Inclusión: La diversidad como punto de partida

Es indesmentible el motivo de orgullo que genera ver a la distancia la gran performance de nuestros deportistas nacionales en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, las seis medallas que completó el equipo ParaChile dan cuenta de una presentación histórica, que abre paso a la sana alegría del hincha que todos llevamos dentro, pero que inmediatamente genera preguntas en torno a la realidad de las políticas inclusivas en suelo nacional.

En este ámbito, se constata la alta relevancia de un segmento invisibilizado a ojos de la opinión pública local. De hecho, según la estadística reportada por la última Encuesta Nacional de la Discapacidad de 2015, un 22,4% de la población adulta de la Región del Biobío está en esta situación, superando incluso al promedio nacional situado en un 20%.

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Una fortaleza sobresaliente con la cuenta el mundo de la inclusión es su nivel organizativo a nivel comunitario, lo que se expresa en dirigentes sociales de basta trayectoria, quienes han puesto en el tapete las problemáticas e inequidades de las personas en situación de discapacidad

Pues bien, resulta comprensible alzar la mirada por esas 300 mil personas que padecen algún tipo de discapacidad en nuestra región, ciudadanos de carne y hueso mucho más expuestos a los estragos de la pandemia del Covid-19 en curso, y a las aberraciones de un sistema político y económico indefendible a estas alturas.

En este sentido, cuesta identificar una política pública integral emanada desde del poder central que se haga cargo de este segmento. Pues bien, el balance en la zona vislumbra un marco institucional falente, que cuenta con un órgano descentralizado como el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y oficinas municipales de inclusión social, inserciones recientes en honrosas excepciones de la Región del Biobío.

Sin embargo, una fortaleza sobresaliente que cuenta el mundo de la inclusión es su nivel organizativo a nivel comunitario, lo que se expresa en dirigentes sociales de basta trayectoria, quienes han puesto en el tapete las problemáticas e inequidades de las personas en situación de discapacidad, presionando -en buena lid- a autoridades, tanto regionales como comunales, a la hora de impulsar iniciativas que permitan nivelar la cancha en materia de acceso educativo y al trabajo, respectivamente.

Apuntando a esto último, se considera un retroceso la modificación de los decretos N° 300 y N° 87 del Ministerio de Educación, que en términos concretos apunta a estandarizar el modelo educativo, afectando las subvenciones a las Escuelas Especiales y fijando edades de tope para la finalización del ciclo educativo en personas con Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP).

Sin lugar a duda, esta medida rompe con una premisa básica de la inclusión, que es cobijar la diversidad de la individualidad humana, lo cual debería apuntar a dotar de diferentes posibilidades de desarrollo a las personas que presenten algún grado de discapacidad, fijando en lugar de ello una regulación que apunte a condiciones de acceso igualitarias a instituciones que garanticen un óptimo tratamiento en materia de conocimientos, habilidades y actitudes.

De esta forma, seremos capaces de entender que los logros de los atletas paralímpicos en la elite deportiva mundial no responden a una pauta de preparación preconcebida, sino que por el contrario es resultado de un aprendizaje y ciclos de entrenamiento personalizados, tal como debe concebirse el acceso inclusivo y diverso a la educación en el segmento infanto-juvenil.