Medicamentos: mano firme para regular el mercado

En Chile el acceso a los medicamentos no está garantizado para los sectores más vulnerables, porque tratamos el tema como un bien de consumo y no como un derecho a la salud. Por ello, la semana pasada vimos que el Ministro de Economía, Pablo Longueira, retiró el proyecto que amplía la venta de fármacos, porque no tiene los votos necesarios, cuando está a punto de ser votado en sala. O contamos en el Congreso cuatro proyectos de ley aislados en relación al tema (patentes farmacéuticas, agencia nacional de medicamentos, venta directa en el comercio, regulación de farmacias), algunos liderados por el Ministerio de Salud, otros por Economía, que apuntan en direcciones muy diferentes.

Echamos de menos una visión de Estado, integral y de largo plazo, que plasme una política nacional de medicamentos; ello implica que un sólo proyecto de ley se regule, respecto de los medicamentos, la producción, comercialización, la certificación de su calidad, su expendio y fiscalización. O, al menos, que los proyectos diversos plasmen esa visión de Estado única y coherente, evitando su tramitación desperdigada, como se ha efectuado a la fecha. No se logra visualizar entre todos estos proyectos de ley una verdadera política nacional de fármacos y al tramitarse separada y paralelamente, se corre el riesgo de inconsistencias y vacíos.

Esto es especialmente grave en un mercado como el nuestro, altamente desregulado y concentrado, en el cual el 95% de las ventas está controlada por 3 cadenas de farmacias que se coluden entre sí; a las cuales se les permite decidir qué medicamentos ponen a la venta o no y que evitan los genéricos bioequivalentes; y las cuales controlan otros eslabones del mercado, pues están integradas verticalmente con laboratorios y distribución. El acceso a medicamentos se hace más feble aún cuando sumamos 50 comunas sin farmacias y el Estado no tiene diseñado intervenir con farmacias estatales.

Convocamos al Gobierno y al Parlamento a dar una mirada diferente, y a discutir los proyectos de fármacos con una mirada común, centrada que los medicamentos son un bien público. Especialmente solicitamos a la Cámara de Diputados encontrar una fórmula para regular férreamente la integración vertical de las cadenas de farmacias con laboratorios y distribuidoras de fármacos o bien solicitar al Tribunal Constitucional su revisión para corroborar o no su inconstitucionalidad.

Cabe destacar que el Senado consideró inconstitucional el artículo que prohibía la integración vertical, por lo cual fue retirado del proyecto de ley. Ahora la Cámara de Diputados deberá revisar el articulado. Este último obliga a las farmacias a tener todos los medicamentos genéricos bioequivalentes a la venta, lo cual es un avance. Sin embargo dado que no se prohibirá ni tampoco se regulará la integración vertical, este paso será claramente insuficiente. La integración vertical de farmacias/ laboratorios/distribuidoras es uno de los ejes en que se está sustentando la concentración del mercado y no lo estamos enfrentando.

Asimismo, es fundamental revisar cómo lograr el objetivo planteado, ya que por la vía de holdings la prohibición de la integración vertical podría ser perfectamente sorteable, como lo demuestra la integración existente hoy entre Isapres y clínicas, prohibida por la ley respectiva, o en el caso de Educación. Por ello es necesario que la regulación propuesta asuma estas experiencias.

La discusión de los proyectos de fármacos está siendo tan poco coherente y consistente, que en ninguno de los cuatro proyectos se ha contemplado normar la bioequivalencia por ley, a pesar de ser ésta centro de muchos de los esfuerzos del Ministerio de Salud y del ISP. La bioequivalencia  de los medicamentos es un proceso que no es rápido, pero que va en la dirección correcta. Hasta el momento, esta exigencia ha dependido de regulaciones del ISP,  sin embargo, la Contraloría ya indicó que el instituto no tiene atribuciones para fijar plazos y multas. El proyecto de ley de fármacos debería establecer la bioequivalencia, como también definir las atribuciones del Ministerio de Salud, del ISP y las obligaciones de la industria al respecto, pues este no es sólo un asunto de precios, sino de entregar al país medicamentos genéricos que sean seguros, eficaces y de calidad.

En estos cuatro proyectos hay temas relevantes que no están u otros que es central precisar y acotar, a fin de regular el mercado con mano firme. Sin embargo, el concepto ordenador debería contribuir a hacer real una política nacional de medicamentos que garantice el acceso a la salud, la calidad de los fármacos y su uso racional, tal como lo establece la Organización Mundial para la Salud en convenios que nuestro país ha suscrito.

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Foto: jgoge / Licencia CC