado o cubierto por otros medios como la diplomacia o las alianzas.
Su determinación se hace en lo que se denomina apreciación global político estratégica que, asesorado por las FF.AA., hace el poder civil. A las FF.AA. le corresponde indicar los mejores medios profesionales y técnicos militares para alcanzar los objetivos políticos que se ha puesto el Estado, y que requieren de uso real (guerra) o simbólico de la fuerza (disuasión).
Es decir, el gasto militar en defensa es la racionalidad extrema de la vida y la muerte del Estado, y una especie de seguro que el país adquiere, para usarlo cuando lo necesite. Puede fallar, como todas las cosas en el mundo, pero al ocurrir sobre todo en las fases preparatorias o en los controles, hay que corregir las deficiencias y no enmascararlas.
Si se pierde un pelotón de conscriptos en un ejercicio de montaña como ocurrió en Antuco, no hay que esquivar la responsabilidad del mando y salir por arriba declarándolos héroes y levantar un monolito que diga “Héroes de Antuco”. ¿De cuál guerra? Y si se caen las comunicaciones, no hay que hacer como si no hubiera ocurrido nada, pues el país queda ciego.
Las Fuerzas Armadas son instituciones técnicas y profesionales de violencia legítima del Estado, para acciones de defensa externa, que deben dar el máximo de garantía en su eficiencia. Por lo mismo, no son para educar, alfabetizar o enseñar a cortar el pelo. Ni tampoco, como acaba de decir un ex Comandante en Jefe del Ejército, posiblemente extraviado por sus “estudios políticos”, una institución que hace “diplomacia militar”. Ello es un contrasentido táctico y estratégico en el diseño de la fuerza militar.
Cómo se asignan las platas en Chile
El sistema chilensis para proveer recursos es eso; un sistema sui generis, que no mira ni a la racionalidad, ni a la eficiencia conjunta y está anclado en fueros corporativos de cada una de las ramas. Chile ha gastado en lo que va recorrido de gobiernos democráticos más de 20 mil millones de dólares en armamentos, fuera del gasto corriente que le significa mantener sus FF. AA. Y que suma unos cinco mil millones de dólares anuales considerando el gasto en previsión (que es el único del sector público que tiene aporte estatal).
Su automatismo presupuestario básico está en la Ley Reservada del Cobre, que se asigna por tercios, con un piso en dólares fijado al año 1989, el 10% de las ventas de cobre.
Tan amarrado está el sistema que precisa para cambiarlo de una reforma constitucional al art. 105 de la Constitución Política, en relación al Título VI de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y recién ahí a una ley de quórum simple, la Nº13.196 Reservada del Cobre y al Decreto Ley 1.263 sobre Administración Financiera del Estado.
Es un sistema tan anclado a quorums parlamentarios altos que requerían consensos casi inalcanzables y que los gobiernos de la Concertación tampoco nunca tuvieron mucha voluntad de cumplir el compromiso expreso de cambiar, al menos la ley reservada del Cobre.
Si el aspecto clave en la gestión de la Defensa es la definición de los objetivos globales del Estado, es sólo a partir de ahí que se puede determinar racionalmente los requerimientos y objetivos de las distintas ramas sabiendo para cual guerra, qué, cómo y dónde se compra.
——————————————-
Foto: Fotograma! / Licencia CC
Comentarios