El 5 de junio del presente año se constituyó la comisión investigadora especial para la revisión de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010. De acuerdo a la presentación de Carabineros en la Comisión Investigadora desde 2010 a 2019 el total de niños NO habidos es de 3.411 de los cuales 378 eran menores de 5 años, 241 entre 6 y 11 y 2.792 de 12 a 17. Durante este año 64 niños y niñas menores de 5 años no fueron encontrados, 54 niños y niñas de entre 6 y 11 años, mientras que para jóvenes la cifra se dispara a 742 (cifras a junio de 2019).
Del 2010 a la fecha, 245 niños, niñas y jóvenes con PREDES (Denuncia de presunta desgracia) fueron encontrados fallecidos. La PDI informó del aumento en los requerimientos del 2017 a la fecha. Este incremento, comparando el 2017 con el 2018, es en promedio del 20% y en los casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en residencias de Sename llega al 30%. Sin embargo, a la hora de los resultados, muestran distinta efectividad ante los requerimientos por presunta desgracia alcanzando un 94% de éxito en los niños en general, cifra que se reduce de manera significativa en los casos de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección de Sename, donde obtienen resultados solo en el 55% de los casos.Durante este año 64 niños y niñas menores de 5 años no fueron encontrados, 54 niños y niñas de entre 6 y 11 años, mientras que para jóvenes la cifra se dispara a 742 (cifras a junio de 2019).
Al analizar la baja en la tasa de efectividad, sorprende constatar que de acuerdo al «Protocolo de Actuación Policial para la Investigación de Presuntas Desgracias» (BRIUP, 2011), si bien es considerado como “Alto riesgo” la desaparición de menores de edad”, se define “riesgo limitado” si existen antecedentes de fugas anteriores, expresion verbal o material de intención de irse. En consecuencia, será importante conocer si lo anterior implica un cambio en la priorización de los niños bajo custodia del Estado que tienen antecedentes de fugas anteriores y, si adicionalmente, existe o no reiteración de la búsqueda en los casos de los niños no habidos.
Es de especial gravedad esta consideración de menor riesgo de los niños fugados del sistema de protección, tanto como por la responsabilidad de tutela que ejerce el Estado en estos casos, como por la evidencia acreditada en los datos presentados por la fuerza de tareas de la PDI a cargo del Informe SENAME, donde se muestra la relación entre la vulneración de derechos, que constataron en su informe, y el abandono de las residencias por parte de los Niños.
Por todo esto cabe preguntarse ¿dónde están los Niños? y también ¿Cómo y cuándo se manifestará un liderazgo efectivo de los distintos actores involucrados?, donde es clave el trabajo del Poder Judicial para dar cuenta del rol protector que ejerce sobre nuestra infancia más vulnerada. Esa infancia invisible y en riesgo grave, que no admite, sino trabajar articuladamente con los otros poderes del Estado y con apoyo de la Sociedad Civil para responder efectiva, oportuna e integralmente esas preguntas.
Por Marcelo Sánchez,
gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.
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