Desde la declaración de la pandemia causada por el Sars-Cov-2, el 11 de marzo de 2020, se han confirmado alrededor de 54 millones de casos a nivel global y, lamentablemente, han fallecido cerca de 1 millón 300 mil habitantes en todo el mundo.
Aparte de los lastimosos datos clínicos que nos ha dejado esta enfermedad, nos ha mostrado realidades sociales muy vulnerables de casi todos los países del globo, incluido el nuestro.
Con respecto a lo anterior, hemos sido testigos de la inactividad del Ejecutivo, toda vez que, en relación con cada uno de los contratiempos sufridos por la población, éste ha llegado tarde y de muy mala manera, sin ser capaz de entregar soluciones mínimas a las y los trabajadores más afectados, teniendo que ser estos últimos los que finalmente, con sus propios recursos, han ido a su propio rescate económico.Aquellos legisladores de “izquierda” que siempre exigen “impuestos a los más ricos”, debiesen mantener las convicciones intactas, independiente de la cantidad de aplausos que suenen.
El Estado, de momento, solo destinó alrededor de US$5.000 millones para ayudas sociales directas -Bono Covid, IFE, Bono clase media-, mientras que las y los trabajadores han aportado de sus propios fondos alrededor de US$17.500 millones, divididos entre un aporte de US$1.500 millones pertenecientes a sus cuentas del Seguro de Cesantía a través de la Ley de Protección al Empleo, y por otro lado, el más acaudalado aporte, correspondiente al retiro del 10% de las cuentas de sus fondos previsionales, correspondiente a US$16.000 millones.
Como vemos, el rol del gobierno en esta crisis ha sido a lo menos insuficiente, debiendo los ciudadanos auxiliarse con sus propios recursos, que en su esencia han sido previstos para otro tipo de contingencias y etapas de la vida.
Ahora, ad-portas de un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, aparecen dos figuras que llaman mi atención. Una, ya amparada por la frágil acción del gobierno para enfrentar la crisis económica-social derivada del virus pandémico; y la otra, una figura demagógica de cierto sector de legisladores de “izquierda”, que han sido capaces de entrar en contradicciones evidentes -quizás me equivoco y para aquellos tales contradicciones no existen- dado que, entrando en época eleccionaria han comenzado a realizar actos a la medida de los aplausos, convirtiéndose en férreos opositores al cobro de impuestos a los que más tienen.
Más allá de lo perverso que es el sistema de AFP para la realidad de salarios de nuestro país, hay que considerar que cerca del 50% de los trabajadores perciben mensualmente $400 mil pesos o menos, existiendo muchos que ya no tienen la opción de un segundo retiro del 10%, o bien, con la posibilidad de un segundo retiro, sus cuentas quedarán en $0. Además, por otro lado, tenemos aquellos trabajadores que perciben mensualmente $3 millones y más, que porcentualmente alcanzan el 1,7% de los trabajadores del país. O sea, parte de estos últimos, aun sacando el segundo retiro del 10% mantendrán dinero en sus cuentas de ahorro previsional, pudiendo incluso, retirar otro 10% en la eventualidad de un tercer retiro.
Así las cosas, de aplicarse la indicación que obliga al pago de tributos a los más ricos que vayan a retirar su segundo 10%, se gravaría a quienes perciben una remuneración de $2.500.000 hacia arriba para un retiro que supere las 35 UF (un millón de pesos).
Por tanto, aquellos legisladores de “izquierda” que siempre exigen “impuestos a los más ricos”, debiesen mantener las convicciones intactas, independiente de la cantidad de aplausos que suenen. Ya que, al parecer, esa minoría más rica termina siendo siempre la única beneficiada.
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