Con el inicio del 2022 llega la hora del balance del término de un ciclo político y se abren las expectativas respecto de los desafíos que deberá enfrentar la administración entrante. Ello ocurre con un telón de fondo muy particular, tanto en lo global como en lo local, con una crisis climática que en nuestro país se expresa en una mega sequía; una pandemia que nos ha obligado a una profundad reorganización del sistema social y económico-productivo; el proceso constituyente en curso, que deberá proponer una nueva constitución y como si fuera poco la incertidumbre e inestabilidad global del inicio de hostilidades en Europa del Este.
Sin lugar a dudas todo ello incidió fuertemente en lo obrado por el gobierno saliente, sin embargo no se le puede echar toda la culpa al empedrado. En términos de balance en general se aprecia que más allá de dar continuidad a las grandes líneas de política que se han venido implementando desde 2000, los logros son bastante modestos frente a las crecientes exigencias de sustentabilidad, competitividad e inclusión, dimensiones ineludibles para el desarrollo de un sistema alimentario moderno.
Entre los avances, cabe destacar:
Si bien todo lo anterior contribuye a la modernización y desarrollo del sistema alimentario, en general se trata de acciones de continuidad, en las que cuesta ver el legado de este gobierno..
En relación a las deudas, una primera apreciación es que el tema alimentario perdió visibilidad en las políticas de gobierno. El liderazgo del Ministerio de Agricultura se desdibujó, su accionar se redujo a temas puntuales sin visión estratégica ni liderazgo político. La modernización institucional del MINAGRI transformándolo en un ministerio de agricultura y alimentación, resultó en un proyecto de ley fallido que no superó el primer trámite legislativo. Algo parecido ocurrió con la promesa de dotar de una institucionalidad adecuada al sistema de inocuidad y calidad alimentaria, fortaleciendo la ACHIPIA. En este caso ni siquiera se avanzó en una propuesta.
Asimismo es llamativo que algunos temas en desarrollo, profundamente técnicos, sin ninguna eventual controversia política y/o ideológica que los pudiera frenar, no hayan tenido avance alguno en estos cuatro años. Entre ellos la propuesta de modificación del RSA para incluir la definición de alimentos funcionales y aquella para perfeccionar la trazabilidad en alimentos; la propuesta de los acuerdos de producción saludable para apoyar a las PYMES a adecuarse a la normativa de etiquetado nutricional; la integración de los programas de vigilancia epidemiológica, y la institucionalización del Proceso de Análisis de Riesgos, solo por mencionar algunos ejemplos.
Finalmente por el lado del MINSAL completamente volcado a la emergencia sanitaria, el tema alimentario perdió toda preponderancia en las políticas de la subsecretaría de salud pública.
Las nuevas autoridades tendrán enormes desafíos y la extraordinaria oportunidad de avanzar en la consolidación del nuevo paradigma de desarrollo basado en sistemas alimentarios competitivos, sustentables, resilientes e inclusivos
Es probable que la sumatoria de todo lo anterior, tenga que ver con la caída de Chile en el ranking internacional del Food Security Index. Hasta el 2018, nuestro país se ubicaba en el lugar 24° a nivel mundial y 1° a nivel latinoamericano. En 2019, la posición de Chile cayó al 3° lugar en Latinoamérica y 34° en el global.
Desafíos para el nuevo ciclo que se inicia
Los efectos de las crisis social, ambiental y sanitaria en materia de seguridad alimentaria se han expresados, en lo inmediato y en forma aguda, en el incremento de los indicadores de malnutrición, y en una dimensión más estructural y de largo plazo, en los impactos socioeconómicos, ambientales y productivos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. En este escenario ciertamente la continuidad de las políticas públicas sectoriales debe necesariamente repensarse en función de las nuevas y urgentes determinantes del desarrollo. A mi juicio son siete los ejes estructurantes que en un proceso de revisión y ajuste de estas políticas públicas se debiesen considerar, a saber:
Sin duda, las nuevas autoridades tendrán enormes desafíos y la extraordinaria oportunidad de avanzar en la consolidación del nuevo paradigma de desarrollo basado en sistemas alimentarios competitivos, sustentables, resilientes e inclusivos, que lejos de desconocer la relevancia estratégica del sector para el desarrollo y bienestar de la sociedad chilena, corrija y potencie bajo los nuevos enfoques sociales, políticos, culturales y tecnológicos la hasta ahora extraordinariamente exitosa trayectoria de las últimas décadas.
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