Un paro interminable

El paro de los funcionarios de una institución del Estado, Registro Civil e Identificación, ha puesto de relieve un conjunto de temas que invitan a la reflexión, entre los cuales destacan los abusos con los usuarios de servicios públicos, las condiciones laborales de los funcionarios estatales y la legalidad del paro.

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Los paros, las huelgas constituyen un recurso de defensa de los derechos de los trabajadores. Más allá de su legalidad, es la única herramienta de que disponen para hacer valer lo que se cree merecer frente a la contraparte, el Estado o los dueños de la empresa en el caso del mundo privado.

Debo confesar que no logro comprender un paro que se ha prolongado por más de un mes que afecta a millones de usuarios. Respecto de los fundamentos del paro pareciera que se centran en exigencias de mejoras salariales y la entrega de un bono comprometido por un exministro de la cartera de Justicia, José Antonio Gómez, quien a lo largo de este período no ha confirmado ni desmentido dicha versión. Lo más probable es que estemos ante un juego de interpretaciones, donde una de las partes se abrió a una posibilidad que la otra parte terminó dando por sentado.

A partir de lo que se ha dado a conocer en torno a los sueldos que perciben los funcionarios de Registro Civil, si bien ellos no son escandalosamente altos, tampoco son en extremo bajos, al menos en relación a lo que percibe el grueso tanto del sector público como privado. En este contexto el paro constituye un abuso por tratarse de un servicio esencial, que está ocasionando perjuicios graves a muchos chilenos. Más de un millón de documentos pendientes, que no se han podido emitir, revela la magnitud del daño que está ocasionando.

Los paros, las huelgas constituyen un recurso de defensa de los derechos de los trabajadores. Más allá de su legalidad, es la única herramienta de que disponen para hacer valer lo que se cree merecer frente a la contraparte, el Estado o los dueños de la empresa en el caso del mundo privado. Los paros también representan un fracaso de la capacidad negociadora de las partes implicadas. Al paro se asume que recurrimos cuando se agotaron instancias de negociación, cuando no se alcanzan acuerdos.

Los costos de la falta de acuerdos lo deben pagar quienes han sido incapaces de ponerse de acuerdo, no terceros que no tienen nada que ver. Y este es el drama de este paro y de muchos otros paros. Se chantajea usando como escudo a los afectados.

Esto es particularmente cruel cuando el producto/servicio que se proporciona es monopólico, como es este caso. Si requiero un carnet de identidad, no tengo la opción de obtenerlo de otra institución que no sea el Registro Civil e Identificación. Por tanto, acá hay un abuso, en este caso de funcionarios que suspenden indefinidamente la provisión de un servicio de carácter monopólico. Tal como abusan dos o más empresas cuando se coluden para fijar cuotas de producción o precios en perjuicio de los consumidores. La única y gran diferencia, reside en que en un caso se trata de acuerdos de los de arriba, en tanto que en el otro, de los de abajo.

Lo expuesto ilustra la necesidad de acelerar tanto el proceso de virtualización de los servicios, en que han estado empeñados los servicios públicos, como de incorporación de más personas al uso de estos servicios por parte de la población, particularmente la de menor educación.