No es novedad plantear la idea que hoy en Chile la globalización y el sistema político-económico nos han convertido en una sociedad enfocada en el rendimiento y la agilización de los procesos. Los efectos que ha tenido pueden ser vistos en la cotidianidad al observar la velocidad con la cual nos movemos hoy en día en el gran Santiago o también en aspectos psicológico-emocionales, donde los diagnósticos de depresión, estrés o crisis de pánico han ido cada vez en aumento.
Es así como nos vemos apresurados a dar respuestas rápidas a problemáticas que emergen en el día a día: usar el metro como vía de transporte, medicarnos de manera desmedida para hacer desaparecer los síntomas, pero también buscamos respuestas inmediatas por parte del Estado en problemáticas sociales evitando considerar que tales soluciones pueden estar respondiendo de manera superficial a conflictos que requieren mayor atención en torno a su complejidad. Una manifestación clara de ello es lo que ha sucedido durante los últimos días.
El país se ha visto tristemente conmocionado por el doloroso y brutal acontecimiento que involucra a la pequeña Ámbar quien con solo un año y siete meses fue víctima de una violación, así como antes ya había ocurrido con Sophia, lo que terminó causándoles la muerte de forma inocente.
Siendo actos sin razón para el entendimiento de cualquier mente humana, el cual sólo puede ser analizado desde la perspectiva de una persona despiadada y con problema psicológicos de grave índole, nos ha llevado como sociedad a cuestionarnos nuevamente una serie de sucesos donde cada vez que nos vemos expuestos a crímenes, delitos, violaciones y otros, es de inmediato raciocinio pensar en la búsqueda de métodos de justicia que nos lleven a generar una paridad entre los hechos o un castigo que sea irremediable para quien sea el culpable. Uno de los primeros métodos puestos en discusión es la pena de muerte, el cual pese a ser rechazado por el sistema internacional, suele ser avalado por sectores de la tendencia política de derecha de manera camuflada (en su mayoría), generando que también aquella parte de la población que se ve sensibilizada por una noticia de esta envergadura reflexione de paso sobre este castigo que posee un destino fatal.
Para poder abordar esta problemática es importante tener en consideración que la pena de muerte sí existió en Chile, así como también aún existen leyes vigentes que permiten esta condena en países tales como Egipto, China, Malasia, 31 estados de Estados Unidos, entre otros. Cada uno considera en dicha legislación diferentes cláusulas, salvaguardando en algunos casos, ciertos delitos. En el caso de nuestro país, Chile derogó la pena de muerte el año 2001 por medio de la Ley n° 19.734, señalando como la mayor pena capital el presidio perpetuo calificado. Esto es logrado a través del pacto realizado por parte del Estado chileno en la convención Interamericana de Derechos Humanos donde se considera que tal acuerdo no podrá restablecerse bajo el artículo n°3 que indica: “No se restablecerá la pena de Muerte en los Estados que la han abolido”. Esto a menos que se renuncie al pacto. Sin embargo, existe una excepción en Chile donde la pena de muerte puede ser aplicada en tiempos de guerra, excepción que fue creada y establecida en tiempos de la dictadura militar.
Es por ello que considerar la búsqueda de justicia a través de lógicas basadas en la Ley del Talión expresada a través del “ojo por ojo, diente por diente” o la demanda manifestada por la gente en la cual se espera que el Estado se haga cargo de este dolor y de la sensación de pérdida o desprotección que las familias sufren, no se vuelve un hecho aislado. De este mismo modo, tampoco debemos desconocer que un hecho que provoca tanto dolor, como es la pérdida de un ser querido, no es borrado cometiendo el mismo acto contra quien está involucrado.
Tampoco debemos desconocer que un hecho que provoca tanto dolor, como es la pérdida de un ser querido, no es borrado cometiendo el mismo acto contra quien está involucrado
Es por ello que pensar en alternativas tales como el tratamiento, la rehabilitación y la educación se vuelve una medida que debe nacer desde el Estado para que sujetos como Miguel Espinoza, con una mente perturbada y repudiable, no vuelvan a suceder nunca más. Esto mismo es avalado en palabras señaladas por el abogado Andrés Sepúlveda en donde señala que optar por la pena de muerte como una medida de afrontar tales delitos se vuelve en el fondo una negación del individuo y abandono del mismo, más que un acto que permite su reformación o readaptación.
De esta manera el jurista nos pregunta “¿de qué sirve preparar a alguien para la reinserción si luego será exterminado?”. Lo curioso e interesante de señalar, aparece al considerar que personajes como Jaime Guzmán, colaborador político de ultraderecha de Augusto Pinochet y conservador neoliberal durante la dictadura militar, defienden la perspectiva anteriormente señalada, ya que es de su consideración que la pena de muerte puede ser un instrumento que permita rehabilitaciones, causando en el condenado un momento de iluminación profunda que sólo puede ocurrir en ese momento final en donde debe pagar con su vida el acto que cometió. Lo anterior es importante considerarlo en el contexto valórico de Guzmán, quien en sus palabras deja entrever el marco religioso-moral desde el cual habla, al valorar la rehabilitación del sujeto en la posteridad de su muerte y para la salvación de su alma. Tal argumento deja fuera de consideración a quienes no comparten sus creencias religiosas o a quienes promovemos la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Al ser el fascista de Guzmán uno de los defensores acérrimos de este tipo de sanción, es donde me parece importante realizar énfasis, a causa de que nos situamos frente a un sujeto que además de participar y ser gestor de la dictadura, ya poseen una carga de sangre y dolor generado dentro de la sociedad chilena. De modo alternativo es importante pensar el país desde los valores democráticos y humanos que nos rigen, en búsqueda de políticas y medidas que nos permitan seguir mejorando y creciendo en pos de una sociedad que se caracterice por comportamientos éticos y morales que contribuyan al bien común. Es desde la educación, pilar fundamental de la nación, desde donde debe prevenirse por una parte que hechos como estos sigan ocurriendo, y sancionando a través de acciones que tengan como objetivo la rehabilitación en vida de individuos que se ven involucrados en sucesos tales como lo ocurrido con Ámbar y Sophia.
Para finalizar, me gustaría dejar a los lectores invitados a reflexionar sobre lo planteado anteriormente y sus consideraciones personales. Como adicional, puedo recomendarles la película “Dead Man Walking” que permite que nos acerquemos y situemos de forma más profunda en el contexto de la problemática anteriormente presentada, así como también y de manera más vívida es retratado en una de las mejores y más icónicas películas del cine chileno (basada en hechos reales), “El Chacal de Nahueltoro”.
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Merio Lizama
Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte…en varias causales….por ejemplo… violación con homicidio… especialmente de niños… asalto con homicidio…etc… estoy de acuerdo con usted lo que respecta a Jaime Guzmán… pero pasa que en Chile la justicia no garantiza la perpetua total.. estando el criminal con demaciadas garantías… Vea el caso actual.. Piñera podrá indultar..a violadores de DDHH…para justificar dará libertad a reos comunes… bonita su publicación…pero en la práctica…no hace justicia…hay crímenes que por su horror merecen la mayor pena…y el mensaje es ..» tu cometes este tipo de crímenes y esto es lo que te espera…»…esto no devolverá la vida a nadie pero será un claro mensaje psra
Avelino Jiménez Domínguez
Comparto la mayorria de los contenidos de la columna. Excepto que no me parece justo que se nombre a quién se acusa, como culpable, cuando no se ha pronunciado la justicia. Siguiendo con el acusado, el factor educación no parecía que faltó como para que esa carencia hubiera actuado en él; de ser el autor, por cierto.