Ley de telecomunicaciones: propiciemos la ciudadanía

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En los espacios públicos, presenciales o virtuales, especialmente en aquellos no dependientes de los grupos fácticos del poder, debemos integrar un conocimiento que fusione aspectos técnicos, científicos y legales que en su conjunto permiten ejecutar las mejores acciones a favor de los usuarios.

Nótese que nos estamos refiriendo a Telecomunicaciones en general y no sólo antenas de telefonía celular, como se sostenía al inicio del proyecto de esa ley, por la sencilla razón de que en los años transcurridos desde su inicio hasta su publicación  la tecnología evolucionó con tal rapidez que actualmente suelen fundirse en un solo aparato las funciones de telefonía, TV, geolocalización, fotografía, internet de banda ancha, etcétera.

En forma análoga, los sistemas de transmisión y recepción hacen uso de la misma infraestructura; ya sean torres, estaciones bases, micro celdas, pico celdas, anchos de banda. Asimismo, la legislación ha dado forma a nuevos aspectos del derecho que recién se están poniendo en evidencia.

Primero ocurren los hechos y tiempo después aparecen los derechos. Para más remate, desde fines del siglo pasado, primero actúan “los mercados”, generando ofertas y demandas; luego vienen los efectos económicos (ya sean “burbujas” en cualquier industria y las subsecuentes crisis); y finalmente el derecho.

Basta mirar los ejemplos que hemos visto a nivel global y a nivel nacional para darnos cuenta de que todo esto es fruto de un modelo que, a costa de privilegiar la “libertad”, privilegia disminuir el rol del Estado, eludir tributos, evadir responsabilidades y eliminar la fiscalización, poniendo de relieve que los mercados no se regulan solos y que alguna instancia debe poner riendas a los caballos desbocados.

En el caso particular de la ley indicada, hay por lo menos tres fases en las cuales las instancias que se consideren responsables deben poner ojo. Primero, las llamadas Zonas urbanísticamente saturadas. Segundo, aquellas instalaciones cuya tramitación se inició en el período anterior a la ley (sin ninguna regulación) y que están por concluirse en el periodo actual (cuando hay alguna regulación). Tercero, aquellas nuevas instalaciones cuyo origen es totalmente bajo la nueva legislación.

Debe entenderse que las “instancias que se consideren responsables” ni siquiera están claramente definidas, pero en una primera aproximación pueden entenderse como tales:

1) Las empresas que ganan plata con el negocio.

2) Los usuarios que pagan plata por un servicio que consideran necesario.

3) Las agencias intermedias de la sociedad civil (personas naturales, juntas de vecinos, organizaciones de consumidores, centros de seguridad vecinal)

4) Las agencias intermedias del Estado (Ministerios, subsecretarías, superintendencias, direcciones generales, servicios).

5) Los congresistas que tuvieron la pelota durante 10 años y ahora observan desde sus curules lo que pasa en la cancha.

Para no hablar por las empresas del punto 1, nos referimos solo al resto.

Usuarios que pagan plata por un servicio

En esta área del modelo lo que prima son consideraciones subjetivas, porque los interesados creemos que necesitamos un servicio, en parte debido a que nos ayuda a ampliar nuestro espacio y en parte porque la propaganda marketera nos ha creado una necesidad que no es básica.

Sin embargo, su causa principal está relacionada con la ética y con la estética, mientras que su efecto principal es afectar la salud y provocar depreciaciones inmobiliarias en zonas urbanas, o bien valorizar zonas en sectores rurales.

Agencias intermedias de la sociedad civil

Está probado desde el origen de los tiempos que el principal agente de la sociedad es la persona natural. De cada uno depende si asume un rol pasivo (eligiendo representantes, como en el juego del “tú la llevái”, o el jefe de la tribu) o un rol activo (participando como “integrante del grupo de caza” o el asambleísta que propone, actúa y vota).

En el tema que nos preocupa, ha habido personas solitarias que iniciaron acciones porque nadie las ayudó; organizaciones que dedicaron tiempo y plata siguiendo algún camino que les pareció correcto; juntas de vecinos que trataron de representar a sus socios, encontrando a veces ayuda y a veces obstáculos en sus municipalidades.

Es necesario compartir las experiencias ganadas mediante la participación ciudadana, tanto por personas naturales como jurídicas, y ayudarnos unos con otros para preservar los pequeños derechos otorgados por la ley para resistir el embate neoliberal.

En los espacios públicos, presenciales o virtuales, especialmente en aquellos no dependientes de los grupos fácticos del poder, debemos integrar un conocimiento que fusione aspectos técnicos, científicos y legales que en su conjunto permiten ejecutar las mejores acciones a favor de los usuarios.

Parece una actividad complicada –y créanme que lo es – pero es la única que nos permite acumular  experiencias y conocimientos provenientes de distintas fuentes profesionales y etarias. Aquí caben aportes de técnicos instaladores, físicos, ingenieros de comunicaciones, arquitectos, médicos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres.

*Enrique Cisternas Cifuentes integra el Primer Consejo de la sociedad civil de SUBTEL y es candidato a Concejal en Las Condes.

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Foto: Pedro Cupertino / Licencia CC