Migración e inclusión en Chile. Fin a los diagnósticos

Mientras los flujos migratorios se sitúan como fenómeno global,  Chile no ha quedado al margen de esta tendencia mundial. Si bien es cierto la migración ha experimentado un crecimiento relativo desde el 2002, no es menos cierto que ha quedado a tras mano respecto de un fenómeno migratorio cada vez más móvil  que ha tomado creciente fuerza en Chile durante los últimos 15 años, lo que hoy demanda más y mejor gestión pública, en vista de una inclusión eficaz.

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Estar a la altura de lo anterior, le propone al Estado respecto a su política y normativa migratoria abrirse hacia una predisposición manifiesta de un Estado tendiente a la regularización migratoria, ello como vía exclusiva para la inclusión efectiva y goce en igualdad de derechos.

Actualmente este rezago se verifica en la carencia de articulación intersectorial-pero aún más- en la ausencia de un enfoque que iguale derechos entre nacionales y no nacionales. Pendiente aún es el desafío de aumentar la inclusión efectiva que acompañe este proceso y beneficie de ida y de vuelta a nuestro país como receptor  a nuevas ciudadanías en aras del co-desarrollo.

Durante a los últimos ocho años, a lo menos, hemos sido testigo de un sin fin de documentos, estudios e informes desde la academia, la iglesia, las ongs, organismos internacionales, grupos de pensamiento político, que dan cuenta y describen este hecho social. Todos ellos basado desde sus distintas dimensiones; laborales, familiares, económicas, societales, culturales, geopolíticas, demográficas, de localización, entre otras. Sin duda todas ellas dan cuenta de un fenómeno multivariable, pero que siguen siendo un tema que duerme en las arenas movedizas de los diagnósticos.

De ahí que emane un relativo consenso, respecto de la existencia una incipiente feminización de la migración, de la existencia de predominante concentración de los colectivos migrantes en la Región Metropolitana y que Chile vive una migración principalmente latinoamericana. Pero también que existe mayores niveles de escolarización en ella, bajo nivel de delincuencia atribuible a estos grupos, que es relevante  para el desarrollo del país, pues esta es una población económicamente activa y que en algunos casos a ocupado necesarios espacios laborales que los propios chilenos han desestimado. Pero también que desde la perspectiva del envejecimiento de nuestra población, demográficamente es necesaria. Es cierto que emergen procesos de xenofobia en los locales, que debemos acudir a la educación intercultural para derrotar los prejuicios derivados de ella. Pero también que existen trabas administrativas debido a una anacrónica ley de 1975 que obstaculizan la plena inclusión, que se debe reforzar y afianzar procesos de convalidación de estudios, y aumentar los niveles de conocimientos en derecho de todo tipo, asegurando una migración segura e informada y trabajar en la sensibilización de la población en general, pero también de los funcionarios públicos en vista de enfoque de encuentro y atención intercultural, etc.

Así y todo, bajo la luz de cierto consenso y otros elementos bastamente analizados, descritos, documentados, y consensuados, es que nos encontramos hoy en un “loop de diagnósticos migratorios”. Determinados por seminarios, coloquios, relatorías y consultorías inagotables. Se trata de conocer pero para intervenir, y el desafío hoy debe ser transitar desde la fase  diagnóstica a la operacionalización o puesta en marcha de una política pública migratoria, la cual que no discrimine positivamente, sino más bien sea capaz de integrar un enfoque de inclusión transversal e intersectorial en el sistema público que considere a lo menos dos dimensiones la igualdad de derechos e inclusión. Estar a la altura de lo anterior, le propone al Estado respecto a su política y normativa migratoria orientarse hacia un Estado tendiente a la regularización migratoria, ello como vía exclusiva para la inclusión efectiva y goce en igualdad de derechos.

Así y todo siendo necesaria la inclusión, no solo bastara ser resuelta con la utilización de múltiples encuentros gastronómicos, danzas, artesanía, ni otros tipos de folclorización de la migración, como moneda de cambio hacia la aceptación ciudadana de ella. Sino más bien, se requiere con urgencia la puesta en marcha de una política pública migratoria intersectorial centrada en igualar derechos emanada de los convenios ratificados por Chile en esta materia. Es urgente  evitar el rumbo en que cada sector manifieste una voluntad independiente y autónoma sobre al respecto, colocando el acento de manera dispar en las prioridades respecto de la administración de la migración. Justamente hoy el desafío tiene que ver en tomar los acuerdos del estadio diagnóstico y transitar a la construcción de propuesta en política pública que operacionalice los enfoques propuestos.

En Chile actualmente existe bastante experiencia acumulada y propuesta de distintos niveles que pueden facilitar a nuestro país la construcción de una política pública en vista de la inclusión eficaz y efectiva en pleno respecto con los derechos económicos, sociales y culturales. Simplemente, este estadio de propuestas  de generación de políticas públicas, se traduce en virtud de una voluntad, articulación y pensamiento constructivo respecto desde el Estado, pero también de una actitud proactiva en la toma de decisiones en sintonía con participación de los propios colectivos migrantes. Pensar en inclusión es reflexionar en medidas concretas que faciliten la regularidad migratoria como un derecho,  y por ende de un Estado que se declare  tendiente a la regularidad migratoria como herramienta de inclusión, generando proceso igualitario en las condiciones.

Los desafíos por delante son diversos, por ejemplo en el abordaje de temáticas como el trabajo migrante y su formalización en la fiscalización para evitar el abuso, la ausencia de cotización, resguardo en salud que supere las de tipo de emergencia, etc. O el tratamiento al lucrativo negocio a cuenta de la migración  que se realiza con las viviendas colectivas basada en el negocio de la migración a costo del riesgo de las familias, o bien como se aborda la inclusión efectiva, sistemática y duradera de los niños y niñas migrantes en los establecimientos en que su visa no sea obstáculo para  sus legítimos derechos, prevenir y fiscalizar de manera efectiva el trabajo esclavo migrante, la reacciones de xenofobia explicitas, evitar los niños y niñas apátridas, estos entre otros son desafíos pendientes. Recordemos que todas las medidas proyectables deben por cierto dialogar con diversos instrumentos internacionales que Chile a suscrito y si solo si, debe estar en sintonía con aquello.

Los desafíos son  mayores en tiempo que  Chile es visto como polo de la migración Latinoamérica, y las respuesta a esos desafíos deben consignar dos elementos estar a la altura y a tiempo de las circunstancias. En este marco y en vista de un largo proceso que se avecina en la puesta marcha de una nueva ley de migración, es necesario poner sobre la mesa la discusión de una nueva amnistía migratoria que hoy iguale derechos en la línea de arranque entre nacionales y extranjeros. Actualmente uno de los tantos aprendizajes de la modernización tiene que ver con que debemos transitar a un modelo reactivo a uno que proyecte la administración de la migración facilitando sus  procedimientos y políticas con inclusión centrados en quienes hacen de Chile su nuevo hogar en aras del co-desarrollo.