Violencia y proceso constituyente

El éxito del proceso constituyente requerirá, al menos, resolver de manera adecuada las vulneraciones a los derechos humanos y la agenda social, junto con el orden público, teniendo en cuenta que algunos sectores anarquistas, al parecer, no alcanzan a comprender que la única posibilidad de que prospere el tener una nueva Constitución es garantizando el orden público.

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Es evidente que va a haber una campaña que apelará a la emocionalidad y la emotividad, a la manipulación y al odio; con muchos recursos para desinformar y atemorizar en contra del “Apruebo”

La tarea de mantener el orden público, de acuerdo al ordenamiento constitucional, es facultad privativa del Ejecutivo y esta debe ser compatible con el respeto a los derechos de las personas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte del Estado, bajo ninguna circunstancia, puede vulnerar las garantías individuales de los ciudadanos. Actualmente, la fragilidad política del gobierno, muestra que este es incapaz de controlar el caos y la violencia callejera, por tanto, apela a un guión que oblicuamente deja entrever que para mantener el orden público es inevitable que las policías cometan abusos y que la violación de garantías civiles y políticas es un costo lateral que se debe asumir y usa las imágenes del laberinto violentista para criminalizar al movimiento social y atacar a los partidos de oposición.

Es urgente, entonces, avanzar en las llamadas demandas sociales que requieren más ingresos públicos permanentes para financiar los gastos en pensiones, mejores remuneraciones, baja de gastos en medicamentos, atención de salud y más eficiencia en las instituciones del Estado. Asimismo, la estrategia para enfrentar la violencia tiene que ir en paralelo con una agenda social sustantiva. De lo contrario, la interpelación social continuará si las respuestas del gobierno siguen siendo tardías y descaminadas, con el riesgo de tener una recesión económica auto infligida, reflejando un sombrío panorama para la economía chilena, por la falta de voluntad política del propio gobierno de Piñera y su tozudez de tratar la crisis como meramente un problema de orden público que debe priorizar medidas punitivas. Es un vano intento de invisibilizar los temas que el estallido social puso en la agenda, lo que está en abierta contradicción con la retórica de las autoridades del gobierno que manifiestan haber escuchado el mensaje del movimiento social.

La irracionalidad de una minoría no justifica la represión generalizada del movimiento social por las fuerzas policiales que ha sido incapaz de abordar en forma proporcionalmente diferente al manifestante pacífico y al violentista, separando -como bien lo expresa el dicho popular- la paja del trigo. Esto lo reconocido hasta el propio presidente de RN, Mario Desbordes al manifestar “Si hay algo que nos ha costado en el sector es ser claros en separar la manifestación pacífica y la petición que nos hacen, con la condena al violento. Nosotros cometemos el error de mezclarlos a todos”.

Es esencial, por tanto, reenfocar y vehiculizar la acción policial en los autores de la violencia, incendios y saqueos, aislándolos de las personas que pacíficamente marchan. De lo contrario, las fuerzas policiales estarían provocando y retroalimentando la violencia. A los grupos violentistas se les combate aislándolos porque están destruyendo la movilización social y las aspiraciones de la sociedad, como también atentando contra el proceso mismo de profundizar la democracia y causar una deriva reaccionaria, cada vez más autoritaria.

Con una persistencia de la violencia se dificulta un proceso constituyente donde predominen los argumentos sobre las emociones y consignas. La tentación de incendiar las calles para seguir tensionando los acuerdos en este aspecto es lanzarle una bomba al conjunto del cuerpo social. De hecho la actitud de grupos de extrema izquierda que propician una anomia institucional es la mejor campaña del voto “Rechazo”. Por tanto, el movimiento social y la oposición deben establecer una clara línea distintiva entre la movilización y la violencia generada por grupos de vándalos y lumpen que solo buscan generar caos y que tratan de instrumentar las demandas sociales para generar incendios, saqueos, robos y un accionar que sólo alimenta un miedo y desasosiego que ya se está expresando y generalizando en la población.

Es por eso que los apocalípticos del Rechazo ponen todas sus fichas para que marzo se convierta en el mes del caos y la violencia para que la gente cambie su opción de voto en el plebiscito, puesto que esa derecha busca que esa consulta ciudadana no sea un evento tranquilo y razonado y necesita la creación de un escenario de enfrentamiento y polarización, en una dicotomía de orden versus desorden. A esa derecha se le puede aplicar ese clásico de la tragedia griega: “El abismo que buscas está en ti”. Tufos de otras épocas.

Es evidente que va a haber una campaña que apelará a la emocionalidad y la emotividad, a la manipulación y al odio;  con muchos recursos para desinformar y atemorizar en contra del “Apruebo”. Abusar de las campañas del miedo no solo contribuye a la pérdida de credibilidad de quienes las promueven, tampoco son una garantía de éxito siempre. A veces, como dice el refrán, en el pecado se lleva la penitencia. No es de extrañar, entonces, que la encuesta hecha por Activa Research en la tercera semana de febrero, el 73,7% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con que se cambie la actual Constitución.

El giro de los parlamentarios de RN -que estuvieron en el acuerdo político del 15 de noviembre y que sostuvieron que estaban a favor de una nueva Constitución, ahora se expresan en contra, y que tienen en Andrés Allamand su máxima expresión- resulta patético e ilógico. Esgrimen razones pueriles, metáforas falaces y explotan el miedo y la incertidumbre para ocultar que todavía son ardientes defensores de la Constitución del 80 y del legado de Pinochet. El lema que han levantado de Rechazar para Reformar, aparte de ser una disonancia argumentativa, carece de credibilidad porque ellos se han opuesto de manera sistemática a todos los proyectos de cambio a la Constitución en el Parlamento, particularmente aquellos aspectos que la subsidiaban a la derecha y a los grandes dueños del capital desde una dimensión electoral e ideológica. Entonces, ¿por qué habría la gente creerles ahora que desean transitar de forma sincera el camino que siempre rehuyeron?, ya que es difícil separar donde empieza la manipulación y donde termina la burla a la ciudadanía.

Tampoco resulta razonable que un conjunto de modificaciones, que algunos miembros de la derecha han propuesto, puedan verificarse sin una revisión más estructural y sistémica de nuestra Constitución. Es el caso, por ejemplo, de la reforma planteada por el senador Allamand, en orden a repensar el régimen político para eventualmente transitar hacia un modelo semipresidencial. Dicha idea, que muchos suscriben para poner término al hiperpresidencialismo vigente, es inviable de diseñar e implementar como una modificación puntual y específica, pues obviamente significa repensar y cambiar muchos aspectos de la actual carta fundamental.

Uno esperaría que se esgriman razones poderosas para oponerse a sustituir una Constitución que muchos, incluso en la misma derecha la consideran ilegitima y excluyente. Sin embargo, la tendencia natural de la derecha “ventajista” es la de obstaculizar que el país cuente con una nueva Constitución nacida en democracia, puesto que ella no va a ser funcional para los intereses exclusivos de las elites que ellos representan, sino que representará el interés común de toda la ciudadanía. Dinamitar la posible materialización de nuevas reglas de convivencia institucional e integración social, única forma posible de resolver la actual crisis del Estado, es su único objetivo. Por tanto, seguirán perseverando en boicotear la posibilidad de que Chile tenga una nueva carta magna en que la transversalidad de la ciudadanía participe en su elaboración para sentirse plenamente representada en la misma, como lo indica el acuerdo político del 15 de noviembre.

Después del estallido social,  el abrazar la derecha la opción Rechazo también pudiera tener un severo efecto electoral en dicho sector. Hoy, más allá de la generalizada baja que han experimentado todos los liderazgos políticos, no se entiende que la mayoría de la derecha abrace y se atrinchere en una opción que, según los sondeos, no debería obtener más de un 32% de las preferencias. Y el riesgo no es solo que la UDI y buena parte de RN, sumado al Partido Republicano y a algunos pocos exponentes de Evopoli, terminen significados en una opción de minoría; sino también la posición en la que quedarán para proponer a sus candidatos a la asamblea constitucional, si efectivamente se impone la alternativa Apruebo por el margen que se proyectan por las encuestas. Un nuevo error político de la derecha de desvincularse definitivamente de Pinochet y del autoritarismo.

Por otro lado, la emergencia de nuevos liderazgos en la centroizquierda es esencial de cara al plebiscito del 26 de abril. Tan importante como ponerse de acuerdo en los contenidos de la nueva Constitución es que surja un grupo humano amplio (paritario, de jóvenes, de la cultura e intelectuales) que se constituya en referente político social que oriente el proceso constituyente de manera de canalizar todas las energías hacia un triunfo inapelable.

Finalmente, la dispersión en que ha estado la oposición tiene que tomar un nuevo giro que permita aglutinar a todos quienes aspiran a tener una nueva Constitución, sobre todo en la coordinación de los mensajes llamando al “Apruebo” y la “Convención Constitucional”, donde se requiere unidad más que fragmentación, teniendo en cuenta el significado simbólico que resultará tener una nueva Constitución por su efecto socio-político en una dinámica de cambio estructural.