Ojo por ojo: Castigo y justicia en un Chile cavernario

A propósito de la tortura en Chile, y desde que se hizo habitual expresarse a través de las redes sociales, la lectura de las opiniones vertidas allí por los internautas resulta un verdadero suplicio, no ya porque uno disienta de esos comentarios sino básicamente por el odio manifestado. Es cosa de leer cualquier noticia al azar y se podrá verificar que el debate que se genera entre los usuarios no dicen relación, muchas veces, con el tema central expuesto sino con cómo justificar el odio para acallar al prójimo. Aunque la noticia verse sobre el “último dinosaurio descubierto” anticipadamente uno sabrá que el debate derivará en un disputa entre quienes opinan que el animal es colocolino versus los que dicen que es de la U o, también, entre los que opinan que a los dinosaurios los extinguió Pinochet versus los que dirán que se trata de un complot del marxismo internacional. No basta disentir sobre tal o cual tema de conversación, hay que odiar.

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Somos una sociedad indolente, irrespetuosa, violenta, por eso se entiende que varios rostros de la televisión y/o “líderes de opinión”, desde su púlpito, vengan a reprocharnos que rasgamos vestiduras por alzar la voz y decir que es intolerable e injustificable lo sufrido por aquellos ecuatorianos en la cárcel.

No descubro Chile cuando afirmo que la nuestra es una sociedad de formas y tratos violentos, de ahí que la tortura que sufrieron los ecuatorianos, imputados por el robo con homicidio de una trabajadora de la Universidad de Chile, no debiera sorprendernos. Sin duda, este hecho ha dado que hablar porque hay imágenes -tanto del macabro asesinato como de la horrorosa tortura- y en la “era de la imagen” no se puede dejar de mirar lo que supera todo elogio de palabra. Sin embargo, éste no es el único caso de tortura ocurrido durante los últimos años. Basta recordar la vejación sufrida por Lorenza Cayuhán cuando Gendarmería la obligó a parir engrillada y que recién al final, después de tanta batalla judicial, la Corte Suprema se atrevió a reconocer que ella había sido, vejada, humillada y discriminada tanto por su condición de mujer como por ser mapuche.

Somos una sociedad indolente, irrespetuosa, violenta, por eso se entiende que varios rostros de la televisión y/o “líderes de opinión”, desde su púlpito, vengan a reprocharnos que rasgamos vestiduras por alzar la voz y decir que es intolerable e injustificable lo sufrido por aquellos ecuatorianos en la cárcel. Y no solo eso, porque junto con pontificar van y se cagan en los mismos derechos humanos que juran defender pues tanto el arquero de la selección, el “chino” Ríos, o esas conductoras de TV, si bien se involucran activamente en campañas contra la violencia hacia la mujer o contra el bullying en los colegios, paralelamente se prestan para justificar el clasismo, la prepotencia, el individualismo y la competencia tramposa, más cuando se trata de condenar los malos hábitos de un delincuente barriobajero pues saben que esa morbosidad alimenta audiencias masivas y seguidores para el show mediático, para ese “espectáculo punitivo” del que, años atrás, hablara el sr. Foucault.

No debemos volver a hacernos justicia con nuestras propias manos pues eso es resabio de una época cavernaria de la humanidad, y en esto el presidente Piñera fue asertivo al recordárnoslo. El problema es que él no logra darse cuenta que hace rato padecemos dicha involución y que -al ritmo de la coca, la pasta y el reggaetón- la convivencia mínimamente respetuosa que existía, post dictadura, vino a ser reemplazada nuevamente por una lucha de todos contra todos, las conversaciones devinieron en gritos, y la justicia por linchamientos en las calles o funas en internet. Y si bien debemos valorar los llamados a la cordura que hace el presidente y su gabinete, no hay que olvidar que la violencia social de nuestros días es síntoma o consecuencia de la nula confianza que la población chilena siente respecto al trabajo del Poder Judicial y a cuyo desprestigio ha colaborado deliberada y permanentemente el gobierno actual aportillando, por todos los medios posibles, la labor de los tribunales.

En verdad, si uno cree en el respeto y fomento por los derechos humanos ha de hacerlo incluso para aquellos que -por el motivo que sea- nos causan repulsión. De lo contrario ¿qué sentido tiene reclamar contra la violencia hacia la mujer si muchos de l@s que apoyan las reivindicaciones feministas califican, cuando menos, de imbécil o estúpid@ a quienes no comparten sus exigencias? Mismo cuestionamiento vale, por ejemplo, cuando hace unos días la prensa chilena daba cobertura a un par de turistas chilenos que fueron víctimas de xenofobia en Europa, aunque sin reparar en que los afectados trataban de “enferma” [mental] a la persona que los discriminó. Mismo enfoque cabe para los que para criticar al arquero Claudio Bravo -por justificar la tortura contra los ecuatorianos- lo repasaron a él y sus seguidores tildándolos como “simios” futboleros.

Evidentemente, la erradicación de la violencia y, en particular, de los discursos de odio solo será posible si la sociedad entera se compromete, en adelante, a evitar el prejuicio y devolver tanto la resolución como la sanción de los delitos exclusivamente a los tribunales de justicia. Una sólida formación en educación cívica, impulsada desde el Estado, permitirá formar ciudadanos y personas responsables que al sentirse violentados o víctimas de un delito recurrirán al protocolo social establecido, a fin de que los supuestos infractores sean investigados, juzgados y castigados de acuerdo a las penas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, pero jamás haciendo ellos justicia por sí mismo, sea funando descontroladamente por internet, linchando en la vía pública a los delincuentes, o torturándolos en las cárceles. Asimismo, un real compromiso de parte de los medios de comunicación -y, en general, de los “líderes de opinión”- para evitar la difusión de contenidos y opiniones que vulneren la dignidad de las personas ayudaría muchísimo a construir audiencias que, aunque críticas, siempre se comporten de manera respetuosa y responsable con el prójimo, más cuando éste ha caído en desgracia. No se trata de alentar la censura, sino de educar respecto a que el abuso de la libertad de expresión genera responsabilidades, más aun cuando “el que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad”, como prescribe la ley de N° 19.733, también conocida como “ley de Prensa”.