Capitalismo de vigilancia y protección de datos personales

Estamos en presencia de un momento crítico para la consolidación de una forma de economía que utiliza nuestra información como material bruto para prácticas de extracción, predicción y comercialización. El desarrollo tecnológico actual posibilita la creación de nuevos tipos de mercancía y, por cierto, de nuevas formas de acumulación basadas en la explotación de la experiencia humana mediante tecnologías de vigilancia digital, Big Data y el uso de inteligencia artificial.

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Amparados bajo el discurso de protección de la población, se podrá justificar la implementación de dispositivos tecnológicos diversos, como cámaras térmicas o el uso de la geolocalización para identificar a personas contagiadas.

Shoshana Zuboff denomina Capitalismo de Vigilancia (Surveillance Capitalism) a esta lógica que conduce a la creación de una arquitectura global de modificación del comportamiento. En esta transformación del modelo económico capitalista, la concentración de la riqueza y del conocimiento alcanza una escala global, facilitando el origen de un nuevo poder instrumental, fenómeno que es posible dada la proliferación de dispositivos y estrategias, tanto de vigilancia digital como de procesamiento de datos.

Cada vez que navegamos en internet se generan interacciones de diverso tipo: búsquedas, compras, envío de mensajes, etc, las que atomizadas y convertidas en paquetes de información nutren los mecanismos de procesamiento en la nube, tal como lo describe Jaron Lanier. Empresas como Google o Amazon utilizan estos datos como la materia prima para la creación de productos que luego comercializa con anunciantes y otros actores involucrados en este mercado.

Es necesario especificar, sin embargo, que lo que interesa no es nuestra información individual, ni tampoco una búsqueda específica sobre cierto tema, sino la multiplicidad de interacciones que sostenemos mientras se navega online. Esta información de una persona, sumada a la de millones de usuarios puede ser procesada utilizando Big Data, inteligencia artificial y otras herramientas, de manera de construir “perfiles tipo” que les permite a las empresas, gobiernos y personas particulares generar predicciones respecto a nuestras decisiones de compra o por quién es más posible que votemos en una elección determinada, por ejemplo. La diversidad de comportamientos que se pueden predecir es tan extensa como nos lo permita nuestra imaginación, pero lo crucial no es sólo esta capacidad de anticipación a la que pueden acceder los agentes, sino cómo además puede modelarse la conducta para obtener una respuesta determinada de las personas.

Mientra más información sobre nuestro comportamiento exista disponible online, más precisos son los productos de predicción que pueden construirse. Las tecnologías que sustentan este modelo económico se alimentan de este exceso de datos para producir mejores predicciones. Empresas como Google pueden continuar afirmando que protegen la privacidad en la medida que lo que se comercializa no son los datos mismos de las personas sino los productos de predicción elaborados a partir de ellos, tal como lo describe Shoshana Zuboff. Las empresas y agentes públicos en este mercado se benefician de este modelo a partir de la reducción de los riesgos para sus clientes, señalando cada vez con mayor precisión donde “hacer sus apuestas” y siguiendo la máxima “Mientras más predictivo el producto, menor el riesgo y mayores las ventas “.

Los privados no son los únicos que han podido beneficiarse de este modelo. Partidos políticos y candidatos presidenciales han aprovechado estas prácticas para modelar el comportamiento de posibles votantes. El caso de Cambridge Analytica es quizás el más renombrado a nivel mundial, pero nuestro país no está exento de estas controversias. En las elecciones de 2016 y 2017 Instagis, a través de su aplicación SOSAFE recaudó $274 millones de pesos (CLP) de acuerdo con los registros de gasto electoral del SERVEL. Estos servicios fueron prestados a candidatos de ChileVamos y habrían contribuido a la elección de figuras como Joaquín Lavín, Catherine Barriga, Javier Macaya, Jaime Bellolio y a la campaña del actual Presidente Sebastián Piñera.

Chile cuenta con un esquema débil para la protección efectiva de datos personales. El nivel de protección que brinda la ley ofrece más bien un marco regulatorio para el mercado de las bases de datos personales que para la protección a los derechos de los titulares de estos. Esta regulación fue redactada con asesoría directa de grupos, gremios y empresas interesadas en el negocio de procesamiento de datos personales, en desmedro de actores de la academia y el mundo civil. A esto se suma el desconocimiento de los parlamentarios involucrados.

La ausencia de una autoridad pública de control, de sanciones efectivas, de regulación respecto del flujo transfronterizo de datos personales, de la autorización del uso de los datos para marketing directo sin consentimiento del titular, de un registro de banco de datos privados, además de la existencia de excepciones amplias para el consentimiento de datos y la falta de mecanismos procedimentales de resguardo efectivo son algunas de las falencias que autores como Viollier o Jijena identifican como las más notorias respecto de la regulación chilena.

La pandemia global que estamos viviendo es un escenario propicio para consolidar esta forma de capitalismo. Amparados bajo el discurso de protección de la población, se podrá justificar la implementación de dispositivos tecnológicos diversos, como cámaras térmicas o el uso de la geolocalización para identificar a personas contagiadas. Una estructura regulatoria débil en cuanto a la protección de datos, sumada a los diversos intereses comerciales por acceder a información digital de las personas configuran el escenario ideal para la proliferación del mercado de datos a nivel nacional y global.