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Verdad, reconocimiento, justicia y reparación. Por la necesidad de reconstituir la memoria de la universidad pública en Chile

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El año 2004 se publicó el libro De la tortura no se habla[1] donde se agrupan textos de investigadores/as en Derechos Humanos, a propósito de la denuncia hecha por Felipe Agüero Piwonka, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Duke, quien el año 1990 reconoce, en un seminario en Santiago, entre los asistentes, a uno de los torturadores que le infligieron tormento en el Estadio Nacional el año 1973. El torturador era el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, Emilio Meneses Ciffiardi. Como lo señaló en su momento el Dr. Agüero, lo que lo impulsó a hacer la denuncia tanto tiempo después de acontecido los hechos fue la necesidad de asumir que “Él no era el criminal ni culpable de haber sobrevivido, y tampoco podía soportar el peso de la impunidad con la que su colega habitaba el apacible y prestigioso mundo universitario”.[2]


La demanda por develar estos hechos es insoslayable, por lo que es necesario que las Universidades del Estado, y las privadas que reciben aportes públicos, conformen comisiones ad-hoc que investiguen de forma seria y acuciosa estas denuncias, y otras que irán apareciendo

Desde los estudios sobre los traumas por prisión y tortura, se sabe que el tiempo para que una víctima de violencia brutal sobre su cuerpo y su subjetividad pueda dar testimonio de lo que le aconteció es muy largo, y en algunos casos el silencio puede ser permanente, si no se aseguran las mínimas condiciones para que se puedan hacer las denuncias y perseguir jurídicamente a los y las culpables. Las políticas institucionales de olvido, silenciamiento y des-memoria, aseguran la impunidad.

Expongo este hecho, porque me parece que la denuncia hecha por un grupo de ex-estudiantes de la carrera de Filosofía en la ex-sede Valparaíso de la Universidad de Chile,[3] hoy Universidad de Playa Ancha y Universidad de Valparaíso, hacia un grupo de estudiantes y académicos de la época que actuaron como delatores, de sus compañeros/as y colegas ante los servicios de inteligencia de la Armada de Chile, tiene el mismo peso que la hecha por el Dr. Agüero a inicios de la década del 2000. Esto fue relevante para la concreción de una comisión que investigase de forma oficial los casos de prisión política y tortura: “Fue así como se instaló un fuerte debate que terminó en la formación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2003)”.[4] Por ello, me parece que se hace absolutamente indispensable que ocurra algo similar con respecto a las y los delatores de sus colegas y compañeros, lo que redundó en prisión, tortura, muerte y desaparición de jóvenes que vieron canceladas sus aspiraciones y anhelos. Muchos de las y los que sobrevivieron a estos vejámenes, tuvieron que salir al exilio, los que no, padecieron la persecución y el insilio, mientras que las y los delatores fueron premiados con carreras académicas, estudios en el extranjero, inserción en las estructuras de poder de las universidades, tanto estatales como privadas, y jubilaciones que les aseguran una vejez en condiciones materiales óptimas.

La demanda por develar estos hechos es insoslayable, por lo que es necesario que las Universidades del Estado, y las privadas que reciben aportes públicos, conformen comisiones ad-hoc que investiguen de forma seria y acuciosa estas denuncias, y otras que irán apareciendo.[5] Existen las metodologías necesarias para que, a partir de los testimonios de las víctimas, y los descargos de los acusados, se puedan establecer los parámetros de objetividad y veracidad que aseguren que no ocurran “cacerías de brujas”, se respete la integridad de todas las personas involucradas, y se pueda establecer un mínimo de dignidad a los denunciantes. Esto debiera hacerse a partir de cuatro ejes: Verdad, Reconocimiento, Justicia y Reparación.

Levantamiento y organización de la información para asegurar razonablemente la Verdad de los hechos; Reconocimiento de parte de las instituciones de que esos hechos ocurrieron al interior de ellas, y de parte de los victimarios sobre su actuación en los mismos; la posibilidad de Justicia, estableciendo estándares de prueba que permitan que las y los que padecieron suplicio puedan levantar querellas, si fuese el caso; y Reparación de parte de las instituciones universitarias y del Estado a quienes vieron canceladas su formación y desarrollo profesionales.

Para que nunca más en Chile se violen impunemente los derechos de las personas y por la democratización de las Universidades Públicas de Chile.

Por Dr. Braulio Rojas Castro

 

[1] De la tortura NO se habla. Agüero versus Meneses. Patricia Verdugo (Edit.), Editorial Catalonia, Chile, 2004, 228 p.

[2] Manuel Gárate, « De la tortura NO se habla: Agüero versus Meneses. Patricia Verdugo(ED), Editorial Catalonia, Chile, 2004, 228p. », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Comptes rendus et essais historiographiques, mis en ligne le 21 mars 2005, consulté le 25 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/884 ; DOI : https://doi.org/10.4000/nuevomundo.884

[3] https://www.laizquierdadiario.cl/Cristina-Orrego-informante-de-la-dictadura-renuncio-a-Junta-Directiva-de-la-UPLA

[4] Manuel Gárate, op. cit.

[5] https://lavozdelosquesobran.cl/reprofich-la-filosofia-es-contraria-a-la-impunidad/

TAGS: #DerechosHumanos #Universidad Justicia

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