Se debe generar una Política Nacional de Medicamentos que tenga como objetivo asegurar el acceso equitativo de la población a los fármacos necesarios, para lo que se requiere de mayores recursos para el Sistema Público y lineamientos del Ministerio de Salud que fortalezcan el rol provisor del Estado en esta área, en vez de promover un mercado conocidamente segregador.
Recientemente nuestras autoridades celebraban la aprobación de una nueva ley que regula la venta de fármacos y lo referente a bioequivalencia. Esta regulación nos parece importante, sin embargo existen aspectos relevantes relacionados al uso de fármacos que quedan totalmente fuera de su acción.
En el sector público de salud, los médicos de hospitales y consultorios día a día lidiamos con déficits de fármacos y otros insumos, entre muchas falencias. Desde medicamentos importantes que debemos pedir a los familiares de los hospitalizados, pues la farmacia local no los tiene; hasta medicamentos que habitualmente son expendidos por los consultorios, pero su stock se agota y los pacientes deben ir a comprarlos a las farmacias privadas.
Estas situaciones afectan en forma importante a quienes padecen enfermedades y a sus familias, particularmente a los adultos mayores, pacientes con altas probabilidades de enfermar y que cuentan con escaso presupuesto dadas sus paupérrimas pensiones. Lo que lleva a que la compra de un medicamento que el Estado debiera asegurar, ponga en riesgo el presupuesto familiar destinado a bienes básicos, como alimentación o pago de cuentas de servicios.
Resulta lamentable que las autoridades no hayan tomado como centralidad los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que evidencian que nuestro país es el peor en términos del gasto de bolsillo en salud, fundamentalmente por la compra de medicamentos que deben hacer las familias (un 60% sobre el promedio de la OCDE).
En el caso de los trabajadores de la salud, particularmente los médicos, el hecho de no tener los medicamentos a disposición en la red genera efectos nocivos: dificulta la adherencia a terapias, genera frustración en torno a la atención y facilita la existencia de conflictos de intereses con laboratorios farmacéuticos.
Creemos que la regulación de las farmacias privadas es importante, pero no es el problema central. El desafío de fondo sigue siendo fortalecer al sistema público de salud, invirtiendo preferentemente en él y evitando el traspaso de fondos al sector privado. Con estos recursos de todos los chilenos, que hoy terminan en los bolsillos de clínicas y laboratorios, se podría invertir en bienes como medicamentos, infraestructura, tecnología y recursos humanos dentro del sector público, con la finalidad de que este sea autosuficiente.
La mejoría del acceso a los medicamentos en Chile, pasa necesariamente por priorizar la equidad en el acceso, ya que la sola mejoría del acceso generará mayor inequidad. Para esto, el Sistema Público de nuestro país cuenta con más de 2.500 establecimientos de salud, los que perfectamente podrían ser mejor utilizados para otorgar a la población, los tratamientos que se requieren, sin tener que pagar en forma directa por ellos (gasto de bolsillo) y sin la necesidad de recurrir al mercado como solución, lo que a la larga termina siendo más caro y menos equitativo.
Se debe generar una Política Nacional de Medicamentos que tenga como objetivo asegurar el acceso equitativo de la población a los fármacos necesarios, para lo que se requiere de mayores recursos para el Sistema Público y lineamientos del Ministerio de Salud que fortalezcan el rol provisor del Estado en esta área, en vez de promover un mercado conocidamente segregador.
No nos confundamos, los medicamentos, al igual que el resto de los insumos a usar en las atenciones médicas, debiesen ser considerados bienes sociales, con lógicas de derecho asociadas a mecanismos de financiamiento solidario y contención de costos. Esta ley se muestra como una simple regulación de mercancías, paradigma que solo beneficia a la lucrativa y acomodada industria privada de salud.
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Foto: jgoge / Licencia CC
Comentarios
17 de febrero
No sabía que la solución privada de los problemas de salud fuera más cara que la pública .. ¿de donde sacas eso?
Lo que yo recuerdo es que cuando se discutía la ley auge el Ministerio de Salud publicó un llamado a un estudio de costos en el sistema público, quedó la grande, los Honorables del congreso nacional incluso amenazaron con no seguir estudiando la ley AUGE si no se retiraba el estudio, por lo que éste debió no realizarse.
Así que que yo sepa, no hay información de costos de las prestaciones del sistema público, si las hubiera me gustaría recibir la referencia.
En todo caso, el 80% de las atenciones que se pagan al sector privado son Diálisis, .. de nuevo, nunca he visto un estudio de que muestre que el sector publico podría hacerlo en forma más eficiente….
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27 de febrero
es que los que legislan se preocupan de intereses SUPERIORES (laboratorios y gente adinerada), la nueva ley según su redacción exige bioequivalencia a 177 principios activos aprox. a la fecha y dispensación sólo por farmaceútico(e.d. en farmacia), si existieran (plazo fines de año) se necesitarían locales del tamaño de un hipersupermercado y la inversión similar, considerando que se exige al paracetamol (536 registros), clorfenamina(305), diclofenaco(206), aspirina(76), ibuprofeno(289) entre otros. Considero que con ese nivel de exigencia van a reducirse el numero de farmacias y los precios ….
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