Racismo socio-estatal

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Esta patología de la clasificación negativa, si bien opera en toda la sociedad, tiene por objeto frecuente a las características elementales que nos definen como un país mestizo, profundamente hibridado con lo indígena y que es fuente de recursos en el plano del humor cotidiano para ilustrar tanto la inferioridad, como la marginalidad de quienes expresen en su rostros, corporalidad o lenguaje, dichos rasgos.

Decía Pierre Bourdieu en una columna titulada: «Hartos del racismo de Estado», que él consideraba racista una ley que «autorizaba a un funcionario cualquiera a cuestionar la ciudadanía de alguien por la simple inspección de su cara o de su apellido. Y esto sucede hoy mil veces por día» (Bourdieu, 2002: 25-28).

La abolición de la detención por sospecha, que antiguamente legitimaba el control, detención y en algunos casos la retención por un tiempo indeterminado de una persona en un recinto policial, ha sido un paso importante, sin embargo, la policía cuenta actualmente con la autorización legal para detener y retener en sus recintos a cualquier persona que no cuente con su cédula de identidad a la hora de un control policial. Estos controles se usan de manera estratégica en la actualidad para filtrar determinados encuentros masivos, cuya finalidad es la movilización social, tanto previa, durante como posterior a una marcha de manifestación o protesta pública.

Esto no es novedad para ninguna persona que se haya manifestado a lo largo de estos más de 3 años de alta movilización social a nivel nacional. Paralelamente a esto, se utiliza por carabineros para controlar determinados puntos de la ciudad con altos índices de situación de criminalidad o en aquellos lugares con una alta connotación pública. Este último es el caso que ha afectado a decenas de personas que estos últimos días se han visto controlados en las inmediaciones de Plaza Italia, lugar donde hace tan sólo unos días fue asaltado y asesinado un joven estudiante en compañía de un amigo.

Lo curioso de estas prácticas de control, que cuentan con gran apoyo en una población que siente que tanto la delincuencia como la criminalidad se encuentran desatadas y sin mayor contención, tanto por la policía como por tribunales, es que son ejecutadas sobre personas con determinadas características físicas (piel morena-oscura, estatura media), rasgos de vestimenta que representan a estilos tan variados como el hip-hop, el reggae o a panketas, un determinado tipo de edad (que fluctúa principalmente entre los 16 a 30 años). A esto se suman las clasificaciones post-contacto inicial, como los nombres de origen anglo o incluso apellidos o condición de nacionalidad (peruanos, ecuatorianos, bolivianos o colombianos).

Estas características sociales construyen una suerte de «fenotipo de la delincuencia», que se encuentra profundamente incrustados en la imaginación social, que de manera reiterada desplaza hacia los márgenes a aquellas representaciones que no se «adecuan» con las imágenes hegemónicas de representación corporal o social dominantes.

Esta patología de la clasificación negativa, si bien opera en toda la sociedad, tiene por objeto frecuente a las características elementales que nos definen como un país mestizo, profundamente hibridado con lo indígena y que es fuente de recursos en el plano del humor cotidiano para ilustrar tanto la inferioridad, como la marginalidad de quienes expresen en su rostros, corporalidad o lenguaje, dichos rasgos.

Si bien esta es una característica de la sociedad entera, que expresa una negación de su propia condición mestiza e indígena en beneficio de patrones europeos, altamente cotizados como mecanismos simbólicos de prestigio en el cara a cara de nuestra cotidianidad; dicha actuación debe ser reflexionada, conversada entre todos nosotros para así tratar de disolver los profundos cristales que operan en nuestra mentalidad como mecanismos de negación de aquello que nos constituye más profundamente como chilenos y que -lamentablemente- vertebran nuestro profundo racismo / clasismo desde la institución más básica como es la familia, hasta el Estado y sus procedimientos de control social.

Es importante que la máxima autoridad del Poder Judicial haya manifestado una crítica sobre las condiciones sociales de exclusión y desigualdad como generadores de delictualidad, tomando en cuenta que ha sido constantemente negada por los discursos oficiales y la opinión pública en general.