Estado, empresariado y mineros a 20 años del cierre del carbón

Volver al origen toma mayor preponderancia, si el objetivo es buscar alternativas para salir de la crisis. Comenzaré analizando a los actores que tenían competencias sobre el capital, tal como en los inicios del proceso de explotación, como en su finiquito.

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Recuperada la democracia por la coalición política que convidó a votar por el NO, en su segundo gobierno, encabezado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, será quien resuelva ponerle candado a esta actividad económica.

Partiendo por el Estado de Chile, describiendo su incipiente configuración en el siglo XIX. En esta etapa está muy lejos en convertirse en un Estado-empresario. Ese papel lo vendrá a jugar recién a mediados del siglo XX, durante la administración de los gobiernos radicales, quienes crean la CORFO. Chile se venía independizando políticamente de la metrópoli, pero no lo había hecho económicamente. Pues, seguíamos dependiendo de capitales foráneos, principalmente ingleses. Por otro lado, en el último siglo colonial, la única actividad económica desarrollada en nuestro país era la agricultura, la que fue diezmada por las batallas emancipadoras, las que tuvieron como escenario a los campos de cultivo en la zona central.

Tampoco es un Estado que ejerce soberanía en todo el territorio. Aún no ha integrado el sur del río Bío Bío al concierto nacional, sobre todo en la llamada “baja frontera”.

Por lo tanto, será el empresariado de aquella época quien asuma ciertas tareas propias del Estado, como son la integración del territorio con un afán civilizador. Entiéndase este último concepto como la creación de ciudades, a las que se les dotó de medios de transporte, espacios públicos, calles, tendido telegráfico, servicio de correos, etc.

En tal sentido, estamos frente a un empresariado profundamente nacionalista, que decidió luchar contra el carbón inglés,  cuya “…calidad era superior y su precio resultaba más económico (…) Las importaciones… llegaron a un máximo entre 1870 y 1875”. (Mazzei, 1990) Por tal motivo, Matías Cousiño comenzó a fundir cobre en Lota, para así arrebatarle al carbón inglés, este segmento del mercado nacional.

Aunque es verdad también, que todo esto se logró gracias a la explotación que se hizo de los mineros. No por ello, podemos afirmar que esta realidad de dominación se tradujo en lucha de clases, porque lo que único que buscaba el empresariado burgués con estas acciones, era disciplinar la mano de obra, la que además provenía del campo. “Ya no bastó con el ofrecimiento de salarios relativamente más altos…,  sino que el ordenamiento de esa masa laboral, incluso en términos espaciales, (con) el hospital, el cuartel, la escuela y particularmente la familia” (Venegas, 2013). Estos elementos de infraestructura urbana, los hacen aproximarse más a un modelo de socialismo utópico, que a los diseños urbanos de company town, como los levantados en la minería cuprífera. No es menos cierto también, que de no haber sido por la introducción de estos capitales, los mineros no hubiesen existido, conservándose como una sociedad campesina.

¿Cuándo estallan las relaciones de conflicto? Estas surgen mucho antes que aumenten los costos, debido que pese a ello, la producción se mantenía en aumento. De 20.000 toneladas que se extraían a comienzos del siglo XX, superamos las 490.000 toneladas, al traspasar la primera década; así llegamos al 1930, con más de 1.400.000 toneladas de producción. Entonces, las luchas obreras se levantan cuando cambian la razón social de las compañías, debido a que la acumulación de capital conforma el establecimiento de sociedades anónimas. Recordadas son las “huelgas largas” en esta centuria (1910-1912, 1922, 1947 y 1960), Venegas respecto a esta situación dice que para aminorar las relaciones de conflicto, las compañías deciden crear los departamentos de bienestar, cuyo primer director para el caso de Lota fue Octavio Astorquiza.

De este modo, se diluye la figura personal y/o familiar de las empresas. Lo que coincide cuando el Estado empieza a asumir un rol empresarial. Más aún, la creación de la CORFO la hizo adoptar iniciativas centradas en el sector energético. Por lo tanto, cuando crea la ENAP, al momento de tomar esta decisión, el Estado ya sabía de los altos costos que significaba mantener la minería carbonífera. No obstante, bajo el gobierno de la Unidad Popular, que es cuando el Estado asume un rol más activo en la economía nacional, la que desembarcó en la nacionalización de este mineral negro. Situación que no alcanza a ser revertida, pese a haber asumido el neoliberalismo como modelo económico, que pese a los postulados de Friedman y von Hayeck, la dictadura militar decidió no privatizar la minería carbonífera, como tampoco lo hará con la cuprífera, pese a que los altos costos de la primera podrían sugerirlo, debido a que cada vez iban en más aumento.

Recuperada la democracia por la coalición política que convidó a votar por el NO, en su segundo gobierno, encabezado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, será quien resuelva ponerle candado a esta actividad económica. Al momento de tomar esta decisión, tenía sobre su despacho estudios relevantes sobre los procesos de reconversión laboral vívidos en Europa. Pese a aquello, en su decisión primó el concepto de capitalismo popular, heredado del modelo neoliberal que nos dejó Pinochet.

Asumimos a partir de esta premisa económica, que el rol que le toca jugar al Estado, es subsidiario y benefactor; dejándole la responsabilidad económica de un territorio deprimido en manos de empresarios inescrupulosos, pseudo empresarios o ex mineros que cumplirían este rol social.

Se debilitaba por cierto, la dimensión geopolítica del Estado, trayendo como consecuencia la mutación de un empresariado nacionalista del siglo XIX; a uno completamente apatria, en el XX. Donde el territorio pasa a ser sólo un recurso económico, que se puede subsidiar y compensar, transformando a la cuenca del carbón en una zona de sacrificio. De ahí que los papeles de colaboración entre el Estado y el empresariado se invirtieron. Por ejemplo, la Compañía minera cedió gratuitamente al Estado el ferrocarril Los Ríos de Curanilahue. En cambio ahora, es el Estado quien amplia la ruta 160 para usufructo de las empresas forestales.

Con el cierre de las minas de carbón, los mineros no sólo perdieron su fuente laboral. Lo que verdaderamente se perdió fue la dignidad de los antiguos mineros. Aquellos que eran capaces de marchar hasta la capital, con tal de exigirle lo que al Estado le correspondía. Pues, los males de los trabajadores de hoy, son los mismos que le criticamos al empresariado. Nos coludimos para obtener pensiones, sin importar que la zona del carbón mantenga cifras de dos dígitos de desocupación, por veinte años.

Los llamados a revertir esa situación no es el Estado ni el mundo privado, han dado muestras suficientes de desinterés. En vez de protestar en nuestro territorio, porque ya no se marcha ni  a Concepción, debemos buscar la forma de dinamizar una superficie que se encuentra invisibilizada, incluso para la comunidad local.