Es un avance que se presente esta agenda energética, sin embargo, aún se deben crear los mecanismos legales que permitan su implementación. ¿Será esto posible? ¿El gobierno tendrá la capacidad y/o voluntad para hacer los cambios regulatorios que se requieren?
La energía está presente en cada aspecto de nuestras vidas, desde los alimentos que consumimos hasta el transporte que utilizamos. Dependemos de la energía en forma extrema y su acceso y disponibilidad está fuertemente ligada a los niveles de bienestar y crecimiento económico de las sociedades modernas.
La situación energética (calefacción, transporte y electricidad) de nuestro país es preocupante, siendo una de las mayores amenazas en el futuro próximo, no sólo por los altos precios que debemos pagar los ciudadanos por los combustibles y la electricidad que consumimos o por la pésima calidad del aire que debemos respirar a diario producto de la combustión de diversos energéticos, sino que además sin energía no hay crecimiento ni desarrollo económico.
En la actualidad importamos más del 60% de los energéticos que se consumen como energía primaria, los que provienen de los combustibles fósiles. Esto provoca que tengamos una matriz inestable, sensible a la volatilidad de los mercados externos y por sobre todo vulnerable a una crisis económica y social de gran envergadura, debido a la posible interrupción que pudiese sufrir el flujo de estos combustibles –como ya ocurrió con Argentina y la crisis del gas que se inició en el 2004.
Por otro lado, contamos con una matriz eléctrica cara. En nuestro país pagamos por la electricidad el doble que nuestros vecinos; poco diversificada, tanto en fuentes de generación ya que funciona básicamente con termo e hidroeléctricas, como también concentrada en términos de propiedad, fundamentalmente en grandes empresas (Colbun, Endesa y AES Gener). Además de ello, esta matriz crecientemente ha incorporado más termoeléctricas, por lo que es sucia y contaminante, lo que se ve reflejado en que Chile avanza a ocupar el segundo lugar (en porcentaje) a nivel mundial, después de China, en la velocidad con que ha aumentado sus emisiones de CO2, uno de los gases causante del calentamiento global.
Este modelo tiene sus bases en la “Política de Desarrollo Eléctrico”, definida en la legislación de los años 80, la cual ha permitido el desarrollo de un Estado subsidiario con nula capacidad de planificación. En materia eléctrica ha definido que el Estado tiene un rol neutral y por ende no cuenta con herramientas regulatorias para ordenar el funcionamiento del sistema eléctrico.
Como podemos ver el rol que ha jugado el Estado en el desarrollo energético es clave. No ha existido una “reforma energética” de mediano y largo plazo, que permitiera hacer una planificación del sector en forma democrática, basada en los pilares del bien común y el respeto por el medio ambiente y comunidades. Hasta ahora, ya que el actual Gobierno de Bachelet ha presentado su Agenda Energética, la que abarca siete ejes estratégicos que buscan como objetivo fundamental que la energía del país sea confiable, sustentable, inclusiva y de precios razonables, como siempre debiese haber sido.
En esta agenda se recalca la importancia que tiene el rol del Estado. En su primer eje establece que el Estado debe velar por la protección de los usuarios, una efectiva competencia en el mercado y asegurar un desarrollo dinámico de las inversiones que el país requiere para contar con energía suficiente y a precios razonables, en base a los objetivos sociales, ambientales y económicos que se hayan definido. Es curioso, ya que este eje ha estado presente desde la legislación de los 80, sin embargo, durante todo este tiempo el Estado ha sido privado de su capacidad de iniciativa, dejando en manos de privados el destino de la energía del país. Mi pregunta es, ¿por qué ahora y no antes, considerando que la Presidenta ya tuvo su oportunidad hace algunos años, ocasión en la cual se aprobaron numerosos proyectos termoeléctricos?
Sin duda, es un avance que se presente esta agenda energética, sin embargo, aún se deben crear los mecanismos legales que permitan su implementación. ¿Será esto posible? ¿El gobierno tendrá la capacidad y/o voluntad para hacer los cambios regulatorios que se requieren? Además no debemos olvidar el profundo pasivo ambiental que estamos dejando, luego de años de una nula planificación del sector energético, basta ver lo que está pasando con las llamadas zonas de sacrificio.
Hoy, 5 de junio, fecha en la que se conmemora internacionalmente el Día del Medio Ambiente, considero propicio reflexionar y visualizar que las cosas pueden cambiar de dirección y así podamos transitar hacia una planificación estratégica del sector, que tenga como pilar fundamental el uso de las energías limpias, de las cuales Chile dispone en abundancia.
* Entrada escrita por Cristopher Toledo, economista asociado a Fundación Terram.
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Foto: boskizzi / Licencia CC
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